Su total apoyo a los funcionarios, tanto municipales como de empresas contratistas que realizan labores de aseo y limpieza en la ciudad, expresó la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, a raíz de los insultos y amenazas que sufrieron dos de ellos por parte del exconcejal Tito Livio Moggia. Por ello, informó que el municipio se sumará a las acciones legales que interpondrán los afectados y la empresa contratista.

Ayer la jefa comunal se contactó de manera remota con los trabajadores Giancarlo Marín y Randal Cancino, a quienes les manifestó su apoyo ante el mal rato vivido. Recalcó que son situaciones inaceptables, especialmente en esta época de pandemia, en que el personal de aseo realiza una labor crucial para el mantenimiento de la ciudad.

"He tenido contacto con los dos funcionarios, quienes se encuentran muy afectados por la situación. Ellos y la empresa contratista a la que pertenecen han decidido interponer acciones legales y nosotros, como municipalidad, a través del Departamento de Asesoría Jurídica, nos haremos parte. Ellos merecen todo el apoyo y esperamos que nunca más vuelvan a ocurrir hechos como estos", expresó la alcaldesa.

El trabajador y chofer del camión, Randal Cancino, manifestó por su parte que "yo quiero esta ciudad, me encanta verla limpia y tratamos de hacer lo mejor posible, por lo que recibir estos tratos de parte de gente que no sabe apreciar lo que hacemos día a día es denigrante y no puede quedar impune, por eso deben ser castigados. Nosotros diariamente estamos expuestos a contagiarnos con una enfermedad como el coronavirus y llevarla a nuestros hogares. Recibir estos tratos de personas que no nos valoran, para quienes somos una molestia, que somos unos rotos, no puede quedar así", subrayó.

Reconocen labor

Desde la empresa Cosemar, su gerente general, Matías Camacho Ives, entregó su total respaldo a los recolectores de basura afectados. "Cosemar se ve en la obligación de manifestar su más absoluto rechazo a lo sucedido, ya que bajo circunstancia alguna se justifica que alguien, independiente del cargo que ostente, ofenda o amenace a un colaborador nuestro que, en este caso, sólo se encontraba realizando sus labores de manera respetuosa y responsable", sostuvo el ejecutivo.

Si bien valoró que la exautoridad comunal haya ofrecido disculpas públicas por los insultos pronunciados, recalcó que "manifestamos la necesidad de que hechos como estos no vuelvan a repetirse en nuestro país".

Por último, Cosemar hizo "un reconocimiento a todos nuestros colaboradores, quienes en esta pandemia han trabajado incansablemente para mantener limpias las diferentes ciudades de nuestro país, para lo cual han sido provistos de todos los implementos que les permitan desarrollar su labor cumpliendo estrictas medidas de seguridad, según los protocolos exigidos por la autoridad sanitaria".

"Manifestamos la necesidad de que hechos como estos no vuelvan a repetirse en nuestro país".

Matías Camacho Ives, Gerente general de Cosemar

A través del subsecretario Álvaro Pillado y de la seremi Rosario Pérez, el Ministerio de Bienes Nacionales oficializó mediante concesión de uso gratuito el traspaso a la Defensoría Penal Pública de un inmueble que ocupó la PDI en la calle Simón Bolívar, en Forestal Bajo. El recinto, que estaba abandonado desde el terremoto de 2010, fue parte de una gestión que todos los años hace el ministerio con los inmuebles fiscales que no están siendo bien utilizados. "La operación rescate que iniciamos al principio del Gobierno del Presidente Piñera nos ha permitido recuperar este inmueble fiscal y entregárselo a una institución para que sea de utilidad", señaló Pillado, mientras que la seremi Pérez agregó que la cesión pone término a "un foco de problemas sanitarios y de seguridad para los vecinos del sector de Forestal Bajo".