A objeto de abordar la problemática del comercio ambulante, que ha tenido un importante crecimiento durante el último tiempo en las calles de Quilpué, lo que trae aparejado además una serie de delitos e incivilidades, autoridades de la comuna trabajan en una estrategia controlar la presencia de ilegales en el centro de la ciudad.

A esta labor están abocados las policías, gobernación provincial, municipalidad y seremi de Salud, con la premisa que la única forma de lograr resultados es con un trabajo coordinados y aplicar estrategias planificadas entre todos los actores involucrados.

La gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, se refirió al trabajo de esta mesa y los avances registrados sobre el tema. "Es un problema que tiene muy afectados a los comerciantes establecidos de la comuna y que sin duda, también preocupa a los quilpueínos, sobre todo en esta etapa de pandemia en que debemos evitar aglomeraciones y todo lo que pueda favorecer a que aumenten los contagios", puntualizó sobre esta problemática.

Sin embargo enfatizó que "Carabineros nunca ha dejado de atender esta problemática y han aplicado estrategias que tienen que ver más con el copamiento de espacios y un trabajo de inteligencia para disuadir a los comerciantes ilegales. Todos estamos haciendo nuestra parte, pero tal como quedó claro en esta última reunión, es fundamental que se sumen otros participantes como son el juzgado de policía local, el Servicio de Impuestos Internos y la Inspección del Trabajo, porque la única forma de enfrentar este problema, es trabajando juntos"

El alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, concordó en que la fórmula de enfrentar el problema debe estar basada en una estrategia, flagelo que no solo afecta a esta comuna.

Sin represión

El jefe comunal insistió en que "no estoy de acuerdo con ese tema de represión que se ha hecho en algunas ocasiones. La idea es lo que establecimos hace meses con la gobernación, la autoridad sanitaria, Carabineros, PDI y el municipio, y creo que ha habido un buen resultado y esta reunión lo demuestra. Los indicadores de los vendedores ambulantes han ido bajando y estamos trabajando en conjunto. Hoy necesitamos la colaboración del juzgado de policía local más la Fiscalía que nos pueda ayudar. Este no es un tema fácil, no es un problema de Quilpué solamente, es del Gran Valparaíso, de las ciudades grandes que tienen complicaciones con el tema del comercio ambulante".

Sobre el rol que podría jugar el juez de policía local, aseveró que "el magistrado en este caso, explica cómo deben ser las sanciones, de qué características deben ser para poder aplicarlas, porque a veces no se aplican como corresponde".

Uso de carros robados

El comisario de la Segunda Comisaría de Quilpué, capitán Claudio Ramírez, se refirió a las estrategias aplicadas y el reiterado robo de carros de supermercado que usan los ambulantes, que incurren en un delito de receptación.

"No existe ninguna persona natural que tenga un carro que pueda decir que lo compró para su uso personal, porque solamente se venden a entidades comerciales y cadenas de supermercados. Las cadenas de supermercados han implementado un sistema de registro de estos carros colocándoles un número de serie. Lo que hacen estos comerciantes ilegales y especialmente los extranjeros, es sacar la marca asociada a la cadena del retail, creyendo que con eso es suficiente, pero resulta que en los supermercados les tienen ingresado y grabado un número de serie que indica a qué local pertenece", detalló el oficial.

Desde los supermercados Santa Isabel de Claudio Vicuña y Los Carrera, por ejemplo, entre 2019 y 2020 se ha denunciado el robo de 129 carros.

Otra medida que tuvo buen resultado fue el cierre de algunas calles céntricas, suelen ser utilizadas por ambulantes no solo pare vender sus productos, sino que también ocupan espacios de estacionamiento durante todo el día y se retiran sin pagar parquímetro. Junto al municipio se evalúan nuevos cierres.

"Un problema que tiene muy afectados a los comerciantes establecidos y también preocupa a los quilpueínos".

Carolina Corti, Gobernadora de Marga Marga

"Este no es un tema fácil, no es un problema de Quilpué solamente, es del Gran Valparaíso".

