Rectores rechazan fórmula de Mineduc para calcular nuevos aranceles y alertan de impacto
EDUCACIÓN. Plantean que, de aprobarse el mecanismo, se verán en riesgo varios servicios que prestan a la comunidad y la viabilidad económica de los planteles.
Un rechazo transversal provocó entre los rectores de las universidades regionales el sistema desarrollado por el Ministerio de Educación para calcular los nuevos aranceles que regirán en la educación superior chilena a partir del año 2022.
El proceso, alertan los directivos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), la Universidad de Valparaíso (UV) y Universidad Santa María (USM), afectará el apoyo que diariamente prestan los planteles a la ciudadanía, así como servicios clave en ámbitos como las asesoría jurídicas comunitarias y las prestaciones de salud.
Al analizar la metodología utilizada por la subsecretaría de Educación en su propuesta para la fijación de aranceles, el rector subrogante de la UV, Christian Corvalán, advierte que el mecanismo considera exclusivamente las labores de docencia para definir los valores que deberían tener carreras de servicios personales, pedagogías y Derecho, consideradas en este primer proceso.
Esto causará -dice Corvalán- un efecto lesivo para las casas de estudios complejas, cuyas unidades académicas desarrollan docencia de pre y postgrado, investigación y extensión. "Sólo para ejemplificar, nuestra carrera de Derecho tiene 7 años de acreditación, una tradición centenaria, tiene programas de magíster, un doctorado, una clínica jurídica al servicio de la comunidad, todo lo cual requiere de un financiamiento. La propuesta ministerial impide financiar todos esos bienes públicos que genera la universidad", expone el directivo.
Por ello, pide que el Mineduc "redefina la metodología de cálculo", porque de lo contrario, "una vez más se estará asestando un duro golpe a la educación pública que representan las universidades del Consejo de Rectores".
Corvalán agrega que "imaginemos lo que puede pasar mañana cuando se considere a carreras de la salud, que no sólo forman profesionales y especialistas, lo que de suyo tiene un alto costo. Cómo podríamos sustentar espacios como el Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas, que hasta hace poco era el único capaz de analizar test PCR en Valparaíso y que ya ha procesado más de 10 mil exámenes. Este tipo de decisiones tiene ese efecto, que pone en jaque también bienes y servicios a la comunidad".
Menores ingresos
La fijación de aranceles con el sistema propuesto por el Mineduc provocará en las universidades una reducción de los ingresos económicos, apunta el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui: "Evidentemente esto significa una amenaza compleja para las instituciones que, como todos sabemos, han visto afectada su situación financiera como consecuencia de la crisis social y de la pandemia".
Elórtegui va más allá incluso, y estima que, de aplicarse tal cual, los nuevos aranceles representan un "riesgo desde el punto de vista de la sostenibilidad económica de las universidades".
Afirma también que la Ley de Reforma a la Educación Superior incorporó elementos negativos de regulación de aranceles. "Por ejemplo, la ley establece que los aranceles se determinan sólo en función de los costos históricos, lo cual es bastante anacrónico considerando cómo se determinan los precios en una economía moderna", sostiene.
En el caso de la carrera de Derecho, ejemplifica, la propuesta baja el arancel actualmente vigente.
Sin justificación
En tanto, el rector de la Universidad Santa María y presidente del Consejo de Rectores a nivel regional, Darcy Fuenzalida, dice que el modelo propuesto "no posee una adecuada justificación, ni se ajusta a la heterogeneidad de la realidad institucional del país que se caracteriza por una gran diversidad, donde una misma carrera puede ser impartida en múltiples casas de estudio, con diferente grado de selectividad y complejidad".
Debido a que el sistema para calcular los aranceles se basa en que los costos de años anteriores permiten proyectar los gastos de las instituciones a partir del 2022, los montos que defina ese mecanismo no permitirán a las universidades enfrentar "los desafíos que exige los procesos de aseguramiento de la calidad establecido por ley y la contingencia sanitaria, que demandarán mayores estructuras de costos que años previos".
"Tampoco considera que nuestras universidades no implican sólo docencia, sino que son un ecosistema vinculado a actividades como la investigación, la extensión y servicios de apoyo para la experiencia académica, por lo que, sin un modelo global de financiamiento, es difícil proyectar estrategias de funcionamiento a mediano plazo", finaliza Fuenzalida.
Cómo se establecerá el mecanismo
De acuerdo a la Ley 21.091, a fines de julio pasado la Subsecretaría de Educación Superior presentó a la Comisión de Expertos un informe con el cálculo de los valores de los aranceles, los derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación. Ahora se abrió un plazo para que las instituciones de educación superior envíen sus apreciaciones a la comisión, la que a su vez tiene tres meses para hacer observaciones a la propuesta del Mineduc. Será finalmente el ministerio el que establecerá el mecanismo, que servirá de base para el cálculo de los aportes presupuestarios a las universidades.
"Una vez más se estará asestando un duro golpe a la educación pública que representan las universidades del Consejo de Rectores".
Christian Corvalán, Rector subrogante de la UV
"Nuestras universidades no implican sólo docencia, sino que son un ecosistema vinculado a actividades como la investigación, la extensión y servicios de apoyo".
Darcy Fuenzalida, Rector de la USM