Agencias

El gobierno de Reino Unido anunció que en 2021 prohibirá a los operadores de telecomunicaciones adquirir tecnología 5G de Huawei, para garantizar la seguridad tras las sanciones aplicadas a la empresa china por Estados Unidos, y ordenó la retirada de todos los equipos del mencionado espectro de la compañía china de aquí a 2027.

En una declaración ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Cultura, Digital, Deportes y Medios de Comunicación, Oliver Dowden, dijo que toda la infraestructura aportada hasta ahora por Huawei será eliminada del territorio británico de aquí a 2027. Dowden comunicó la medida tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional -formado por algunos ministros y el abogado del Estado y presidido por el primer ministro, Boris Johnson-, que anuló otra decisión de enero que autorizaba a Huawei a acceder a partes no estratégicas de la red 5G, al considerar que suponía un riesgo "controlable" para la seguridad nacional.

El ministro explicó que las circunstancias han cambiado y el Consejo ha tomado en consideración la decisión anunciada en mayo por EEUU, inmerso en una guerra comercial con China, de restringir la venta de chips de fabricación estadounidense a la gigante asiática, lo que pone en peligro la cadena de suministro.

"Las sanciones de la primera potencia mundial limitan la capacidad de Huawei de producir productos importantes" lo que crea incertidumbre en torno a la cadena de suministro y el Reino Unido no tiene la confianza de poder garantizar la seguridad del futuro equipamiento 5G de Huawei", declaró el político conservador.

"Para ser claros, desde el final de este año, los operadores de telecomunicaciones no deben comprar ningún equipamiento de 5G de Huawei, y, cuando se apruebe la ley de seguridad en las telecomunicaciones, será ilegal hacerlo", agregó. Dowden admitió que la exclusión de la empresa china ralentizará entre dos y tres años el desarrollo de la red de alta velocidad en este país y aumentará el costo en unos 2.500 millones de dólares.

En los últimos días, los principales operadores británicos, entre ellos Vodafone y BT, ya han advertido que la eliminación de los equipos de Huawei de las redes del Reino Unido costará miles de millones de dólares y puede provocar cortes de señal. Los directivos de estas empresas señalan que, para evitar grandes trastornos económicos y de servicio, necesitarán al menos cinco años para acometer el proceso de "eliminación total".

Defensa de huawei

El gobierno británico tomó la decisión tras recibir constantes presiones de Estados Unidos, que sostiene que los tratos con Huawei exponen a los países a espionaje y sabotaje por parte del Estado chino, lo que Pekín niega. En una reciente sesión parlamentaria en Londres, el vicepresidente de Huawei, Victor Zhang, defendió la reputación en materia de seguridad de la compañía y rechazó que esté obligada a acatar órdenes del Gobierno de Pekín, al tiempo que garantizó regirse por la legislación británica.

La decisión anunciada por el ejecutivo de Johnson tensará aún más las relaciones con China, que están bajo presión después de que Londres criticó la nueva legislación de seguridad nacional que Pekín aplicará sobre la excolonia británica de Hong Kong, momento en que Johnson ofreció a unos tres millones de hongkoneses la posibilidad de permisos de residencia y obtención de la nacionalidad británica, mientras que China acusó interferencia.

El gobierno de Donald Trump ordenó a los hospitales que pasen por alto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. y desde ahora envíen los datos de la pandemia del coronavirus en el país directo a Washington, detalló el diario New York Times.

A partir de hoy deben enviar toda la información de pacientes con coronavirus a una base de datos central, una medida que ha alarmado a los expertos en salud pública que temen que los datos se distorsionen para obtener ganancias políticas .

Las nuevas instrucciones están contenidas en un documento que ha pasado desapercibido publicado esta semana en el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). De ahora en adelante, el HHS, y no los CDC, recopilará informes diarios sobre los pacientes que cada hospital está tratando, cuántas camas y ventiladores hay disponibles y otras informaciones vitales para rastrear la pandemia.

Las autoridades dicen que el cambio agilizará la recopilación de datos y ayudará al grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca a asignar suministros escasos. Algunos funcionarios de los hospitales acogen con beneplácito la medida, diciendo que los relevará de responder a las solicitudes de múltiples agencias federales, aunque otros dijeron que los CDC deberían estar recopilando los datos. "El CDC es la agencia adecuada para estar a la vanguardia de la recopilación de datos", dijo el doctor Bala Hota, director de análisis del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago.

Los expertos en salud pública han expresado durante mucho tiempo su preocupación de que la administración está politizando la ciencia y minando los centros de control de enfermedades.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer llevó a cabo la primera ejecución de un convicto por delitos federales en 17 años, apenas seis horas después que el Tribunal Supremo anulara la objeción de una jueza al procedimiento usado en la aplicación de la pena capital.

"Ley y orden", escribió Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter poco después de que se conociera la decisión del Tribunal Supremo de dar vía libre a las ejecuciones. Las autoridades en la prisión federal de Terre Haute (Indiana) ejecutaron a Daniel Lewis Lee, un exsupremacista blanco condenado en 1999 por la tortura y asesinato en 1996 de los tres miembros de una familia, cuyos cuerpos arrojó a un lago en Arkansas. "He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino", dijo Lee en su declaración final. "Están matando a un hombre inocente", agregó.

En respuesta a la apelación de cuatro condenados a muerte, la jueza federal de Washington, Tanya Chutkan, había emitido el lunes un dictamen indicando que el nuevo protocolo para la ejecución de la pena capital probablemente viola la Octava Enmienda de la Constitución. Dicha enmienda establece que a los presos no se les puede someter a "castigos crueles o inusitados". La magistrada aseguró en su fallo que había pruebas suficientes de que el fármaco letal empleado en la ejecución, el pentobarbital, "produce sensaciones de ahogamiento y asfixia" y causa "dolor extremo, terror y pánico". Los tribunales estadounidenses habían puesto bajo revisión el nuevo protocolo para las ejecuciones federales, en las que ahora se debe emplear solamente el pentobarbital, en lugar de la combinación de varios fármacos que se usaba antes, y que ha dado problemas y provocado macabros episodios de intentos fallidos.

Esta era la segunda vez que la magistrada de la capital estadounidense emitía un fallo sobre el asunto, después de que en noviembre pasado rechazara ya las ejecuciones por este procedimiento, una decisión que posteriormente fue revocada por un tribunal de apelaciones. El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo se había negado a bloquear la ejecución de cuatro presos de cárceles federales que están programadas para este mes y para agosto, la primera de ellas la de Daniel Lewis Lee.

El fiscal general de EE.UU., William Barr, ordenó el año pasado la reanudación del programa de ejecuciones. La última ejecución fue en 2003 y quedan 61 presos condenados a la pena capital.