Luego de la insistencia permanente de varios alcaldes y del emplazamiento público hecho por el Colegio Médico, el Ministerio de Salud decidió analizar el impacto de los permisos vacacionales en el incremento de contagios en algunas comunas costeras, varias de ellas ubicadas en la Región de Valparaíso. Las advertencias del efecto que iba a tener un aumento en el traslado de personas entre la Región Metropolitana y otras zonas del país surgieron hacia fines del año pasado, cuando Chile vivía una baja de los contagios y muchas comunas que pasaron parte del invierno en cuarentena comenzaban a avanzar de fases, al punto de retomar esta especie de normalidad limitada a la cual nos tiene acostumbrados la pandemia. Los llamados de alerta no fueron gratuitos y surgían de la comparación con lo que pasaba en el Hemisferio Norte, principalmente Europa, cuyas principales ciudades comenzaban a vivir una segunda ola de la enfermedad, con grados de contagio y letalidad alarmantes.

Los cálculos iniciales hechos en ese último tramo del traumático 2020, predecían que nuestro país podría vivir algo parecido a una segunda ola a mediados de marzo; luego, dichos resultados fueron ajustados para fines de febrero. Hoy sabemos que estamos en el despegue de una segunda ola del coronavirus y que en muchas localidades el nivel de casos ya superó a los alcanzados en el momento más negro de la pandemia, en junio - julio del año pasado.

Si nos remitimos al 88° Informe Epidemiológico elaborado por el Minsal -hoy debe publicar el 98°-, la curva epidémica de casos covid-19 muestra situaciones preocupantes en Algarrobo, Concón, Olmué, Zapallar, Quilpué y Villa Alemana, todas comunas donde se aprecia un aumento constante de casos desde fines de diciembre. El registro es incluso peor para Valparaíso y Viña del Mar, cuyos gráficos revelan un tercer peak de casos, tras los ocurridos en junio y septiembre de 2020. Para ambas comunas, además las más populosas de la Región, las nuevas cifras son sistemáticamente peores que las registradas en invierno. Vale la pensa insistir en que no hay fórmulas mágicas que permitan controlar la pandemia. Aquí sólo funcionan una alta capacidad de testeos, una red de trazabilidad robusta, un control eficiente de los incumplimientos y una adecuada información sobre cuáles se consideran las conductas de riesgo. Pero dadas las actuales cifras y ante el pronto arribo de febrero -mes en el que suele salir de vacaciones la mayor parte de los santiaguinos-, vale la pena preguntar a las autoridades cuáles son las medidas previstas, porque las aplicadas a inicios de enero -ya lo vemos en las cifras de estos días- no están dando los resultados esperados. Lo que hagamos en febrero condicionará el fin del verano y el inicio del año escolar.

A casi tres años de la publicación de la Ley 21.015 sobre Inclusión Laboral, que obliga a las empresas de 100 o más trabajadores a contratar al menos a un 1% de personas en situación de discapacidad, hay nuevos avances en la materia que implican desafíos para el 2021: la promulgación de la Ley 21.275 que exige la contratación de un experto en inclusión laboral y la generación de políticas inclusivas al interior de las organizaciones.

Esta iniciativa es un tremendo avance para alcanzar un cambio cultural que valore la diversidad, sin embargo, no asegura el éxito del proceso, pues aún existe mucho desconocimiento y falta de compromiso de parte de las empresas, pues muchas siguen priorizando las medidas alternativas que propone la Ley 21.015 para cumplir con las exigencias.

Si bien hay cambios progresivos, preocupan las cifras entregadas por la Subsecretaría del Trabajo, que dan cuenta de una importante brecha de participación laboral y desigualdad de género: solo un 24,9% de mujeres y un 14%,8 de hombres en situación de discapacidad y en edad de trabajar lo hacen.

Por ello, es fundamental ampliar el foco de implementación e intervención de estas leyes, pues si bien la Ley 21.015 fue el mayor avance que Chile ha tenido en materia de inclusión, las cifras evidencian la necesidad de incrementar la participación laboral de la población en situación de vulnerabilidad más grande del país, 2 millones 800 mil personas, de las cuales el 50% pertenece a los dos quintiles con menores recursos.

Es prioritario que el Estado considere a personas en situación de discapacidad como parte de los grupos vulnerables en las medidas de reactivación económica, focalizando recursos para promover su inclusión y permanencia, generando programas dirigidos a las personas y a las empresas, buscando un impacto significativo y sostenible.

Gracias a la Ley 21.275, las empresas ahora contarán con un experto que asegure una mediación adecuada, pero es importante asesorarse por entidades competentes y con trayectoria en la temática para la elección de este especialista, teniendo como foco que la medida sea exitosa y un aporte para la empresa y sus colaboradores.

Ya hay empresas que han decidido tomar este desafío, confirmando el inmenso universo de beneficios que les aporta la apertura a la inclusión. Esta acción debemos tomarla como un ejemplo a seguir, pero es importante no considerar la contratación de personas en situación de discapacidad como una acción de Responsabilidad Social Empresarial, sino que valorar a cada persona como un aporte y entender que el talento y la gestión de la diversidad otorga grandes beneficios a las compañías.

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