La Universidad de Viña del Mar (UVM) y El Mercurio de Valparaíso llevaron a cabo el pasado miércoles 6 de enero el seminario web "Derecho a la vivienda, la ciudad y el territorio en el marco de la nueva Constitución", el cual contó con la presencia del ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward; del core, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional y candidato a la Gobernación de Valparaíso, Manuel Millones; la abogada porteña y candidata a la Convención Constitucional, Jeanette Bruna; el arquitecto y exseremi de Vivienda, Manuel Pedreros; y el director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la UVM, Joaquín Bustamante.

Llamativas son varias cosas: la primera, la coincidencia absoluta entre los panelistas de que el tema de la vivienda es básico, si no indispensable en el Chile de hoy, y que el derecho a ésta debe ser garantizado por la Constitución. Segundo, la amplia distancia conceptual existente entre las distintas regiones por temas vinculados a centralismo, geografía, actividad, recursos naturales, demografía y otras variables, además de la dificultad de establecer todas estas aristas en la Carta Magna. Tercero, la falta de continuidad intergubernamental de tales políticas, las que -Cancillería es un buen ejemplo- debiesen ser profundizadas en cada administración sin importar el color del Mandatario anterior.

"Vamos a jugárnosla para que el derecho a la vivienda esté en la nueva Constitución", dijo de entrada Ward, acaso uno de los ministros más presentes (desde los tiempos de Bienes Nacionales) en la Región de Valparaíso -no solo en la manzana del Congreso- en el presente Gobierno. "En Chile pasan muchos años desde el momento que una persona postula a una vivienda hasta el momento en que efectivamente la recibe", precisó el secretario de Estado, quien narró el triste caso que le tocó conocer en Valdivia sobre una universitaria que le contó que su padre había recibido un subsidio cuando ella estaba en quinto básico y que éste recién se había concretado.

Si la celeridad es un temazo, también lo son los estándares. "Ya no estamos construyendo viviendas de 35 metros cuadrados como se hacía hace algunas décadas. Eso es un problema, es como comprarse un zapato dos tallas más chico, siempre va a molestar. Y esto es algo que incide en la violencia intrafamiliar o que los niños siempre estén en las calles", explicó Ward, escamoteándole el ejemplo al laureado arquitecto Alejandro Aravena.

Conseguir definir tales mecanismos (quizás empujar una ley como se hizo en Colombia, propuso Pedreros), darle urgencia al Congreso (Millones), no temer a la entrega de ese derecho (Bruna) y cuidar las expectativas (Bustamante) es, sin duda, el gran inicio de una carta de navegación.

La respuesta tradicional de los economistas a las recesiones es invertir en infraestructura: involucra gasto público, pero atrae capitales privados y genera empleos. Sin embargo, ¿es la mejor forma de reactivar la economía pospandemia en forma sostenible?

En Chile hay más de cinco millones de edificaciones, dos tercios de las cuáles fueron construidas antes del 2000, sin estándares de eficiencia energética, por lo que necesitan tres veces más energía que una construida hoy, pues tienen tan mala aislación térmica donde el aire interior se recambia completamente cada 20 minutos. Lo mismo aplica en miles de escuelas y jardines infantiles, donde la temperatura en invierno está por debajo del mínimo para un buen aprendizaje, y los niveles de CO2, humedad y ruido están por sobre las recomendaciones.

Por otra parte, enfrentar el cambio climático requerirá grandes cambios en nuestra estructura productiva y estilos de vida. Sin embargo, ¿está la infraestructura preparada para estos desafíos? Probablemente, no. En este sentido, ¿una reactivación sostenible no debiese enfocarse en mejorar la infraestructura existente? Probablemente, sí, en base a diversas experiencias exitosas.

Un ejemplo es el cambio de las calderas de todos los hospitales de alta complejidad por sistemas eficientes, invirtiendo en torno a $ 200 millones por hospital, generando ahorros de alrededor de $100 millones por año, liderado por la AgenciaSE.

Otra iniciativa es la del Minvu con su programa de reacondicionamiento térmico de viviendas sociales construidas antes del 2000, para llevarlas a los estándares actuales. El programa invierte entre $ 3 y $ 5 millones por vivienda y reduce el gasto de energía entre un 30% y 50%.

Hasta ahora, todo va bien, pero ¿cómo las financiamos sin comprometer significativamente el gasto público? Replicando diversos casos de éxito internacionales.

Un grupo de edificaciones requerirá que parte de la inversión sea pública: viviendas sociales; escuelas y jardines infantiles; porque más que ahorros significativos de energía, las inversiones permiten mejorar notablemente la calidad de vida de los ocupantes.

Otro grupo de edificaciones públicas podría utilizar modelos de financiamiento de "ahorros compartidos", muy exitosos en EE.UU. y Alemania, en que el que hace la mejora hace, a la vez, la inversión y cobra al usuario una cuota menor a los ahorros que se producen, por un cierto período de tiempo.

Podemos tener una recuperación sostenible que genere empleos, minimice el uso de recursos públicos, incentive la inversión privada, reduzca nuestras emisiones y prepare nuestra infraestructura a los nuevos desafíos, pero para esto aplica más que nunca, por muy cliché que sea, que "si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo".

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