Katherine Escalona M.

Después de nueve años de espera, finalmente ayer se realizó la audiencia de formalización de dos imputados -Mario Humberto Ulloa Saavedra y Miguel Osvaldo Soto Cruces- quienes quedaron en prisión preventiva, por un plazo de 120 días, tras los argumentos del Ministerio Público, que confirmó que ambos hombres raptaron, violaron y mataron a Pascale Alvarado Soto (17 años), que desapareció el 8 de noviembre de 2011, en Puchuncaví.

La audiencia fue extensa. Comenzó a mediodía y terminó a las 16. 15 horas, después de la discusión de las medidas cautelares, a la cual no tuvo acceso la prensa por solicitud de la Defensa, y luego el magistrado del Juzgado de Garantía de Quintero, Felipe Contreras, determinó aceptar la prisión preventiva para ambos sujetos por los delitos de sustracción de menor con homicidio y violación.

Actuar en manera concertada, en pandilla, el número de delitos por los cuales fueron formalizados, las pruebas presentadas de testigos, vestimentas y la pericia más reciente de un peritaje sicológico a Miguel Soto, efectuado por el "Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (Cavas)" de la Policía de Investigaciones (PDI), quien narró cómo ocurrieron los hechos, fueron considerados antecedentes suficientes para que el juez resolviera la medida cautelar más gravosa, por ser considerados un peligro para la sociedad.

Los hechos

¿Cómo desapareció Pascale? El juez Contreras concluyó que fue clave la pericia de entrevista sicológica. "En dicha entrevista o en dicho contexto el imputado Soto Cruces señaló, que en fecha que no recuerda, llegó junto al coimputado, Mario Ulloa, al sector de Campiche donde se realizaban unas carreras de caballos a la chilena. Luego de unas horas y de haber bebido bastante, ambos se retiraron en la camioneta (Nissan modelo Terrano patente YH 8365). Añade, además, que al llegar a las cercanías de la medialuna de Puchuncaví subieron a una niña al asiento trasero donde iba el imputado Soto, ya que Ulloa conducía", relató en su fallo.

Además precisó que "el imputado indica que, en un momento, el imputado Ulloa comienza a 'piropear' a la niña y ésta intenta bajarse, pero Ulloa hace uso del cierre centralizado trasladándose los tres, en la comentada camioneta, hasta el sector de Las Cenizas de Cabildo donde había una faena de tala de árboles".

El imputado Soto, dijo el juez, "señala además que al llegar a la faena se baja de la camioneta para abrir el portón, circunstancia que lleva a la víctima a tratar de huir, por lo que Ulloa baja de la camioneta, la toma del pelo y comienza a darle golpes de puño en la cabeza mientras mantenía un cinturón enrollado en ella. Señala el imputado Soto en esta entrevista que, en un momento, la niña ya no se quejó más y que Ulloa la tomó, la dejó en los asientos traseros de la camioneta" y luego la violó.

Tras esto, Ulloa se va con la menor y llega al otro día. Este hecho se valida por la declaración de testigos que vieron a Pascale salir de su trabajo, ir a una farmacia y luego caminar por la medialuna. Testigos, también vieron la camioneta, reconocieron las vestimentas, la tez morena de la joven e incluso el imputado Soto reconoció a Pascale en una foto de menores desaparecidas.

Búsqueda del cuerpo

Sin embargo, aún no se encuentra el cuerpo de la menor. El juez decretó un plazo de 120 días de investigación para encontrarla y periciar uno de los celulares de los imputados. Se harán pericias para hallar a Pascale en Campiche, el sector de Las Cenizas y en Valle Alegre.

El fiscal adjunto de Quintero, Luis Ventura, afirmó que "el juzgado accedió a la petición de decretar la prisión preventiva para ambos imputados por considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad".

"Al llegar a las cercanías de la medialuna de Puchuncaví subieron a una niña al asiento trasero".

Felipe Contreras Bianchi, Juez del Juzgado de Quintero

"El Juzgado accedió a la petición de decretar la prisión preventiva para ambos imputados".

