Complejo regreso a clases
El retorno a los establecimientos educativos dispuesto para el lunes 1 de marzo amenaza con convertirse en otro foco de conflicto. El conflicto de la Educación tendrá un nuevo capítulo, condicionado por el voluntarismo del Gobierno, los errores de sus ministros y el temor de las familias a los aún insondables alcances de la pandemia.
Este Diario consultó durante la primera jornada del proceso de vacunación de profesores a varios docentes de la zona, quienes se reconocieron preocupados por los efectos de la pandemia en las aulas y, por ende y en muchos casos, reticentes a retomar las clases el próximo lunes 1 de marzo, como lo dispuso el Ministerio de Educación en su calendarización para este año.
La presidenta regional del gremio, Violeta León, en línea con la directiva nacional, insiste en que las comunas debiesen estar en fase 4 de Apertura inicial para que sus asociados inicien funciones en los distintos establecimientos del país, precisando que en muchos de los colegios y liceos públicos no están las condiciones de higiene mínimas (toallas de papel, mascarillas, alcohol gel, etc.), como tampoco se ha formalizado plazo de entrega de estos elementos. Asimismo, León demanda garantías de conectividad para los estudiantes (computadores, tablets, teléfonos, conexión a internet), asumiendo que el proceso de retorno es voluntario y que muchos apoderados optarán por no enviar a sus hijos a clases hasta nuevo aviso.
Por último, la presidenta del gremio denunció que más de cuarenta colegios públicos y particulares subvencionados han anunciado el regreso a clases para el próximo lunes 22 de febrero, lo que chocaría con la orden ministerial del 1 de marzo. El tema fue puesto sobre la mesa y será investigado por la seremi de Educación, Patricia Colarte, quien también hizo un llamado a colaborar en la continuidad educativa de la zona, atendiendo la fecha y la modalidad híbrida (clases presenciales y a distancia) acordadas con el propio Colegio.
Con todo, no solo son los profesores los que han levantado la alerta respecto de un posible incumplimiento de los plazos de reintegración a los establecimientos educacionales. En la misma línea, diversos apoderados -también contactados por este Diario- se manifestaron reacios a enviar a sus hijos a clases, como lo dijo María Aceituno, la presidenta del Centro de Padres y Apoderados del emblemático Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, aduciendo problemas con los baños y la existencia de solo cuatro auxiliares de aseo para 43 cursos.
No es todo. La directiva nacional del Colegio de Profesores y varios alcaldes han puesto énfasis en otros temas tan espinudos como el traslado de los menores a los establecimientos y la inmunización completa de los profesores y auxiliares vacunados con sus dos dosis de vacunas, lo que no será una realidad, en el mejor de los casos, hasta el mes de abril.
En suma, el conflicto de la Educación parece que tendrá un nuevo capítulo, condicionado por el voluntarismo del Gobierno, los errores de sus ministros (lo de Palacios ayer es de antología) y el lógico temor de las familias a los aún insondables alcances de este segundo año de pandemia.