El violento portonazo sufrido por Natalia Díaz y su hijo Nicolás muestra con crudeza cómo agazapada tras las urgencias de la pandemia, persiste casi como un problema estructural una delincuencia asociada a ilícitos de alta connotación social. La mujer y el joven de 28 años llegaban a su casa, en el condominio Alto Laguna de Curauma, cuando fueron abordados por ocho individuos que se bajaron de dos vehículos y los agredieron para robarles el auto Mercedes Benz en el cual transitaban. Primero los interceptaron, luego los amenazaron con armas de fuego, pero al encontrar resistencia los antisociales les golpearon con la cacha de las mismas armas para reducir a la familia porteña.

El incremento de algunos delitos violentos es un fenómeno que marcó el año pasado, de acuerdo a las propias cifras dadas a conocer hace algunas semanas por el Ministerio Público. La fiscal regional, Claudia Perivancich, dijo en su minuto que "hemos trabajado con grupos multidisciplinarios en algunos delitos particularmente violentos, de modo que es un permanente llamado de atención para nosotros, un interés nuestro de perfeccionar el desempeño de la labor de los fiscales en conjunto con la de las policías".

Sin embargo, el caso de Curauma plantea una preocupación adicional por sus características particulares, en un barrio que ha vivido un crecimiento poblacional acelerado en los últimos años. Alejandra Jiménez, miembro de la mesa de seguridad de la dirigencia vecinal del sector, dijo que la preocupación de los residentes de Placilla radica en el sistema de robo sin precedentes utilizado la noche del martes. "Es lamentable que se vea esta modalidad en Placilla. Lo peor es que se va a sumar a los asaltos a mano armada y los disparos que se escuchan en la noche, además de otros casos que ponen en riesgo la seguridad de la zona", concluyó la vecina, quien agregó que las peticiones constantes para que se aumente la presencia policial en el sector han tenido poco eco en las autoridades de la zona. Portonazos similares han ocurrido este verano en Villa Alemana, Quilpué y otras comunas de la zona, marcando un fenómeno que debe ser abordado de forma conjunta con las autoridades policiales.

Incluso, el ejemplo particular de esta semana en Curauma lleva a preguntarnos sobre cómo opera el actual Plan de Seguridad Comunal elaborado por el municipio porteño en la actual administración del alcalde Sharp y qué medidas preventivas plantea en conjunto con la ciudadanía. No hay espacio para que, ante este tipo de graves hechos, cada uno de los organismos encargados de la seguridad pública -sí, los municipios también tienen su cuota de injerencia en este tema- reconozca sus falencias, reagrupe sus esfuerzos y se coordine en mejorar los planes preventivos o los investigativos y de persecución penal cuando los primeros fallen. Y ello debe ocurrir con prontitud, antes que los portonazos dejen de ser un delito esporádico.

El modelo unitario del Estado de Chile, su centralismo estructural y nuestro régimen de excesivo presidencialismo han sido una de las causas de las diversas inequidades sociales y desigualdades territoriales que por años se han acumulado y que en la actualidad se hacen evidentes para quienes habitan en regiones o comunas alejadas de la capital nacional.

La revuelta social del 18 de octubre encontró como una de sus demandas sociales más importantes la corrección de estas desigualdades sociales y territoriales; por tanto, parece del todo presumible la necesidad de ubicar como uno de los puntos centrales de la discusión constitucional el debate sobre qué modelo de Estado queremos, en cuanto a su forma geopolítica, administrativa y territorial.

En este escenario, el cuestionamiento al excesivo modelo presidencialista y concentración de poder en la capital nacional parecen ser un consenso; sin embargo, la ruta a seguir aparece aún incierta. No obstante, sea cual sea la respuesta, el debate debe ser abierto y sin dogmas conservadores, de forma tal que permita dar respuesta al necesario proceso de refundación política y administrativa que nuestro país necesita.

Como han venido planteando algunas académicas y candidatos a constituyentes, resulta fundamental avanzar a lo que se conceptualiza como "descentralización democrática", en cuya forma y modelo de Estado se logre efectivamente una redistribución del poder político desde el nivel central hacia los niveles subnacionales, permitiendo la participación ciudadana vinculante sobre la planificación de políticas y, en definitiva, sobre el destino de sus territorios.

Lo anterior implica -entre otras cosas- terminar con la planificación y focalización de políticas públicas en la capital nacional o capitales regionales en desmedro de la gran mayoría de comunas que componen nuestro país, de tal manera de relegitimar las instituciones y servicios públicos regionales y comunales, con una intensa discusión sobre sus niveles de autonomía.

El contexto de debate constitucional nos obliga a profundizar los anhelos descentralizadores que estaban vigentes antes del 18 de octubre, siendo una oportunidad histórica para discutir y plantear -desde las regiones- qué modelo de Estado queremos y, por tanto, una posibilidad de materializar un nuevo modelo de desarrollo donde la gestión territorial integrada, la sustentabilidad ambiental y ecológica, el crecimiento económico, la equidad social y el feminismo, sean sus pilares fundamentales.