"¿Cuál es el primer fin de la sociedad?" se preguntaba Robespierre, líder de la Revolución francesa. "Garantizar los derechos de las personas ¿Y cuál es el primero de esos derechos? el de existir", respondía. La primera ley social -argüía a continuación- es asegurar a todas las personas los medios mínimos de existencia y "todas las demás leyes debieran subordinarse a ésta". Luego, en el proceso de redacción de una nueva Constitución, debiéramos reflexionar si la sociedad en la que vivimos y las instituciones sociales que hemos ido construyendo pueden moralmente justificarse. En este camino -que no es más que el de justificar la existencia misma del Estado- tenemos que ser capaces de responder si nuestra sociedad está cumpliendo con el fin primordial que identificaba Robespierre, cual es, garantizar el derecho a la existencia.

No cabe duda de que, si los ciudadanos inician su vida en condiciones justas, es legítimo permitirles que guarden para sí al menos parte de la riqueza creada por generaciones previas, y esto significa un compromiso con la propiedad privada, en tanto que ella provee una herramienta esencial para una autodeterminación efectiva. Una asignación básica de propiedad privada debería reconocerse, entonces, como un derecho de nacimiento, no como un bien escaso distribuido como retribución por un cierto comportamiento, o, peor aún, simplemente distribuido -como nos recordaba Rawls- por la suerte social y la suerte natural.

Podemos transformar este confuso siglo XXI en una nueva era de reforma liberal igualitaria, lo que contrasta con la filosofía "libertaria" que sustentó la actual constitución chilena, que se opone a los mecanismos de redistribución de ingresos y donde lo que impera es una libertad de papel, nada más que una pantalla para justificar la inacción del Estado y el gobierno del más fuerte. Una libertad igualitaria es una libertad, en cambio, real, donde la sociedad garantiza a cada individuo los recursos necesarios para poder elegir y forjar un proyecto de vida. En esta línea, uno de los nuevos derechos sociales que es fundamental reconocer en la nueva Constitución es el derecho al Ingreso Básico Universal, esto es, el derecho de todos chilenos a una suma modesta que complemente sus ingresos, de modo incondicional y pagado mensualmente, a fin de garantizar un flujo constante de ingresos y evitar que algunas personas, como está ocurriendo en la actualidad en nuestro país, sufran por la falta de recursos mínimos.

Siguiendo el ejemplo de los estados de bienestar europeos, el Estado debiera garantizar constitucionalmente un régimen de seguridad social para todos los ciudadanos que asegure la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, como un accidente, invalidez, vejez o el desempleo. Junto con ello se debe consagrar de modo explícito el principio de solidaridad en materia de seguridad social, principio que debe aplicarse también a otros derechos prestacionales, como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda o el derecho al cuidado sanitario. En este último caso, la nueva Constitución debiera reconocer el derecho a la protección de la salud como derecho universal, igualitario e integrado, garantizando el acceso a un seguro universal de salud sin discriminación y financiado con impuesto generales.

La discusión sobre una nueva Constitución para Chile requiere abrir un debate intelectualmente honesto y moralmente serio sobre los problemas sociales más importantes de la población, entre los que cabe destacar la tarea pendiente de garantizar la justa igualdad de oportunidades para todas y todos lo que implica asegurar los bienes básicos susceptibles de -en palabras de Sen- "convertir recursos en libertades". Finalmente, una nueva Constitución haría bien en declarar a los derechos fundamentales contenidos en tratados internacionales ratificados y vigentes, como parte integral de la misma. Asimismo, disponer que dichos derechos serán interpretados de manera armónica con el acervo jurisprudencial emanado de los órganos internacionales de protección de derechos humanos los que, como se sabe, fiscalizan que el Estado respete y garantice los derechos sin discriminación.

Alejandra Zúñiga Fajuri