En pedir no hay engaño. Pero no es fácil intentar comprender la lógica subyacente detrás de la propuesta del alcalde Jorge Sharp para la creación de una especie de "fondo" que vaya al rescate del devastado comercio porteño, que sea costeado por buena parte de los mismos empresarios que antes denostó y que incluya, asimismo, a la tantas veces golpeada por su administración, Empresa Portuaria de Valparaíso, que ya debe estar cansada de lidiar con un municipio de comportamiento esquizofrénico.

En abril de 2018, en sus buenos tiempos de niño díscolo y rockstar, el alcalde, consultado sobre su conflicto con Nicolás Ibáñez por el proyecto del Parque Pumpin, decía lo siguiente: "Es el perfil de inversionista que a ninguna ciudad de Chile le gustaría tener. (…) Es muy difícil con inversionistas cuando frente a determinadas acciones que uno ha realizado, la reacción es a través de querellas criminales, donde la posibilidad de diálogo es sumamente compleja. (...) Yo invitaría a los empresarios a tener menos prejuicios" (sic).

Simultáneamente, en plena campaña para la realización de la APEC 2019 en Viña y Valparaíso, el jefe comunal ejecutaba su fracasada agenda de inversiones para el Puerto, para la cual se reunía en aquel entonces con el Grupo de Empresas Navieras (GEN) de los Urenda, poco después de que TCVAL había ejecutado el way out portuario del T2; el grupo Luksic; con Alfonso Swett, entonces presidente de la CPC; con los sucesivos presidentes de la Cámara Chilena de la Construcción, con la Sofofa y Asiva, ante todos los cuales articulaba una más que razonable exigencia participativa ("La inversión privada tiene que hacerse cargo de los efectos negativos. Necesitamos proyectos que dialoguen armónicamente con el territorio"), pero que luego, y en privado, cambiaba por numerosas trabas legales y un beligerancia partisana que nadie terminó aguantándole.

Del mismo modo, a fines de ese año, entregando su apoyo irrestricto al conflicto portuario que movilizó a los trabajadores eventuales de TPS, emplazaba a Richard Von Appen, al mismo al que acude hoy en virtud de la "justicia social": "Así que, señor Von Appen, si no quiere ayudar en la solución del conflicto, mejor guarde silencio, hágalo por Valparaíso".

Lastimosamente, todas aquellas buenas intenciones mencionadas quedaron en nada, superadas por las bravuconadas para la galería. ¿Qué pasó? ¿Pudo más la cargada agenda ideológica de calle Condell, la misma que lo apartó de La Matriz, la Izquierda Autónoma, el Movimiento Autonomista, Convergencia Social y, finalmente, el Frente Amplio? Solo el tiempo lo dirá. ¿Por qué, junto a la pandemia, no menciona la violencia y el vandalismo como los principales factores que conspiraron contra el comercio porteño? Por lo pronto, y al igual que todo cojo, el alcalde ha optado por culpar siempre al empedrado y exigir "derechos" que, muy a su pesar, sencillamente no son tales.

La Ley N° 21.236 estableció el derecho a la portabilidad financiera, que no es sino la facultad que tiene toda persona para poder optar y trasladar sus productos financieros de una entidad a otra de forma eficiente, fácil y rápida. Así, se busca obtener una alta movilidad en el mercado de los productos crediticios y que cada consumidor pueda negociar y conseguir las mejores condiciones de tasa de interés, plazos y condiciones generales de contratación. De esta forma, las personas o pequeñas empresas pueden cambiarse de un proveedor a otro o sustituir servicios en un mismo proveedor, buscando su mejor opción en el mercado, pero esta vez con ventajas en la rapidez y sencillez del proceso, así como en la rebaja de los costos asociados al mismo.

Con esto, se pone fin al engorroso trámite que debían realizar los clientes recopilando la información y peregrinando de una institución a otra.

Hoy la perspectiva es diferente: el proceso es ordenado, fácil y estandarizado, de forma que todas las instituciones financieras deben regirse por el mismo procedimiento y los mismos plazos. Por ejemplo, cuando el cliente inicia el proceso solicitando el cambio a una nueva institución financiera, ésta tiene que requerir a la otra institución financiera con la cual tenía la deuda, un certificado de liquidación de ella. A su vez, esta entidad deberá en solo 5 días entregar la documentación requerida y, luego, la nueva institución financiera debe hacer una propuesta de las nuevas condiciones crediticias que le ofrece. Dicha oferta, a favor del cliente, se deberá mantener vigente al menos por 7 días hábiles bancarios. A su vez, se establece un plazo de 30 días hábiles bancarios para que la nueva institución financiera gestione ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo o ante el Servicio de Registro Civil las inscripciones o anotaciones que se requiera efectuar.

Hay que destacar que para efectos de facilitar la comparación de productos se establece en el Reglamento de la Ley un modelo estandarizado de la oferta de portabilidad, con el objeto de facilitar la decisión del cliente en base en una tabla comparativa. Además, se adicionan dos elementos relevantes: por una parte, la rebaja en los costos asociados y, además, el derecho a reclamar ante el Sernac el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

Finalmente, resulta interesante que a contar de la entrada en vigencia de esta nueva ley se hayan duplicado las consultas en los sitios de búsqueda de consumidores para obtener información respecto del refinanciamiento de productos financieros. Al parecer, la ley está logrando movilizar a los consumidores para encontrar la eficiencia financiera de los productos a que desean acceder, sobre todo en tiempos en que las decisiones a nivel doméstico se han tornado tan relevantes y la economía del hogar vuelve a centrar la mirada de los especialistas, por el relevante impacto que puede tener en los mercados financieros a mayor escala.