Fuertes críticas de parte de consejeros regionales ha recibido el anunciado proceso de reestructuración administrativa de Merval, el que, afirman, sería un paso atrás en la descentralización al restar funciones a la operación local.

El presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, en declaraciones publicadas en este Diario el domingo pasado, sostiene que Merval no pierde autonomía. "Todo lo contrario, creo que va a ganar. Va tener para las cosas que son esenciales para el servicio mucho más tiempo y más dedicación", sostiene. Insiste en que el proceso "es descentralizar con fuerza en todas aquellas cosas que son críticas para la operación y unificar en todas las cosas que son comunes y que permiten hacer más eficiente el sistema y con una mejor cobertura y un mejor procedimiento".

Con esta afirmación, Errázuriz justifica las medidas como un esfuerzo para sumar experiencias de los diversos servicios dependientes de la Empresa Ferrocarriles del Estado (EFE), que controla, además de Merval, redes de trenes locales en Santiago y Concepción.

Pero Manuel Murillo (PPD), presidente del Consejo Regional, afirma que Merval "a pesar de que es muy bueno, no tiene la capacidad ni las herramientas para poder tomar decisiones en lo que la región necesita, especialmente en las nuevas líneas que hemos discutido por tanto tiempo, como la extensión Limache-La Calera". Eso es cierto y el temor es que con la nueva estructura las decisiones se alejen aún más de la región, prolongándolas por años, como la citada extensión y el impresentable caso de la Estación Valencia.

El consejero Manuel Millones, ex UDI, defiende la autonomía de Merval y recuerda que "ha tenido varios aciertos en términos tecnológicos para mejorar el servicio, pero EFE o el ministerio (de Transportes) no ha otorgado el financiamiento para reponer y ampliar la frecuencias de los carros; el mejoramiento del sistema eléctrico o fondos para reponer o mejorar las estaciones".

Francisco Bartolucci, presidente del directorio de Merval rechaza las críticas afirmando que "no perdemos autonomía en nada de lo que son nuestros procesos internos, y en los integrados también tenemos participación".

Lo cierto es que la medida de reorganización administrativa aparece como un retroceso dentro de la tan necesaria descentralización del país. Peligrosa señal, luz roja en medio de las vías. Por otro lado, la concentración en las decisiones podría ser un avance hacia una estructura burocrática de grandes dimensiones como fue la fenecida Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

La inquietud de los consejeros regionales es legítima y merece atención cuando está en juego un proceso nacional de descentralización y, en concreto, un servicio de transporte público reconocido por su eficiencia, pero lento ante la demanda por la extensión de sus servicios.

Desde marzo, el distanciamiento físico impuesto por la crisis sanitaria ha requerido que las instituciones de educación superior reprogramen sus actividades de pregrado y postgrado y reasignen recursos que, junto con resguardar la continuidad de sus funciones, cuiden a sus comunidades frente al covid-19 y preserven la calidad de la docencia y gestión institucional.

Las universidades que conforman la Red G9 han debido optar y priorizar por las actividades docentes que se pueden realizar en modalidad remota. A su vez, han fortalecido las aulas virtuales, tanto para la labor académica como para el monitoreo de desempeño y necesidades de los estudiantes y se ha dado continuidad a los procesos de autoevaluación y planes de mejora, en especial respecto de las carreras cuya acreditación está por vencer.

Un escenario en el que, entre otros aspectos, se debe intentar responder a la agenda contingente y, al mismo tiempo, no dejar de lado los compromisos de los planes de mejoramiento institucional. Aun así, la pandemia puede constituir una oportunidad de aprendizaje para todo el sistema de aseguramiento de la calidad, aludiendo a que el uso de herramientas virtuales permite potenciar la educación superior y genera nuevas posibilidades.

Para las instituciones de la Red G9 la preocupación por la calidad en sus diversos procesos se refleja en el promedio de 5,7 años de acreditación institucional de las universidades integrantes, superior al 5,0 del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Creemos que debemos trabajar para resguardar la calidad en medio del estado de incertidumbre actual, enfrentando los nuevos desafíos que han surgido para el sistema de educación superior en su conjunto y lo que significa un sistema mixto de educación, manteniendo la rigurosidad para el logro de los resultados de aprendizaje comprometidos.

Los rectores de la Red G9 hemos presentado una serie de propuestas para contribuir a impulsar acciones desde la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Una de las soluciones ya está en marcha y ha provenido de la misma CNA, en términos de flexibilidad, extensión y ajustes de los procesos de acreditación.

Es de importancia la reflexión que hemos realizado junto a la CNA y otras autoridades respecto a la adecuación de los criterios de evaluación al contexto actual y de la necesaria valoración de los procesos de autorregulación. Por esta razón, organizamos durante el pasado mes de octubre un ciclo de seminarios virtuales denominado "Calidad en tiempos de incertidumbre", con el objetivo de ampliar la comprensión de los diferentes actores del sistema de educación superior respecto de los actuales desafíos para el aseguramiento de la calidad y ofrecer un espacio para compartir experiencias y buenas prácticas institucionales en torno a los sistemas internos de gestión y aseguramiento de la calidad.

Como G9 manifestamos la necesidad de vinculación e integración de los distintos ministerios y organismos involucrados en el tema de aseguramiento de la calidad, con el objetivo de que los acuerdos que se generen tengan un efecto positivo respecto a las exigencias hacia las instituciones de educación superior.