Claudio Ramírez

La mención a los accesos al puerto que hizo el comité de ministros al responder los recursos de reclamación a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de expansión del Terminal Dos de Valparaíso, generó diversas reacciones respecto a lo que esto puede significar para la iniciativa.

Y es que el mejoramiento de la accesibilidad a los terminales porteños fue abordado por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) en otro proyecto que está inserto en su propio proceso de evaluación ambiental. "Es necesario que se zanje la Resolución de Calificación Ambiental del T2 y también lo del tema de la vialidad", comentó el gerente general de la Asociación Nacional de Armadores (ANA), Ricardo Tejada.

"Tienen que estar solucionados los temas y hacer el esfuerzo por sacar adelante este proyecto que ya lleva muchos años en tramitación y por temas muy puntuales no ha podido seguir avanzando (...) Acá estamos hablando de muchos millones de dólares en inversión. Entonces como está el escenario hoy y con todas las dificultades que existen, no puede haber para el que pretende adjudicarse la licitación del terminal ninguna clase de incertidumbre. De lo contrario nadie se va a interesar, no va a haber oferentes", agregó el ejecutivo, enfatizando que se requiere una certidumbre.

"Que se agoten todas las instancias y no haya ninguna posibilidad de apelación a la RCA, y que no sea judicializable", subrayó Tejada apuntando a que se debe contar con un documento a firme.

Para el secretario ejecutivo de Consejo Regional Logístico (Corelog), Javier León, el tema de los accesos implica una dificultad añadida que no es menor. "Se ha hablado mucho del tema de los accesos y en este caso hay un proyecto paralelo al T2, que quizás debió venir en conjunto porque esa iniciativa también está sujeta a una evaluación ambiental que puede ser difícil y, de hecho, ya existen indicios en las observaciones que se le realizaron a la Adenda, relativo principalmente a la parte patrimonial y al tema turístico", comentó el expresidente de la Cámara Aduanera, quien reparó además en la necesidad de contar con un amplio consenso para seguir avanzando.

"El problema es que no ha habido una reunión de toda la gente que está involucrada en el tema portuario (...) hay que ver en conjunto la ciudad porque de lo contrario vamos a estar en una guerrilla de trinchera entre quienes defienden la parte turística y la actividad portuaria", agregó León, quien remarca que en esa mesa deben estar todos los actores relacionados, desde el intendente hasta, incluso, los opositores al proyecto. "Mientras no nos pongamos de acuerdo no sacamos nada con enviar proyectos porque no van a poder llevarse a efecto y van a terminar, como generalmente ha ocurrido, en los tribunales".

Plan b

Desde el gobierno regional, el consejero Manuel Millones manifestó que se requiere avanzar en un proyecto alternativo.

"El T2 lo sepultó el mismo gobierno y la apuesta del ministerio de Transportes en materia de expansión portuaria que siempre fue San Antonio y hoy están las consecuencias de esa falta de apoyo y compromiso con la ciudad de Valparaíso. Ahora, este revés para el desarrollo portuario, obliga a tener un Plan B y en tal sentido hay que dar todo el apoyo para que la empresa portuaria construya un acuerdo con la ciudadanía y nos entregue un proyecto que concilie los aspectos patrimoniales y los del interés portuario, de modo de facilitar la ejecución y no tener tropiezos", remarcó el core.

"Estoy seguro que la EPV entregará un propuesta a la ciudad dónde todos estarán invitados a construir un nuevo puerto y éste debe quedar encaminado bajo la actual administración", cerró.

"No puede haber para el que pretende adjudicarse la licitación del terminal ninguna clase de incertidumbre".

Ricardo Tejada, Gerente general ANA

"Mientras no nos pongamos de acuerdo no sacamos nada con enviar proyectos porque no van a poder llevarse a efecto".

Javier León, Secretario ejecutivo Corelog

Una tensa situación, que incluso obligó a la intervención de personal de la Armada y Carabineros, se produjo ayer en una de las oficinas de Chile Atiende ubicada en el centro de Viña del Mar.

El problema surgió cuando un centenar de personas se agolpó en las oficinas para tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Debido a que el local está en comuna con cuarentena no abre todos los días y lo atiende un número acotado de funcionarios. Precisamente uno de estos últimos sufrió un intento de agresión debido a la indignación de las personas que esperaban ser atendidas.

Sobre el incidente, el director regional del IPS ChileAtiende, Marcial Fernández, lamentó la situación y explicó que lo ocurrido se debió a un altercado puntual producto de la impaciencia natural que provoca la crisis sanitaria y las medidas preventivas adoptadas.

En ese sentido, Fernández explicó que la gestión de filas ha sido clave para enfrentar los meses de crisis, pues permite atender y derivar y pidió acudir a la sucursal sólo si es absolutamente imprescindible".

En Valparaíso nos estamos acostumbrando cada vez más a ser espectadores de la violencia. El reciente apagón ocurrido en varios cerros de la ciudad es un hecho que a pocos les sorprende, principalmente porque, como dicen algunos vecinos, "estaban haciendo barricadas". Pues claro, quienes vivimos en los cerros porteños observamos con desdén que, aun estando en cuarentena, las barricadas siguen ocurriendo con regularidad.

Y es que los problemas no cesan. En esta ocasión, estos actos parecen ocurrir ante la insatisfacción por la entrega de las cajas de alimentos del gobierno. Antes de ello ocurrían porque no había medidas para proteger a las personas ante la crisis económica. Previo a ello, el motivo parecía ser la inseguridad social, y así, sucesivamente, vemos una serie de causas cuyo mecanismo de acción no es simplemente una barricada, sino un acto de violencia e irracionalidad. Porque si bien los problemas a los que nos enfrentamos son ciertamente válidos, parece ser que estamos cada vez más acostumbrados a ver la violencia como un mecanismo legítimo de presión.

Puede ser iluminador recordar que Valparaíso fue una de las ciudades más afectadas con el estallido social. Vimos como todas las semanas había barricadas y desmanes en la subida Ecuador y en otros sectores del Puerto, logrando deprimir el comercio local, destruir el patrimonio y deteriorar la convivencia. Ciertamente, fue un nivel de violencia difícil de controlar, principalmente porque fue un tipo de protesta más compleja, en la que ya no se salía a la calle para poder negociar, sino para expresar la rabia. Junto con esta presión callejera se llevaron a cabo una serie de promesas legislativas que intentaron aplacar estas agresiones. Y con esto, dejamos que la violencia lograra entrar en la convivencia democrática.

Luego llegó la pandemia y con ello una "calma relativa". O quizás no tanto, porque en Valparaíso seguimos siendo testigos de estos actos. Desde hace unas semanas hemos vuelto a ver barricadas en los cerros, hurto de cajas de alimentos y protestas, que pocas novedades nos traen, porque en la Ciudad Puerto no sólo está instalada la imagen de la violencia como parte del ideario colectivo, sino que parece ser que pasó a ser casi una condición sine qua non, una expresión de resentimiento que pone en riesgo nuestra convivencia democrática, porque acostumbrarse a ver estos actos de coacción ha terminado por relativizar el peligro inminente que contraen. ¿Cuál es el límite de la violencia para coaccionar medidas políticas? Y si tomamos en cuenta la votación que ocurrirá esta semana en el Congreso, ¿qué ocurrirá si se rechaza el proyecto para retirar los fondos de las AFP? ¿Veremos nuevamente las calles de Valparaíso en fuego?

Francesca Zaffiri Suzarte