Paradojas tras las tomas de terrenos
Estudio revela que mientras aumentan las ocupaciones ilegales, existen predios estatales que podrían acoger viviendas sociales. El trabajo alerta sobre "muchos sitios con cierres pero sin casas, lo que es una señal preocupante ya que podría tratarse de 'loteos brujos' que no necesariamente responden a necesidades de grupos vulnerables".
Las tomas de terrenos y el crecimiento en cantidad y superficie de los campamentos deja a la vista una realidad que va más allá a la conocida crisis habitacional. Un revelador estudio de Atisba Monitor denominado "Campamentos v/s sitios eriazos. La paradoja del Gran Valparaíso", dirigido por el arquitecto Iván Poduje, muestra situaciones que exigen acción de la autoridad.
Los campamentos en el área metropolitana de Valparaíso han crecido un 37%. El aumento cobra mayor fuerza en los últimos tiempos en Quilpué y Villa Alemana, pero, a la vez, crecen campamentos existentes como el Manuel Bustos de Viña del Mar, que aumentó un 11% extendiéndose sobre un predio privado. Un 54% de alza muestra el sector Santa Julia.
Pero junto al reconocimiento de una necesidad, el estudio denuncia la existencia de "muchos sitios con cierres pero sin casas, señal preocupante ya que podría tratarse de 'loteos brujos' que no necesariamente responden a necesidades de grupos vulnerables, sino que a tomas que son intervenidas por grupos organizados y luego vendidos a terceras personas". Hay en esas delimitaciones de terrenos trabajo profesional de levantamiento, movimiento de tierra y demarcaciones. Ello supone inversión considerable y rentable.
Indica el trabajo que podrían estar operando bandas criminales para vender los terrenos a bajo costo. Los trazados de calle, se informa, están diseñados para la circulación de autos "y eso habla de que es gente que tiene algún recurso, no es tan vulnerable".
Y entrando en terreno criminal, no se puede olvidar el homicidio del empresario Alejandro Correa, propietario de terrenos amagados por toma, quien había sido amenazado y terminó ultimado por un sicario.
En cuanto a Valparaíso, el estudio da cuenta de asentamientos irregulares en terrenos inadecuados con quebradas o riesgo de incendio.
Frente a esta realidad en que a la necesidad habitacional se agrega lo delictual, el estudio de Atisba Monitor señala que "por otro lado vemos que el Fisco, el Serviu tiene sus terrenos botados y la gente no tiene casa". Precisa que "el Estado de Chile, incluyendo municipios, Fuerzas Armadas y Carabineros tiene 433 hectáreas urbanas en el Gran Valparaíso". Concluye Poduje en que "hay que usar el suelo fiscal para destinarlo a la gente sin casa, con prioridad en Serviu y evitar que campamentos se vuelvan a localizar en zonas de riesgo de Valparaíso".
Numerosas son las luces rojas que se encienden en esta materia con un trasfondo humano que debe ser atendido y que no acepta explotaciones informales como las denunciadas. La receta está en usar los terrenos existentes y acelerar los mecanismos de financiamiento de viviendas sociales dignas evitando la burocracia que estimula la irregularidad.