Redacción

Mañana, a las 9 horas, comenzará el proceso de solicitud del retiro del 10% del ahorro previsional de las AFP y las instituciones ultiman detalles para su puesta en marcha, mientras que ayer volvieron a verse largas filas fuera de las sucursales de varias administradoras.

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, dijo a radio ADN que, desde el 3 de agosto, el proceso se realizará también de forma presencial. En tal sentido, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, indicó en radio Cooperativa que en los próximos días las AFP anunciarán los lugares donde el trámite se podrá hacer de modo presencial.

Formulario

La superintendencia ordenó que las AFP deben disponer de un formato único de solicitud, que deberá contener la misma información para todos los afiliados y beneficiarios, y entregar los mismos mensajes.

La información que deberán pedir a los afiliados y beneficiarios es: número de cédula de identidad y su serie o número de documento, domicilio completo (opcional), teléfono y correo electrónico, y la modalidad de pago requerida. También deben dar las respectivas instrucciones de llenado.

El solicitante podrá seleccionar una de estas formas de pago: transferencia a la cuenta de ahorro voluntario (Cuenta 2) en la AFP donde hace el retiro (si no posee una, se creará una automáticamente), depósito en una cuenta bancaria o de instituciones financieras, incluyendo cooperativas de ahorro y crédito, y cuentas de provisión de fondos en cajas de compensación. En todos los casos, el solicitante deberá informar el número de cuenta, tipo de cuenta y nombre de la entidad. El afiliado también puede optar por un vale vista.

Mensaje

Una vez elegida la cuenta en la que se hará el depósito, la AFP deberá desplegar un mensaje que señale claramente que no se autoriza el depósito en cuentas bipersonales (con más de un titular) ni en cuentas digitales con procesos de apertura no presenciales, con el fin de evitar el rechazo de la solicitud.

La Asociación de Bancos llamó a los clientes que opten por el retiro del 10% "a privilegiar los depósitos en cuentas bancarias y a utilizar los canales digitales disponibles". El presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, expuso que "casi 7 millones de personas van a pedir que se les devuelva el 10% en una cuenta RUT y como banco nos estamos preparando para hacerlo de la manera más fácil posible".

La Sala del Senado rechazó el veto ingresado por el Presidente Sebastián Piñera al proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos -como electricidad, agua potable y gas de red- durante la emergencia sanitaria y económica por el coronavirus. Los senadores aprobaron el informe de su comisión de Economía, con 28 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones.

Sin embargo, en una votación inmediatamente posterior, aprobó en forma parcial la insistencia de la ley despachada por el Congreso el 11 de junio. No se alcanzó el quórum de dos tercios necesarios para que finalmente se pudiera despachar la iniciativa original en forma íntegra, lo cual significa que la ley será materializada sin contener los elementos vetados por el Ejecutivo.

El veto buscaba, en lo medular, limitar la cantidad de metros cúbicos de agua que serían objeto de prórroga -para cuidar el recurso en el contexto de la sequía-, eliminar todo lo relativo a los servicios de telecomunicaciones y que los costos que la implementación de la ley irrogue para las empresas y cooperativas en ningún caso sean traspasados a los clientes finales. Respecto de los servicios de telecomunicaciones, no tuvo quórum suficiente el artículo que aseguraba la gratuidad de la conexión a Internet para los estudiantes de los grupos de menores ingresos del país, con lo que quedó fuera. También fracasó el artículo que buscaba prohibir que las empresas, en futuros procesos tarifarios, consideren esta ley para subir las cuentas.

"Esto es particularmente grave, genera un precedente en las relaciones entre el Gobierno y el Congreso (...) El propio Gobierno ofreció un acuerdo" en orden a "garantizar" el acceso a internet, dijo la senadora Yasna Provoste (DC), quien reprochó que incluso la ministra Gloria Hutt se involucró en lograr la gratuidad del servicio para quienes lo necesitan. Esto "deja en entredicho y muy mal pie a la propia ministra Hutt como interlocutora".

Según el Gobierno, se buscaba también remediar eventuales problemas legales que implica la ley. Además, argumentó que se trata de un proyecto innecesario, pues en la actualidad opera un acuerdo de palabra con las empresas de servicios básicos para que a ningún cliente se le corte el suministro de estos debido a una mora en el pago.

De la población penal femenina, el 89% tiene hijas o hijos, 75% no ha completado su educación escolar formal y 53% está condenada por Ley de Drogas, según datos obtenidos por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad (CJS) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el apoyo de Fundación San Carlos de Maipo y Fundación Colunga.

El programa "Aprende, Innova, Emprende", desarrollado por el CJS junto a "Construyendo mis Sueños" y Fosis, que se llevó a cabo entre enero y abril de este año, buscó entregarle herramientas a 13 mujeres exprivadas de libertad de la Región Metropolitana, con el fin de que montaran un emprendimiento y entregándoles una alternativa laboral en su proceso de reinserción social.

Para las mujeres que ya cumplieron o se encuentran cumpliendo la condena penal asociada a su delito, el escenario fuera de la cárcel resulta muy difícil. Deben esforzarse por recomponer sus lazos familiares, retomar labores de crianza y de cuidado y buscar una manera de generar ingresos, todo esto cargando con el estigma de los antecedentes penales y la culpa subsecuente que supone haber estado privada de libertad.

En este sentido, ofrecer capacitación e insumos para montar un negocio independiente resulta una alternativa, pues además de paliar las necesidades materiales que enfrentan estas mujeres, fomenta la autonomía económica y una narrativa de cambio en cada una de ellas.

Pero ¿qué entendemos por trabajo? Desde una perspectiva feminista, el trabajo no se restringe únicamente a las labores, sino que involucra también labores domésticas y de cuidado, las cuales no son remuneradas ni consideradas como parte de la economía, pese a ser sustanciales para que una sociedad exista y se desarrolle. Entendiendo esto y considerando que a la semana las mujeres dedican en promedio 41,25 horas a labores no remuneradas, resulta importante problematizar cómo se sitúa el emprendimiento en la lógica actual, pues si bien permite compatibilizar el empleo con el resto de labores que desempeñan las mujeres, ello podría ir en desmedro del tiempo disponible para actividades básicas de autocuidado, descanso y ocio. Además, el desempeñarse en un empleo independiente no asegura necesariamente que se cumplan condiciones laborales de protección mínima.

Es relevante recordar que las mujeres para insertarse social y laboralmente requieren un trabajo que permita una adecuada vinculación con personas significativas y prosociales, así como también con redes de apoyo institucionales. A pesar de que el emprendimiento no pueda asegurar estabilidad económica ni protección laboral como merecen estas mujeres, sí es uno de los mecanismos posibles para poder reinsertarse, mejorar su autoestima y avanzar en su proceso de desistimiento al delito.

"Para las mujeres que ya cumplieron o se encuentran cumpliendo la condena penal asociada a su delito, el escenario fuera de la cárcel resulta muy difícil".