La historia electoral de nuestro país es tan antigua como la República misma. Con luces, sombras y vicios corregidos con el paso de los años, se busca transparencia para lograr que los resultados de las votaciones sean efectiva expresión de la democracia. Pero las leyes son una cosa y la realidad es otra, como ocurre ahora con el plebiscito constitucional del 25 de octubre. Lo reconoce en declaraciones a este Diario el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría. Califica la votación como "inédita e histórica", eso desde el punto de vista político, pero, como afirma, se enfrenta una "pandemia dinámica y la estamos monitoreando con el Ministerio de Salud" para así "ponernos en distintos escenarios que aseguren un plebiscito más seguro".

La seguridad, más allá del orden público y transparencia en resultados, agrega un factor nuevo a las votaciones: seguridad sanitaria. El lápiz de grafito para marcar en la cédula, el de pasta para firmar al registro, la toma de huella dactilar, la cámara secreta y su puerta con una tela o madera, los recintos de votación, la congestión, las filas de espera, los contagiados… En fin, detalles y rincones donde puede acechar el covid-19.

El Servel desestimó prolongar la votación por dos días. Afirma Santamaría que en la mayoría de los países se vota en un día, lo que garantiza la rápida entrega de resultados "sin que se caiga en la suspicacia", algo razonable en este país de malpensados.

Y está también la vigilancia de las urnas y el sacrificio del personal a cargo del proceso mismo.

¿Voto electrónico o por correo? Lo desestima, citando la Constitución que exige sufragio personal, igualitario, secreto y voluntario. Por cierto, en este punto subyace también la sombra de la desconfianza ante diestros hackers y posibles robos de valijas postales.

Pero está pendiente el tema del financiamiento de la campaña que se inicia el 26 de este mes. "Hemos hecho oportunamente las propuestas para corregir esa omisión y esperamos la colaboración del Ejecutivo y el Legislativo… Creemos que acá aplican principios generales como la prohibición de aportes de empresas y personas jurídicas, como asimismo que tengan origen extranjero".

Más allá de las platas está el rol del Gobierno. Diputados de diversos colores piden prescindencia del Ejecutivo que, con dichos o hechos, es el "gran elector". Los ministros tienen sus posiciones. Pérez, Interior, y Allamand, canciller, se pronuncian por el rechazo. Bien que lo digan, pero no pueden ser abanderados de esa posición.

No hay certezas sobre el resultado del plebiscito, pero con el temor a la pandemia las opciones ya no son dos, Apruebo o Rechazo. Está también una tercera, que es la abstención ante el temor al contagio. Derrotar esa opción es tarea del Servel.

No se preocupe. No haré una reseña ni menos una crítica del libro "La gran colusión", del diputado Renato Garín. Tampoco me referiré a la millonaria multa que la Corte Suprema acaba de imponer a un grupo de navieras, por un total de US$ 30,5 millones, por el "cartel del transporte marítimo de vehículos hacia Chile". En este caso, una de las empresas implicadas se salvó de recibir una multa millonaria por haber revelado la existencia del acuerdo mediante el procedimiento de delación compensada, ese mismo mecanismo de autodenuncia que algunos aún cuestionan, no obstante sus claros beneficios para proteger la competencia y a los consumidores. ¡Viva la delación compensada!

En esta ocasión me quiero referir al cartel de la política, integrada por parlamentarios y partidos políticos. Coincidentemente con la colusión naviera, la política también opera en Valparaíso. Esta otra gran colusión, en contra de la cual no existen herramientas de combate y cuya conducta monopólica persiste en el tiempo, también atenta en contra de los ciudadanos. Aunque la Constitución les garantiza el monopolio o exclusividad del trabajo legislativo, lamentablemente los ciudadanos no tenemos cómo combatir sus conductas abusivas en el ámbito parlamentario. Salvo por el derecho a voto que ejercitamos de tanto en tanto, los ciudadanos estamos desprovistos de herramientas para hacer efectivas las responsabilidades de los parlamentarios cuando incurren en conductas antidemocráticas.

Existe bastante consenso entre tribunales de justicia y los organismos especializados en libre competencia, sobre los elementos esenciales de una conducta colusiva. Lo primero es la existencia de un acuerdo. Lo segundo es su objeto. La aptitud objetiva de dicho acuerdo para producir algún efecto contrario a la libre competencia, pudiendo ser éste concreto o simplemente potencial, es un tercer elemento. Y por último, debe existir la voluntad y decisión conjunta de llevar a cabo el acuerdo. Todos estos elementos se conjugan en el caso de "Acuerdo por La Paz y la Nueva Constitución", suscrito en noviembre pasado por la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Es indudable que el Acuerdo existe. Nadie puede dudar tampoco de la intencionalidad de los políticos que lo suscribieron. El objeto era claro: el Congreso renunciaba a sus facultades constituyentes, no obstante haber sido electos con tal finalidad. Si electos, entre otros, para cumplir una función constituyente, renuncian a ella, lo correcto era renunciar a su cargo por completo y llamar a elecciones parlamentarias anticipadas. Ello hubiera permitido que los ciudadanos hubiéramos podido ejercer nuestro derecho de voto en un sistema abierto a la competencia. Sin embargo, optaron por suscribir un Acuerdo para confluir en la redacción de una nueva Constitución, donde los ciudadanos tendremos escasa injerencia.

La política es importante para la democracia, pero no debe ser monopolio de los partidos políticos. El Acuerdo sólo favorece a quienes cuenten con el apoyo de aquellos, dejando en una situación desmejorada a los millones de independientes. Los políticos no confían en los independientes ni en la competencia. Sólo quieren proteger sus privilegios. Aún estamos a tiempo de evitarlo.