Como es costumbre, los partidos inscribieron ayer, al filo de que terminara el plazo, los pactos que permitirán la realización de primarias legales para definir los candidatos de coalición a los cargos de alcaldes y gobernadores regionales. Este año, la negociación estuvo particularmente ruda en la oposición, donde a pocos días del cierre el Frente Amplio quiso imponer un rango de exigencias que se hacía intolerable a quienes eventualmente debían ser sus compañeros de pacto. El ánimo enconado que tiene cada diálogo de los jóvenes amplistas con los dirigentes herederos de la Concertación y la Nueva Mayoría volaron sobre las conversaciones y a las recriminaciones mutuas seguían los llamados a la unidad, en un ritmo de marcha forzada que terminó por conspirar contra cualquier acuerdo global de primarias. Finalmente, cuando el Frente Amplio ya había inscrito su pacto para realizar primarias como bloque independiente, en la otra vereda llegaban a acuerdo el PS, el PPD, el PR y la DC.Más allá de este hecho, el proceso entrega una señal de profundo fraccionamiento y arroja dudas sobre la capacidad de la oposición para llegar a los mínimos comunes que cualquier coalición en ciernes debe alcanzar para aspirar al éxito en el intenso ciclo electoral que se abre en octubre. El mantra repetido por muchos durante estos meses es que los resultados de las elecciones municipales de abril de 2021 son clave para el éxito en la Presidencial de diciembre. El tiempo se agota, entonces, para los aspirantes a ser Gobierno.

En cambio, la negociación de Chile Vamos fue exitosa e inscribió un pacto para la mayoría de las comunas, salvo aquellas donde la disputa se había crispado con fuerza en el último tiempo, entre ellas Viña del Mar. Para la Ciudad Jardín, la coalición debe elegir un mecanismo que permita medir a los candidatos de cada partido - Raúl Celis por RN, Georg Hübner por Evópoli y el que defina la UDI de entre los concejales Jaime Varas, Macarena Urenda y Pamela Hödar -, antes de la fecha fatal de inscripción, fijada para febrero del próximo año. Sin embargo, falta saber qué pasará con el recurso de protección interpuesto por la alcaldesa Virginia Reginato contra su partido y el Servel, a quienes acusa de pasar por sobre sus derechos constitucionales al no dejarla inscribirse como candidata, aunque en rigor dicha decisión corresponde a una aplicación de la ley que limitó la reelección de autoridades. Como el hecho estaba en tribunales, anticipó el martes el secretario general de la UDI, Felipe Salaberry, impedía un pacto de primarias sobre la Ciudad Jardín. "Si yo hago primarias y se resuelve un candidato, y en un tiempo más se habilita a ese alcalde o alcaldesa (caso Viña del Mar) para ir a reelección, estaríamos en problemas", explicó.

En nuestro reciente balance de gestión anual, planteamos que es necesario, más aún en los tiempos que vivimos, dotar a nuestra institución de una autonomía que proteja en forma absoluta la independencia de su actuar jurídico. Y con esto no quiero decir que durante la existencia de la Defensoría Penal Pública hayamos sufrido de presiones, sino que simplemente esa posibilidad debe quedar absolutamente impedida.

Por otra parte, la autonomía también garantiza una cuestión que no hemos tenido hasta la fecha, que es la igualdad respecto del resto de los intervinientes.

De los tres grandes actores que intervienen en la reforma procesal penal, somos los únicos que no contamos con la autonomía constitucional o al menos legal, a diferencia del Poder Judicial y la Fiscalía.

La ley que creó la Defensoría Penal Pública estableció que somos un servicio dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia.

Entonces, resulta paradójico que, si bien el derecho a defensa tiene reconocimiento constitucional, la institución que se hace cargo del más del 90% de las causas a nivel nacional no cuente con dicho estatus.

Hay que tener muy presente que el derecho a defensa y a la posibilidad de contar con un abogado defensor le pertenece a todos y a cada una de las personas de nuestro país, sin distinción de ningún tipo.

Justamente, para asegurar el derecho a defensa necesitamos proteger la inviolabilidad del defensor público, para que no corra el riesgo de ser sancionado, amenazado o cesado en su función pública por hacer valer estos derechos.

Estamos, como siempre, dispuestos a ejercer nuestra labor de manera transparente, para lo cual creemos que un esquema de autonomía debe considerar, por una parte, la participación ciudadana, evitando con ello la disociación entre el poder público y la ciudadanía y, en segundo lugar, el control de nuestros actos como institución pública, porque ciertamente nuestro país crece cuando cuenta con instituciones sólidas y apegadas a la probidad.

Hace años que buscamos nuestra autonomía, creemos que las mujeres y hombres que forman parte de nuestra institución la merecen, y la deseamos para fortalecer el derecho humano que significa el derecho a la defensa técnica y profesional con la que deben contar todos y cada una de las personas de nuestro país.

En 17 años, hemos ofrecido una defensa de calidad, cumpliendo fielmente nuestra misión y vocación de servicio público.