Diputados de varias bancadas apoyarán la acusación contra la magistrada Silvana Donoso
CONGRESO. Este jueves presentarán el libelo constitucional contra la jueza que presidía comisión que liberó a Hugo Bustamante.
Diputados de distintas bancadas políticas se adhirieron oficialmente a la presentación de la acusación constitucional impulsada por el diputado Andrés Longton contra la jueza que otorgó la libertad condicional al único imputado por la violación y muerte de la menor Ámbar Cornejo, libelo que será presentado este jueves argumentando un notable abandono de deberes por parte de la magistrado Silvana Donoso, quien presidía la comisión que dejó en libertad a Hugo Bustamante pese a haber sido condenado por dos homicidios previos y a un in forme negativo por parte de Gendarmería.
El impulsor de la iniciativa, Andrés Longton (RN), anunció que será ingresada este jueves y contará con firmas de RN, Evópoli, UDI, DC, PS y PPD y se quiere mostrar, entre otras cosas, que la conducta de la jueza era habitual, garantista frente a condenados por delitos graves.
En ese sentido, Longton explicó que "el principal argumento tiene que ver con manejarse en forma reiterada y constante de forma arbitraria, y aplicar torcidamente la ley, es decir, claramente la jueza ha aplicado de forma arbitraria el contenido de una ley que tiene la finalidad de soltar a aquellos que están rehabilitados y reinsertados, y en ese sentido, la jueza de forma deliberada ha omitido el informe negativo de Gendarmería no sólo respecto de Hugo Bustamante, que es el caso emblemático, sino en más de 500 casos de reos peligrosos para la sociedad".
Abandono de deberes
En esa línea, recordó que recientemente Donoso fue la única de tres jueces en votar a favor de liberar a Luis Carrasco Tapia, condenado por la violación con homicidio de Viviana Montenegro, de 17 años, en 1998. Bajo ese contexto, el legislador indicó que "cuando tú tienes una aplicación torcida de la ley, de forma reiterada además, se configura la causal de notable abandono de deberes, y en este caso es lo que nos habilita a nosotros para acusar constitucionalmente a esta jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso".
Por su parte, el diputado Marcelo Schilling (PS) señaló que "Andrés Longton sabe que yo tengo apertura a considerar su iniciativa de la acusación constitucional, pero quiero conocer exactamente los términos, porque este episodio final, por decirlo así, viene precedido de montones de decisiones erróneas", entre las cuales recordó la ley impulsada en el primer Gobierno de Piñera que suprimió la facultad que tenían los seremis de Justicia para objetar las libertades condicionales decretadas por los jueces.
Es por eso que Schilling quiere saber primero "si hay algo en particular contra la señora Donoso, entonces si bien tengo apertura a considerar la cuestión, no estoy dispuesto a suscribir cualquier acusación constitucional".
Consultado al respecto, Longton explicó que la acusación constitucional "va contra ella porque, primero, ella es la presidenta, por lo tanto, tiene la principal responsabilidad. Y en segundo lugar, a los otros integrantes de la Comisión de Libertad Condicional no podemos acusarlos constitucionalmente, no tenemos las facultades para ello, ya que nosotros solamente podemos acusar a los jueces de los tribunales superiores de justicia, es decir, Corte de Apelaciones y Corte Suprema, de modo que aunque quisiéramos, no podemos ir contra los demás, ya que son jueces de tribunales de primera instancia".
"hay antecedentes"
Por su parte, el diputado Pablo Kast (Evópoli) adelantó que "como bancada apoyaremos la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, porque creemos que hay antecedentes suficientes para considerar un notable abandono de deberes en su actuación y no tener la debida diligencia al momento de analizar toda la documentación que acompañaba el caso de Hugo Bustamante".
Añadió que "si bien los informes de Gendarmería no eran vinculantes, debían ser considerados por la comisión, pues señalaban que podría haber sido un peligro para la sociedad y la evidencia actual comprueba que lo fue".
