Veinticuatro de febrero de 2020, Viña del Mar, el día después del inicio del Festival. Un señor con chaleco reflectante, que oficiaba circunstancialmente de director del tránsito en el centro, me invita a parar a cambio de una propina. Algo incrédulo me detengo y miro una escena que poco tenía que envidiarle a una distopía hollywoodense: el Hotel O´higgins vandalizado, los semáforos destruidos, una humareda de barricadas y lacrimógenas, diversos grupos consumiendo drogas en la plaza, los muros de los edificios completamente rayados con amenazas y en cada cruce un colega del señor que -con especial diligencia e histrionismo- ordenaba el tráfico. A quince metros, una pareja de carabineros miraba fijamente -quizá con razón- hacia los pocos metros en que nada ilegal estaba ocurriendo.

En los meses siguientes al 18-O en buena parte de nuestras ciudades estaba "todo permitido", enseñándonos a una generación, por primera vez, que la democracia y el estado de derecho no están asegurados. Pero pareciera que esta anomia y falta de valores compartidos se viene incubando en Chile desde antes del 18-O y está lejos de haberse retirado con la dilución de la violencia más cruda.

Esta actitud desafiante al ordenamiento jurídico no es patrimonio exclusivo de los ciudadanos. El gobierno dejó muchas veces de ejercer sus facultades constitucionales para controlar el orden público y, en razón de la contingencia, ha obviado recurrir al TC frente a proyectos inconstitucionales. Algunos jueces están dispuestos a fallar contra el texto expreso de ley, haciendo activismo y transformándose en legisladores en las sombras sin tener la legitimidad democrática. En esta carrera poco noble el Congreso lleva varios cuerpos de ventaja.

La Presidenta del Senado a propósito del post-natal de emergencia dijo que prefería cometer un "sacrilegio con la Constitución y ser destituida antes que pasar sobre una demanda urgente de las madres". Hoy es frecuente que, con el propósito de burlar la iniciativa exclusiva que razonablemente tiene el Presidente en proyectos que irrogan gasto fiscal, los parlamentarios presenten materias propias de ley como "reformas constitucionales". A su vez, eluden sistemáticamente el cuórum de 2/3 que requieren determinadas reformas constitucionales, a través del resquicio de consagrarlas como disposiciones transitorias dada la pandemia. En este contexto de falta de respeto a las reglas del juego no parece fuera de lugar la moción de la diputada Vallejo que -contrariando el acuerdo del 15-N y la voluntad soberana expresada en el plebiscito- busca que la Convención Constitucional pueda, por mayoría simple, definir que las nuevas normas constitucionales sean aprobadas por mayoría simple y no por los 2/3 que establece el acuerdo.

La regla de los 2/3 fuera de ser razonable (es común en derecho comparado; obliga a acuerdos amplios que proveen estabilidad normativa; protege a las minorías, etc.) es la regla que se acordó y que permitió una salida institucional a la crisis. El Partido Comunista, que descree de la democracia representativa y suscribe más bien una de tipo "bolivariano", parece querer una "Constitución de revancha" y no una que nos represente a todos y permita la legítima disputa programática entre las distintas coaliciones a través de elecciones periódicas.

Las reglas que como sociedad nos hemos dado son las que permiten que se desarrolle nuestra vida en sociedad sin que se aplique la "ley del más fuerte". La democracia, en buena medida, es un sistema de reglas que permite ejercer nuestra libertad con respeto a la del resto. El recurso al "sentimiento de justicia" de cada cual para saltarse las reglas, bajo la apariencia de bondad, esconde pulsiones antidemocráticas.

Una de las respuestas fundamentales que tendrán que dar los constituyentes no tiene que ver con el clivaje izquierda-derecha, sino con si se cree -o no- en la democracia constitucional. En el respeto a las reglas y el estado de derecho. En que la Constitución no tiene que ser la revancha de un sector, sino que un instrumento que organice el poder, proteja nuestros derechos fundamentales y permita que los chilenos elijamos qué programa de gobierno queremos a través de elecciones periódicas.

