El anuncio de cierre para el próximo 20 de julio del tradicional restaurante "Diego Pizza" de la avenida San Martín ("Un clásico de Viña del Mar", como reza la leyenda en su entrada), ya no parece novedad en la dinámica propia de los últimas semanas que pareciera condenar al hundimiento total al rubro gastronómico en la Ciudad Jardín y el vecino Valparaíso.

De acuerdo con sus administradores, y después de cuarenta años de historia, el local ya no cuenta con espaldas para hacer frente a la mantención del local, el pago de los servicios básicos y los sueldos de sus cincuenta empleados, más aún luego de las temibles consecuencias de los desórdenes sociales que golpearon a la ciudad desde octubre del año pasado y por las cuales se vieron afectados todos los restaurantes y locales nocturno del eje San Martín, incluyendo el Casino Enjoy, otro clásico enclave que hoy lucha por subsistir por medio de una reorganización judicial contemplada por la ley.

Lamentablemente, el sistema de delivery y reparto a domicilio no es suficiente para mantener locales de estas características y menos para sobrellevar una crisis que aún pareciera tener mucho camino por recorrer y cuyo regreso a la normalidad y las costumbre sociales de antaño asoman también como demasiado lejanas.

La Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar da cuenta de que la actual crisis es incluso superior a la del año 1982, con proyecciones que hablan de hasta el 70% de los locales cerrados debido a restricciones en el acceso a préstamos bancarios y fondos estatales que dejan fuera a buena parte de sus postulantes.

La hora del default ha llegado de forma decidida a la Ciudad Jardín y a toda aquella antigua cadena virtuosa que daba empleo a miles de personas. Es cierto: no es el Gobierno el culpable de la pandemia del coronavirus, pero sí deben buscarse fórmulas a través del Consejo Regional y el gobierno local para ir en auxilio de una ciudad orientada hacia el descanso y la entretención, ad portas de un segundo semestre que se anticipa tanto o más duro que el inicial, aun cuando ciertas optimistas proyecciones permiten vislumbrar reaperturas graduales a partir del próximo mes de agosto.

¿En qué terminará todo esto? Quién sabe. Desde ya la ya citada Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar ha amenazado en el pasado reciente con demandar al Estado por su "inacción" durante el estallido social y las, a su juicio, inconvenientes y arbitrarias medidas sanitarias tomadas en la pandemia. ¿Volverán a tocar esa tecla?

Esta película es de terror. Un mundo sumido en una crisis sanitaria sólo conocida a través de los libros de historia y una recesión que no se veía desde la gran depresión de los años treinta y, aun así, algunos políticos pretenden amplificarla y proyectarla en el tiempo, con decisiones populistas e irresponsables que sólo perjudicarán a quienes, se dice, se busca favorecer. No es posible, bajo ningún argumento racional, establecer que la votación que aprobó la Cámara de Diputados en días recientes, esto es, la posibilidad de retirar el 10% de los ahorros individuales para las pensiones de los chilenos, sea la solución adecuada para ayudar a las familias de clase media que más lo necesitan.

Tal cual lo han señalado destacados economistas y académicos, los problemas transitorios se resuelven con medidas transitorias y los problemas permanentes con medidas permanentes. No hace sentido alguno que, para resolver las urgencias y dolores que se viven como consecuencia de esta pandemia transitoria, se haga uso de nuestros ahorros individuales, cuyo destino es financiar las necesidades que tendremos cuando sea más difícil generar ingresos propios o al momento de descansar luego de una vida de esfuerzos y sacrificios.

Nadie puede desconocer los enormes efectos que esta pandemia está teniendo sobre las personas, especialmente en aquellas mas vulnerables. Precisamente por eso es que, con un gigantesco esfuerzo fiscal, se han implementado numerosos planes de ayuda y están en discusión diversas propuestas que buscan apoyar a todos los sectores que lo necesitan. Seguramente se requiere de mayores esfuerzos para sectores de la sociedad que quedan sin apoyar o donde la ayuda ha sido insuficiente, pero proponer una solución que tendrá como consecuencia agravar el problema de las malas pensiones, decisión de la que todos nos arrepentiremos al momento de jubilar, sólo puede encontrar explicación en intereses mezquinos con afán populista o claro trasfondo ideológico.

Con todo respeto, quiero solicitar a los políticos en general y a los díscolos de la coalición gobernante en particular, una mayor reflexión y racionalidad a la hora de apoyar con su voto iniciativas que comprometen la calidad de vida futura de las personas, como resulta ser esta, que abre la caja fuerte que custodia los recursos destinados a las pensiones.

Como gremio que representa a muchas empresas de distintos tamaños, de todos los sectores de nuestro territorio y economía regional, esperamos que, por el bien de los trabajadores y sus familias, de los emprendedores y pequeños empresarios, de los comerciantes y profesionales y, en general, por el bien de todos los que están ahorrando para su futuro previsional, que este proyecto de ley se vote en contra en las instancias que faltan en su periplo legislativo y que, a cambio, se acuerden e implementen, medidas que realmente ayuden a las personas y familias que lo necesitan, pero reiteramos, sin afectar la calidad de vida de las personas en su vejez.

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