Katherine Escalona M.

La información confirmada el lunes por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, en la Comisión de Economía de la Cámara, sobre un eventual sobreprecio pagado por los productos de las cajas de alimentos distribuidas por el Gobierno a nivel nacional en el marco del programa "Alimentos para Chile", provocó diversas reacciones a nivel regional.

Ayer, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional (Core), Miguel Pérez, aseveró que este jueves se conformarán las dos comisiones especiales -una por el convenio Core que dio aportes al Ministerio de Salud (Minsal) y otra por el sobreprecio de las cajas de mercadería- para investigar y transparentar la información.

Lo importante, aseveró, es esclarecer por qué en Valparaíso hay un diferencia de costos de un 57%. Se pagó $35 mil y fracción por caja de alimentos, siendo que había ofertas más baratas de $12 mil a $13 mil, según estipula el informe de contabilidad y finanzas de la Contraloría.

"El propósito es transparentar frente a toda la ciudadanía lo que ha pasado con esto y, lamentablemente, son los gobierno de turno, el Ejecutivo, que tiene que dar cuenta de esto. (...) No tengo ninguna duda de la probidad de Jorge Martínez, pero sí puedo decir que, en este caso de las cajas, tal vez se le escapó un poco de las manos por tanto trabajo que tiene u otra cosa. La investigación debe determinar cuál es el proveedor y por intermedio de qué empresa se hizo", aseveró Pérez.

Asimismo, precisó que "independiente del costo que haya para mí, para el intendente, para algunos consejeros, lo que sea, se tiene que transparentar. Estamos hablando acá de una mala práctica para poder aprovechar los recursos lo que es muy lamentable".

Sobre la compra directa por $3 mil millones a la Central de Compras La Calera S.A, (Cencocal), cuyo representante legal es Alexis Chahuán Salah, Pérez reconoció que "ese antecedente lo va a ver la comisión especial".

Mientras, el diputado Andrés Celis (RN) consignó que "no hay fundamento alguno que justifique el sobreprecio en que incurrió la Intendencia al suscribir un trato directo con una empresa que tiene su domicilio en La Calera, es por esta razón que nosotros haremos una presentación complementaria para que sea el ente contralor regional quien determine las eventuales irregularidades administrativas".

"todo fue autorizado"

Consultado sobre la situación, el intendente, Jorge Martínez, afirmó que se hizo todo en regla y descartó irregularidades.

Explicó que "votamos como Gobierno Regional comprar cajas de alimentos, eso se hizo en un procedimiento sabiendo que esas cosas posteriormente se emplean políticamente. Lo que hice antes de comenzar cualquier procedimiento fue pedirle al contralor regional de la República una reunión de trabajo para establecer un mecanismo tal que nosotros pudiéramos asegurar a la comunidad y a quien le interesa la plena transparencia de todo lo que se hizo".

Martínez manifestó que "hemos hecho auditorías, todas las compras que se hicieron fueron autorizadas por Contraloría, todos los informes de la Contraloría con mejoras los hemos respondidos, así que puedo dar fe de la transparencia, la eficacia, la probidad que me exigió el Presidente se está cumpliendo".

Añadió que envió un informe al Core el 2020 y uno este año y "no hay ningún problema". Ante las críticas de Celis, afirmó que "hay un parlamentario que está pidiendo las boletas, los informes, las notificaciones de licitaciones, todo está a la vista y lo que puede pedir cualquier ciudadano.

Además, recalcó que la asignación directa se hizo "por rapidez y por tiempo, pero licitamos eso a través de Mercado Público y quien quiera ver está abierto para cualquier ciudadano, no solamente para quienes tienen la potestad jurídica de fiscalizar".

"Independiente del costo que haya para mí, para el intendente, para algunos consejeros, lo que sea, se tiene que transparentar".

Miguel Pérez, Pdte. Comisión de Fiscalización

"Hemos hecho auditorías, todas las compras que se hicieron fueron autorizadas por Contraloría".

Jorge Martínez, Intendente

Elevado poder de fuego y delincuencia es el que existe actualmente en la parte alta de la comuna de Valparaíso.