La democracia constitucional está acechada y hay que protegerla.

Juan Pablo Rodríguez

Ni el más optimista de los simpatizantes de la opción Apruebo previó un resultado tan abrumador. Aproximación mediante, ese 80-20 es muestra de muchas cosas, entre otras que el país no está polarizado y que se advierte que la Constitución es un problema serio; que una minoría, pero poderosa, tenía secuestrado el proceso de cambio; que a pesar de ser más lento, el camino a seguir es proponer cambios por medio de mecanismos institucionales. Sin embargo, a casi un mes del 25 de octubre, es necesario acometer con decisión los asuntos que están pendientes y discutir qué significa el famoso quorum de aprobación por 2/3.

A fines de 2019, tres asuntos quedaron pendientes de discusión: el primero, la regla de paridad, el segundo, escaños reservados para pueblos originarios y el tercero, participación de independientes. El primero fue resuelto, estableciendo una regla inédita de integración paritaria de la Convención; el segundo, avanza a tropezones en el Congreso y aún con resultado incierto; el tercero, pendiente y queda poco tiempo, por lo que es necesario acelerar la discusión. Estos tres asuntos no sólo son urgentes, sino que necesarios para la legitimidad del proceso de discusión constitucional. Se esgrime como argumento para impedir el diálogo sobre los temas pendientes que fueron zanjados por el plebiscito ya que la ciudadanía votó por las reglas aprobadas en la reforma constitucional de 2019. Sin embargo, ese argumento es falaz, pues no sólo quedaron pendientes, sino que lo sometido a consulta era la necesidad de un cambio de la Constitución o rechazar esa alternativa.

Asimismo, un grupo de diputadas y diputados ha presentado un proyecto de reforma a la Constitución para disminuir la regla de los 2/3. En este punto es necesario hacer una distinción. ¿Es contrario a la actual Constitución presentar un proyecto de reforma? Para nada, forma parte de los mismos mecanismos institucionales que establecen nuestro ordenamiento jurídico. Otra cosa es su viabilidad política: ¿tiene posibilidades de éxito modificar esa regla? Pienso que no, porque no se cuenta con los votos necesarios para aprobar ese proyecto.

Ahora bien, qué significa ese quorum de 2/3. Dice el art. 133 de la Constitución lo siguiente: "la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio". Esta disposición señala que cada uno de los artículos de la Constitución deberá ser aprobado por 2/3 de sus miembros en ejercicio. Algunos han sostenido que, además, para evitar contradicciones, el texto íntegro también debe ser aprobado por ese quorum.

Esto último es un error, no hay regla alguna sobre aprobación íntegra del texto más que el plebiscito ratificatorio de salida. Será, por tanto, el Reglamento el que determine si hay regla especial para aprobar por la Convención el texto íntegro para realizar la integración y armonización del texto final. ¿Puede ser 2/3? Sí, siempre y cuando así lo determine la Convención, pero nada obsta a que también puede establecerse, para esa hipótesis, un quorum inferior ya que la Constitución no se pronuncia en ese evento. Lo que sí es claro es que todas y cada una de las disposiciones de la nueva Constitución deben ser aprobadas por 2/3 de los miembros en ejercicio.

Por último, anda circulando alguna idea sobre el secreto de las votaciones de la Convención. Esta idea, peregrina en su origen, debe ser descartada. Si la reforma constitucional que permitió el plebiscito y luego la Convención Constitucional es producto de una crisis de nuestro sistema político, crisis de los partidos, en definitiva, de la democracia, no se entiende la razón de alentar el secreto de las votaciones. Lo que está en juego es el futuro del país para las nuevas generaciones y este futuro no debe construirse de espaldas a la ciudadanía o escondiendo las opiniones. Al contrario, debe alentarse la mayor transparencia y publicidad posible porque, no olvidemos, todo lo que estamos viviendo ha sido fruto de una potente movilización social. Por lo mismo, los constituyentes y las reglas procedimentales deben construirse tributando a la ciudadanía y la manera de hacerlo es con publicidad y transparencia.