De acuerdo a la ley, las sesiones del Concejo Municipal son públicas, salvo acuerdo puntual en contrario aprobado por sus integrantes. La publicidad de las reuniones supone el acceso de los ciudadanos a ese encuentro, acceso personal, a la sala de sesiones.

Posteriormente, ese acceso se ha extendido a la posibilidad de seguir el desarrollo de las reuniones por algún sistema online.

En un nivel superior, ese acceso está vigente en las dos cámaras del Congreso Nacional y en el Poder Judicial. El Parlamento cuenta incluso con canales de televisión.

En agosto pasado el administrador municipal de Viña del Mar, Claudio Boisier, se comprometió con un grupo de dirigentes vecinales a que a partir de fines de ese mes las reuniones del Concejo serían transmitidas vía streaming. Así se facilitaba a la comunidad el conocimiento en directo de las sesiones, los temas, las intervenciones y las votaciones, perfeccionando la transparencia de esas reuniones que siempre ha existido como derecho ciudadano.

Pero esa promesa, como muchas otras, no se ha cumplido. "Esta es otra muestra de la relación del municipio con la ciudad, un municipio que solo trabaja entre cuatro paredes, sin transparencia", acusa la concejala PPD Marcela Varas, ante el incumplimiento. Insiste en la materia el concejal Sandro Puebla, independiente pro PS, afirmando que desde que asumió viene pidiendo esas transmisiones. Su cuota de apoyo a las quejas pone el edil RN Rodrigo Kopaitic. Acusa que "es una torpeza mayúscula" dilatar las emisiones, agregando que "hoy la ciudadanía busca la honestidad y la transparencia en la gestión pública", demanda del porte de una catedral que, precisamente, tiene en entredicho a las instituciones y a sus integrantes.

Boiser, justificando el retraso en las transmisiones, afirma que ello debe ser gradual y que se debe contar con "autorizaciones formales, tanto para el financiamiento de la operación del servicio como para la adquisición del equipamiento técnico y audiovisual". Alude, también, a un "reglamento que regule y norme el funcionamiento del sistema, sus alcances y eventuales responsabilidades".

¿Solo excusas? Actualmente el ciberespacio está lleno de transmisiones online, como clases de todo nivel, misas, conciertos, foros, mensajes promocionales de influencers y, lo peor, muchos contenidos odiosos, violentos o de connotación sexual.

Implementar el sistema las transmisiones del Concejo es simple, al alcance de cualquier adolescente. El tema está en el contenido, en la imagen que proyecten las reuniones, alcaldes y concejales, y cómo se toman los acuerdos. Y ahí hay un riesgo que, siendo mal pensados, algunos no quieren asumir ante la proximidad de elecciones, pero que es parte de una democracia transparente.

Así se titula el libro más importante de Alexis de Tocqueville (1835) y que lo situó como uno de los analistas sobresalientes del "problema" de la democracia. Tocqueville fue el primer pensador de la modernidad que acometió una investigación a fondo del modo en que el principio democrático -de igualdad- funciona como causa primera, afectando o formando todo aspecto vital dentro de la realidad social. Buena parte de las reflexiones de Tocqueville son el resultado de su estancia de nueve meses en los Estados Unidos para estudiar su sistema penitenciario. Algunas de las conclusiones a las que arribó son que el sistema democrático engendra materialismo, mediocridad, compasión, adoctrinamiento y atomismo, resultando paradojal, a su juicio, que la igualdad de condiciones sea tan compatible con la tiranía como con la libertad.

Otro texto fundamental para comprender la democracia norteamericana es el Federalista, un libro que aglutina 85 ensayos atribuidos a Hamilton (51), Madison (29) y Jay (5), y que tuvo un impacto decisivo en la convención estatal que ratificaría la Constitución Americana, la más longeva de las Constituciones modernas.

¿Qué tiene que ver todo esto con el caso chileno? Mucho.

En primer término, es poco probable que Trump obtenga un resultado favorable en la Corte Suprema. Para ello, necesitaría impugnar la votación en al menos dos o tres Estados clave (Pensilvania, Michigan, Wisconsin o Nevada), con algún fundamento que haga plausible la intervención del máximo tribunal. En este sentido, el precedente Gore vs. Bush (2000) no parece suficiente, dado que la situación es muy diferente. ¿Qué costos traerá para la democracia norteamericana la judicialización de las elecciones que amenaza el actual Presidente? Me inclino a pensar, como muchos, que mientras antes reconozca Trump su derrota, mayores son las opciones de una transición pacífica. De lo contrario, podría suceder algo similar al intento de toma del Reichstag en Berlín hace un par de meses por un grupo ultraderechista, minoritario, pero bullicioso, solo que esta vez el acontecimiento tendría lugar en una sociedad altamente polarizada de 330 millones de personas.

En segundo lugar, porque el proceso que conducirá a la nueva Constitución chilena tiene mucho que aprender del modelo norteamericano: debe tratarse de una Constitución breve en su articulado; debe ser diseñada para durar, como mínimo, unos 50 o 60 años; debe pensar no solo en los acuerdos actuales, sino también en el compromiso para las futuras generaciones: ¿será una Constitución flexible, semiflexible, rígida o pétrea?; debe incorporar y garantizar derechos de tercera y cuarta generación; debe diseñar un sistema de contrapesos, donde los tres poderes del Estado se controlen recíprocamente de manera eficaz; debería otorgar rango constitucional a instituciones como el Ombudsman, las Superintendencias, el Sernac y la Defensoría de la Niñez, por nombrar algunos. Y lo más importante: la transición debe ser pacífica y ordenada. Porque si Tocqueville está en lo correcto, la igualdad de condiciones es tan compatible con la tiranía como con la libertad.