Cristián Rojas M.

La Contraloría Regional detectó una serie de irregularidades asociadas a los pagos de horas extra en la Municipalidad de Limache durante el período comprendido entre los meses de enero y julio de 2019, al personal auxiliar de la casa consistorial y al personal auxiliar del Departamento de Educación Municipal (DAEM), "que en promedio realizaron 45 horas extraordinarias mensuales o más".

En sus conclusiones, el Informe de Investigación Especial 269-20 señala que "la Municipalidad de Limache no consignó en los decretos alcaldicios que autorizaron la ejecución de trabajos extraordinarios tanto para personal del municipio como del DAEM, las cantidades de horas aprobadas para cada uno de esos trabajadores, al tiempo que los que corresponden a esta última unidad municipal fueron emitidos con posterioridad a la fecha de inicio de dichos trabajos, situaciones ambas que no se ajustan a la jurisprudencia de este Órgano de Control".

Al respecto, ordena que "esa entidad edilicia deberá, en lo sucesivo, autorizar las horas extraordinarias por medio de actos administrativos que se dicten en forma previa a su ejecución e individualizar en ellos el periodo que abarca dicha aprobación, el personal que las desarrollará y el número de horas a efectuar, lo cual deberá ser supervisado por la Dirección de Control del municipio".

Horas extra sin límite

Por otra parte, el informe expone que "el DAEM autorizó la ejecución y el pago de horas extraordinarias sin un límite predeterminado, lo que no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 31 del Código del Trabajo, por lo que la Dirección de Control de ese municipio deberá verificar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR (Contraloría General de la República), que regularice dicha situación en los términos que dicta la normativa".

Luego, la investigación da cuenta de una serie de irregularidades en diversos pagos a trabajadores del municipio y del DAEM, las que totalizan $5.990.510, respecto de las cuales ordena al municipio iniciar las acciones tendientes a regularizar la situación "previo traslado a los funcionarios afectados, y si procediere, llevar a cabo las medidas necesarias para obtener el reintegro de las suma descritas".

"estamos tranquilos"

Al respecto, el administrador municipal de Limache, César Molina, señaló que "estamos tranquilos y conformes con la auditoría que se hizo, por cuanto Contraloría no determinó sumarios administrativos o responsabilidades administrativas asociadas a nadie, ni hace ningún tipo de recomendación en cuanto a sanciones en su informe, pues los hechos investigados sólo determinaron que había que tomar medidas correctivas respecto a situaciones administrativas como la dictación de reglamentos, de ciertos decretos o puntualizar en relación a eso".

Asimismo, planteó que "en el caso de los trabajadores que no lograron acreditar la prestación de estas horas extra en casos puntuales, determinó Contraloría que debían reintegrar las sumas que se pagaron en su oportunidad. Ahora, también señala el mismo informe que le da un traslado a aquellos funcionarios, lo que significa que en la práctica ellos van a ser comunicados por el municipio para que puedan hacer sus correspondientes descargos y, luego de eso, el municipio determinar el reintegro en la forma como Contraloría lo está señalando".

"casos puntuales"

Por otra parte, Molina destacó que "quedamos conformes por cuanto se ha determinado que los casos puntuales determinados por la Contraloría no se trata de horas pagadas de mala manera, en exceso o que haya sido humanamente imposible cumplirlas. Todo se hizo dentro de un marco reglamentario, y a lo que se limita el informe es a señalar, en la mayoría de los casos, que no se logró, por ejemplo, acreditar la salida a través de una marcación con el sistema biométrico, lo cual, por cierto, si ya no se hizo, es imposible acreditarlo hoy día, y eso, a juicio de Contraloría significa no una falta administrativa, sino que la obligación del reintegro por parte de los respectivos funcionarios a quienes se les pagó estas horas extra".

El administrador municipal aseguró que "seguiremos trabajando en las medidas necesarias que den cumplimiento a lo instruido por Contraloría, con los protocolos internos también, y con las mejoras administrativas que se pueden hacer al respecto".

"El DAEM autorizó la ejecución y el pago de horas extraordinarias sin un límite predeterminado".