Mauricio Viñambres, Alcalde de Quilpué

La Corte de Apelaciones de Valparaíso admitió el recurso de protección que interpuso un académico de la Universidad de Playa Ancha que era parte de la Junta Directiva del plantel, pero que fue destituido en medio de los cuestionamientos de él y otros directivos al manejo financiero de la institución.

El profesor Carlos Hernández ingresó la solicitud al tribunal de alzada porteño que este 30 de noviembre determinó que, además de tener por interpuesto el recurso, se "informe la recurrida Universidad de Playa Ancha", dentro del plazo de ocho días, debiendo adjuntar todos los antecedentes necesarios para la correcta inteligencia y resolución del recurso deducido. Asimismo, requiérase informe a "Patricio Sanhueza Vivanco (rector)" a fin que informe dentro del mismo plazo al tenor del recurso deducido, debiendo adjuntar todos los antecedentes necesarios para su correcta inteligencia y resolución". Eso sí, la Corte rechazó la Orden de No Innovar solicitada por el docente.

Al respecto, Hernández explicó que "presentamos un recurso ante la Corte, el que fue admitido, pero fue rechazada la orden de no innovar. Si lo hubiesen aprobado, yo hubiese seguido inmediatamente como director de la junta, pero la Corte dio 8 días a la universidad para que justifique la sanción que me hizo. Mientras tanto se estudia el recurso que yo puse, y la universidad, a través de su departamento jurídico, tiene que presentar los antecedentes y dar respuesta a los descargos que yo hago".

El principal argumento del académico en su recurso es que "está mal aplicado el procedimiento legal que tomó el contralor, que si bien lo hizo en función de una normativa del año 70 y tanto, en la cual se declara que un consejero de facultad no puede ser director de la junta directiva, después eso fue desplazado por otros documentos legales que existen que están explicados en el recurso. Yo entiendo que estuvo mal aplicado y me deberían reintegrar".

Junta bloqueada

Consultado sobre qué ha pasado con las dudas financieras planteadas en su momento en la Junta Directiva, contó que "con todo esto se bloqueó el funcionamiento de la Junta Directiva, que es la que tiene que aprobar las grandes decisiones, como cargos que tienen que ser visados, o el proceso del paso a la planta, y es muy extraño que la instancia máxima de la universidad no funcione".

Al respecto, desde la Universidad de Playa Ancha indicaron que no han recibido notificación de la causa.

"En relación a lo que se consulta, hasta la fecha la universidad no ha sido notificada del recurso de protección que, como usted señala, habría interpuesto el Sr. Carlos Hernández ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ni de la resolución que lo habría acogido a tramitación".

Añaden: "Como siempre, la universidad en caso de ser requerida, entregará la totalidad de los antecedentes que obren en su poder".

"Está mal aplicado el procedimiento legal que tomó el contralor (para sacarlo de la Junta Directiva). Me deberían reintegrar".

Carlos Hernández, Académico UPLA

"No ha sido notificada. (...) En caso de ser requerida, entregará la totalidad de los antecedentes que obren en su poder".

Universidad de Playa Ancha

"Las consecuencias de la represión del estallido social en Chile demuestran que algo ha fallado en el Gobierno, que tendrá que pagarlo democráticamente, un proceso que ya se inició con el "Apruebo" en el plebiscito de octubre pasado".

La fuerte opinión viene del jurista español Baltasar Garzón, quien participó en el conversatorio virtual "Memoria y derechos humanos", organizado por la Universidad de Playa Ancha (UPLA), con el apoyo de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile (AUR) y de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).

El rector de la UPLA, Patricio Sanhueza, destacó el compromiso social de exjuez, que en la práctica introdujo la universalidad en la acción judicial contra violaciones a los derechos humanos.

Garzón adquirió fama internacional cuando, siendo juez en España, logró la detención de Augusto Pinochet en Londres, Inglaterra, por las graves violaciones a los DD.HH. Sobre la crisis social en Chile, Garzón dijo que "los más de 400 estallidos oculares, los más de dos mil 500 detenidos, las más de 700 personas condenadas y las que aún siguen en prisión preventiva demuestran que algo muy importante ha fallado en un gobierno que ha tenido por santo y seña la represión de sus conciudadanos. Y eso se tiene que pagar democráticamente. Sin duda ocurrirá".