Respecto a esto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, declaró que incluso durante los robos con intimidación y con violencia "se utilizan armas de fuego". La autoridad enfatizó que "desde el 2018 a la fecha, hemos estado viendo cómo aumenta la posesión de armas en manos de los delincuentes", por lo que en esa época se presentó un proyecto de ley para abordar esta grave problemática.

"Es por esto que urge avanzar con este proyecto de ley", indicó la subsecretaria, explicando además que "el 90% de las armas incautadas por la PDI son de personas que han sido poseedores legítimos de estas. Eso quiere decir que no estamos hablando de una internación de armas o contrabando, sino que estamos hablando de armas legítimas, pero que no han sido adecuadamente fiscalizadas".

"La fiscalización que hace Carabineros se basa en una normativa que solo permite fiscalizar en ciertos horarios y si se llega a un lugar donde se debe inspeccionar, se toca el timbre y la persona no deja entrar, el carabinero no puede cumplir su labor", afirmó la autoridad sobre la necesidad de mejorar la legislación.

Asimismo, manifestó que hoy, cuando una persona es víctima de violencia familiar, "no se establece la medida de prohibir que el posible agresor tenga un arma". Y enfatizó que "hoy tenemos una normativa que está absolutamente fuera de la realidad que estamos viviendo".

Sobre los tiroteos y alta criminalidad en los cerros de Valparaíso, Martorell aseguró que "esos sectores son barrios prioritarios. Por lo tanto, existe un trabajo coordinado por las diversas instituciones del Estado". Ello se basa en tres pilares fundamentales: policial, vivienda y social.

"¿En qué consiste? Primero, en el pilar policial, mayor patrullaje, mayor cercanía y un pilar investigativo", el cual está enfocado en desbaratar las bandas delictuales del lugar.

"En la vivienda -continuó-, generar proyectos de viviendas sociales, de infraestructura, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. Y en lo social, tenemos alta deserción escolar, por lo que (se debe) recuperar la educación, recuperar la salud en esos sectores y generar una presencia del Estado. También rehabilitación y reinserción de niños y adolescentes".

Fiscalizaciones

Por otro lado, la subsecretaria se refirió a la intensa vigilancia realizada durante el fin de semana, indicando que la región "es la que más fiscalizaciones realizó a nivel nacional, con más de 26 mil fiscalizaciones".

El intendente, Jorge Martínez, también se refirió al tema, declarando que durante "el pasado sábado, domingo y lunes, hubo 120 mil fiscalizaciones en la Región de Valparaíso. Casi 500 detenidos por vulnerar las normas sanitarias contenidas en el artículo 318 del Código Penal".

Respecto a las preocupantes cifras de la pandemia, insistió que "aquí lo único importante y es que sentimos todos que estamos salvando vidas y transmitir que estamos en un período complicado de la pandemia. No se expongan.

"Estamos hablando de armas legítimas, pero que no han sido adecuadamente fiscalizadas"

Katherine Martorell, Subsecretaria de, Prevención del Delito

Con el objetivo de controlar que la ciudadanía esté cumpliendo las normas establecidas por la autoridad sanitaria, hasta la Estación Puerto llegaron distintas autoridades encargadas del funcionamiento de la región.

Uno de ellos fue el jefe de la Defensa para la región, contraalmirante Ramiro Navajas, quien sostuvo que "aparte de implementar controles móviles en distintas partes de la ciudad, también lo estamos haciendo en la locomoción colectiva, como en este caso el Metro de Valparaíso, donde estamos controlando al interior de los vagones que las personas cuenten con sus permisos válidos, que utilicen las mascarillas y que mantengan el distanciamiento social".

Por su parte, la gobernadora(s) de la provincia de Valparaíso, Leslie Briones, quien también estuvo en el lugar, señaló que "esta es una estrategia que es dinámica, que va cambiando día a día y lo que busca es poder controlar a aquellas personas que están infringiendo la normativa".

En este sentido, durante el último fin de semana se detuvio a 417 personas sin portar permiso, mientras que otras 5 fueron aprehendidas por utilizar permisos falsos.