Contraloría Regional, Informe Investigación Especial

Al mediodía de mañana se retomará en el Tribunal Electoral Regional (TER) la acusación por notable abandono de deberes presentada por los concejales de Viña del Mar Marcela Varas (PPD), Laura Giannici (DC), Sandro Puebla (Ind. pro PS) y Víctor Andaur (PC) en contra de la alcaldesa, Virginia Reginato.

La causa, que entre otras materias, versa sobre el pago irregular de horas extra, estaba suspendida por la pandemia, pero ahora el TER implementó las audiencias vía teleconferencia.

El abogado de la parte acusadora, Andrés Silva, explicó que "es la última etapa del proceso en contra de la alcaldesa Reginato, ya se rindieron todas las pruebas, se acompañó una gran cantidad de documentos, antecedentes, se recibió la prueba de los testigos, la alcaldesa fue a declarar, por tanto, lo que queda finalmente es que los jueces, los ministros, van a poder escuchar las últimas alegaciones de las partes, y con eso ya vamos a ir cerrando el proceso por completo".

Calificar jurídicamente

Para Silva, "es la oportunidad de reforzar cada uno de los argumentos. Nosotros creemos que los hechos que hemos señalado están absolutamente acreditados en la causa, muchos de los hechos también han sido reconocidos por la defensa de la propia alcaldesa, y lo que le queremos exponer al tribunal es que, efectivamente, lo que corresponde ahora es calificar jurídicamente esos hechos, y bueno, el tribunal decidirá si son o no de la envergadura que hace necesaria la remoción de la alcaldesa. Nosotros creemos que sí".

En cuanto a los fundamentos de la acusación, el jurista recordó que "básicamente son cuatro grandes cargos, el principal es haber mantenido a la Municipalidad con un déficit financiero permanente durante los últimos años; en segundo lugar, haberlo ocultado a través de distintos tipos de maniobras, como el ocultamiento en las cuentas públicas, como la elusión de pagos de cotizaciones previsionales de los trabajadores de la Corporación Municipal, entre otros aspectos".

En tercer lugar, añadió, está el "haber permitido que terceros pudieran, de alguna manera, afectar el patrimonio municipal, como es haber tolerado el sobrepago de horas extraordinarias que no se trabajaban, que hoy día incluso son materia de una investigación penal. Nosotros creemos que hay una directa responsabilidad frente a todo lo que ha pasado durante años".

El cuarto punto de la acusación dice relación con que "durante su periodo ha abdicado de ejercer su función como tal y la ha delegado en alguien que no tiene ninguna responsabilidad administrativa, como es su jefa de gabinete, que no responde administrativamente y que manda sin contrapeso, como la misma alcaldesa en algún momento lo declaró, y que eso ha hecho que no haya podido existir un mayor control de la gestión".

La audiencia partirá a las 12.00 horas de hoy, será mediante la plataforma Zoom, y expondrá también el abogado defensor de Reginato, Raúl Tavolari.

"Es la oportunidad de reforzar cada uno de los argumentos. Nosotros creemos que los hechos que hemos señalado están absolutamente acreditados en la causa".

Andrés Silva, Abogado de la parte acusadora

En abril de este año la Municipalidad de Valparaíso anunció la compra, con dinero propios, de 10 camiones de aseo, situación que ayer fue discutida en el Concejo Municipal porque, a la fecha, la administración no ha cancelado lo adeudado a la empresa Geo Prostect.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Iván Vuskovic (PC), aseveró que se debía votar la "transacción con Geo Prospect para el pago de los 10 camiones que se compraron y que no han sido cancelados hasta este momento".

Tras esto, se hizo una exposición con el detalle de un acuerdo extrajudicial donde se debe cancelar un interés de $5 millones por no haber pagado a la fecha, hecho que fue cuestionado por algunos ediles que rechazaron la propuesta e insistieron que se debía hacer una investigación sumaria. Sin embargo, el municipio justificó que no se pagó por los gastos por pandemia.

La votación para el acuerdo extrajudicial fue dividida entre los concejales, por lo que el tema tendrá que ser revisado en el próximo Concejo.