Si bien su par de RN, Luis Pardo, precisó que "la decisión de la jueza Silvana Donoso en esta y otras causas ha sido profundamente equivocada e irresponsable", aclaró que "por los antecedentes que hasta ahora tenemos a la vista, su decisión se trata de una determinación judicial; por lo mismo, no procede una acusación constitucional que cuestione este tipo de decisiones, por muy repudiable que sea. En este sentido, creo que lo que se debe hacer es corregir el sistema de manera estructural".
En tanto, la diputada Camila Rojas (Comunes) advirtió que "la definición del voto la tomaremos una vez que tengamos los antecedentes de la acusación; sin embargo, me parece que esta acción contra la jueza Silvana Donoso no soluciona ninguno de los problemas estructurales de las violencias que sufren las niñas y las mujeres en nuestra sociedad y, peor aún, desvía la atención de lo relevante y urgente".
La legisladora supone "que no hay una mala intención de parte de quienes la han empujado, pero si queremos avanzar y evitar que se sigan sumando víctimas de la violencia machista, particularmente desde el ámbito legislativo, deberíamos poner los esfuerzos en sacar adelante la ley que asegura el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley de garantías de la niñez que, incomprensiblemente, están a la espera de la voluntad del Senado y el veto del Gobierno, respectivamente".
A su vez, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) planteó que "el único contrapeso que puede tener un juez que comete prevaricación o falta de criterio jurídico ante un fallo, o en este caso ante una medida de carácter administrativo, es la Cámara de Diputados y el Senado. No hay otra. Si no, los jueces podrían transformarme en un poder infalible, en que deberíamos todos nosotros acatar los fallos independiente de si se aplicó bien o no la ley, o se utilizó el criterio jurídico para poder fallar".
Cambio de criterio
Urrutia recordó que "en este caso, el Decreto Ley 321 data de 1925, y durante 91 años, todos los ministros de corte aplicaron un criterio jurídico similar, escuchando el informe disciplinario de Gendarmería (...). No obstante, en 2016, cuando asume esta ministra y por primera vez le toca ser presidenta de la comisión de libertades condicionales, no lo aplica y lo desecha, porque no lo considera vinculante. Y deja en libertad a 588 reos, algunos asesinos y violadores, donde la mayoría, además, reincidió. No se olviden que a las 24 horas de haberlos dejado en libertad, en un restaurante en Valparaíso uno de estos criminales mató a otra persona en una riña menor".
En tanto, el diputado Daniel Verdessi (DC) aseguró que "hay un movimiento por parte de la oposición en proteger a la ministra por su defensa a los derechos humanos. Lo que yo veo es que hoy hay que defender los derechos de las víctimas, los cuales han sido postergados y conculcados".
Finalmente, la diputada Camila Flores (RN) adelantó que "votaré para que se acuse constitucionalmente a la ministra de la Corte de Valparaíso, Silvana Donoso, por su grave falta de criterio al dejar en libertad condicional a Hugo Bustamante Pérez, principal imputado en el femicidio de la adolescente Ámbar Cornejo, cuyos lapidarios antecedentes psicosociales entregados por Gendarmería a raíz de su doble homicidio en 2005 fueron irresponsablemente ignorados".
Para Flores "no basta con argumentar que la jueza actuó bajo el imperio de una ley que permitió el acceso a beneficios como estos. La negligencia también debería medirse por decisiones cautelosas que pueden prevenir delitos de violencia extrema hacia las mujeres y menores de edad".
"A los otros integrantes de la Com. de Libertad Condicional no podemos acusarlos constitucionalmente, no tenemos facultad".
Andrés Longton, Diputado (RN)
"Si bien tengo apertura a considerar la cuestión, no estoy dispuesto a suscribir cualquier acusación constitucional".
Marcelo Schilling, Diuputado (PS)
"Esta acción contra la jueza Silvana Donoso no soluciona los problemas estructurales de la violencia que sufren niñas y mujeres".
Camila Rojas, Diputada (Comunes)
50% más uno es la cantidad de votos que se requiere en la Sala de la Cámara de Diputados para aprobar el libelo.