Luis Ventura, Fiscal de Quintero

Un día demoró el Tribunal Electoral Regional (TER) para acoger la presentación que realizaron seis concejales de Valparaíso - Carlos Bannen (UDI), Eugenio Trincado (DC), Daniel Morales (MVC), Ruth Cáceres (RN), Luis Soto (UDI) y Marcelo Barraza (DC) - quienes lideran una acusación por "notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa" en contra del alcalde porteño, Jorge Sharp.

El TER resolvió acoger a tramitación la solicitud realizada por los ediles y para esto se tiene que publicar el proceso y notificar al jefe comunal porteño. En el documento del tribunal queda por establecido lo siguiente: "Téngase por interpuesto requerimiento de remoción alcaldicia" y "notifíquese mediante aviso que deberá publicarse en el diario El Mercurio de Valparaíso, debiendo acompañarse dentro de décimo día hábil, factura o boleta que dé cuenta de haber encomendado la publicación".

Además, precisa la resolución judicial, "dentro del mismo plazo, encomiéndese notificación de conformidad al inciso tercero del artículo 18 de la ley N°18.593, al alcalde requerido don Jorge Sharp Fajardo, designándose como ministro de fe al efecto a la abogada doña Pilar Gazmuri Sanhueza, funcionaria de este Tribunal".

Sobre la determinación del TER, uno de los concejales que se adhirió a la presentación, Luis Soto (UDI), destacó que "tenemos la profunda convicción de que esta presentación por notable abandono de deberes está sustentada desde el punto de vista jurídico con 17 denuncias que están acompañadas con una cantidad de documentación que son emanadas de las mismas instituciones fiscalizadoras que el Estado establece y patrocinada por un abogado reconocido. Por ello teníamos la convicción de que la presentación sería exitosa y la resolución del TER ratifica lo sólido de los argumentos presentados".

"Téngase por interpuesto requerimiento de remoción alcaldicia".

Tribunal Electoral Regional, Extracto resolución

Dos hitos importantes marcan una nueva etapa para el resguardo de las dunas de Concón. La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ayer entregó el plan de manejo para el Santuario de la Naturaleza, las 30,1 hectáreas declaradas, y la Corte de Apelaciones de Valparaíso falló a favor de la Fundación Yarur, para el resguardo de las dunas en Viña del Mar y prohibir edificaciones sin que éstas cuenten con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), puesto que el área igual se vería afectada a 244 metros de distancia del Santuario.

Sobre el plan de manejo, la ministra Schmidt aseveró que "el municipio pasa a ser un actor relevante, en una gobernanza que en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Conaf y con los distintos órganos del Estado podemos generar una fiscalización efectiva de la protección de este lugar" y explicó que falta una revisión de la municipalidad.

Ante esto, el alcalde de Concón, Óscar Sumonte, precisó que "será trabajado con el Concejo Municipal para analizarlo, revisarlo y vamos a hacer parte a la comunidad" para que se active esta gobernanza que podrá georreferenciar el Santuario y establecer multas. Afirmó que los 4 anteproyectos de Reconsa que se pretenden levantar en las 20 hectáreas faltantes "perdieron su vigencia", por lo que está protegida por ser área verde.

Fallo de la corte

Sobre la determinación de la Corte, el abogado de la Fundación Yarur, Gabriel Muñoz, recalcó que "esto es un precedente porque no sólo se determina protección en el Santuario de la Naturaleza, sino que también a más de 200 metros donde habría afectación de las especies, sobre todo en Viña del Mar".

La Ciudad Jardín, dijo Muñoz, "carece de evaluación ambiental estratégica y con esto se debe someter a un Estudio de Impacto Ambiental porque se determinó que la edificación de la empresa Makroceano S.A., de más de 9 pisos, ubicada en los faldeos del campo dunar, sí provoca afectación a las dunas. Con esto se resguarda todo el lugar y ahora la protección del Santuario es total".