Alcaldía complicada por "Ciudad de Dios"
Concejales recurren a la Contraloría por supuesto tráfico de influencias ejercido por una funcionaria del entorno de Virginia Reginato. El concejal RN Carlos Williams y el diputado del mismo partido y exconcejal, Andrés Celis, esperan que de existir irregularidades en el arriendo de salones del Hotel O'Higgins, se tomen las medidas disciplinarias correspondientes.
Ante el informe del Departamento de Auditorías de la Municipalidad de Viña del Mar que ha detectado supuestas irregularidades en la contratación de salones del Hotel O'Higgins, concejales viñamarinos están pidiendo una investigación de la Contraloría Regional.
El caso aparece como una nueva actuación poco transparente en el entorno de la oficina de la alcaldesa Virginia Reginato.
Dando la dirección de esa oficina, María Carolina Inostroza, funcionaria a honorarios dependiente de la abogada jefa del gabinete de la alcaldesa, contrató el uso de salones del citado hotel, de propiedad municipal y entregada en concesión a una empresa privada, para la realización de una actividad religiosa denominada "Ciudad de Dios".
El informe indica que el arriendo de los salones "permite establecer, al menos, una sospecha de haberse producido tráfico de influencias o presiones inadecuadas por parte de la Sra. Inostroza u otra". Ante esa posibilidad, el citado departamento municipal establece que "es necesario un proceso administrativo".
La concejala DC Laura Giannici, posible candidata a la alcaldía viñamarina, lamenta la situación y el hecho que muchas personas "toman grandes decisiones y están contratadas a honorarios, por lo que no tienen responsabilidades administrativas". Y ese es el punto, pues la funcionaria debido a no pertenecer a la planta, no podría ser sumariada y menos sancionada.
Pero el problema que subyace en la contratación realizada por esa funcionaria es que al estar adscrita a la alcaldía podría haber obtenido tarifas y atenciones preferenciales (almuerzos y cenas) en el arriendo, provocando en forma indirecta un perjuicio a su empleador, la municipalidad propietaria del tradicional hotel. Una presión silenciosa, pero presión al fin que tendría como resultado una contratación "a valores que no se condicen con el valor de mercado", como afirma la concejala PPD Marcela Varas.
El concejal RN Carlos Williams y el diputado del mismo partido y ex concejal viñamarino, Andrés Celis, esperan que de haber irregularidades se tomen las medidas disciplinarias correspondientes.
Jaime Varas (UDI) sostiene que la Contraloría "tendrá que aclarar si hubo tráfico de influencias… Yo creo que es un tema netamente administrativo". Puntualiza que "la alcaldesa no tiene ninguna participación en los hechos". Aludiendo al tema económico, aclara que "la factura no la va a pagar el municipio. Acá no hay recursos municipales involucrados".
Todo eso es cierto, pero subsiste el eterno tema del tráfico de influencias -una funcionaria ante una empresa que depende de la municipalidad- y también está la insoslayable cuestión de la responsabilidad del mando, argumento decisivo en el caso de muchas acusaciones constitucionales. Claro que más cómodo resulta cortar el hilo por lo más delgado y no llegar al fondo de la infección.