Un proceso sumarial sugirió realizar la Unidad de Control de la Municipalidad de Valparaíso, por la eventual responsabilidad que pudiera corresponder a personal de la casa consistorial por anomalías de carácter administrativo detectadas en una auditoría realizada al "Programa Comunitario de Fortalecimiento de Espacios Públicos y Patrimoniales de la Comuna de Valparaíso".

Entre otros objetivos, la iniciativa en cuestión busca contribuir al desarrollo de proyectos urbanos que mejoren la calidad de los espacios públicos y patrimoniales de la comuna, acompañar el seguimiento de la cartera de proyectos municipales relacionados al sentido del programa y apoyar la postulación de fondos públicos y privados que permitan la obtención de nuevos recursos para la generación de proyectos urbanos.

No pasó por el COncejo

El informe analizó los alcances, objetivos, actividades, monto asociado a la contratación, personal contratado y mecanismos de control implementados en el desarrollo de la iniciativa, que comprendió el período 2019-2021.

El documento cuestiona, en primer lugar, que el programa "no ha contado con el acuerdo del Concejo Municipal durante toda su existencia, tal cual lo exige el artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades". Además, consigna que la Unidad de Control municipal "solo pudo establecer la existencia del Programa Comunitario del año 2019, no así el programa correspondiente a los años 2020 y 2021. En consecuencia, no es posible verificar su fundamentación, objetivos, proyección de actividades y cometidos y Carta Gantt".

El monto total pagado al personal a honorarios adscrito al programa durante los años 2019 y 2020, 15 y 19 trabajadores, respectivamente, ascendió a $ 452.390.412. Ahora bien, el cuestionamiento apunta sobre todo a que la mayoría del personal ha realizado labores que no se condicen con el cometido contractualmente encargado, puntualizando que "no existe relación o concordancia entre las funciones de los profesionales establecidas en los contratos e informes de desempeño de los mismos".

Más aún, precisa que tales labores pudieron haber sido asumidas por la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) y Asesoría Urbana. "A la luz de los contratos y fichas de desempeño tenidos a la vista, es posible concluir desde ya que las tareas y labores desempeñadas por el personal contratado durante los años 2019, 2020 y 2021 no dan cumplimiento a las exigencias previstas por la jurisprudencia administrativa sobre la materia, por cuanto se trata de labores vinculadas a funciones permanentes de la gestión interna de la Secpla", señala el informe.

"programa fantasma"

En concejal Daniel Morales, que preside la Comisión de Patrimonio y Turismo del municipio y solicitó esta auditoría, calificó en duros términos la iniciativa a la luz de los antecedentes que reveló el análisis de la Unidad de Control, señalando que se trata de "un programa fantasma, parasitando del concepto de patrimonio, para generar en menos de 30 meses sueldos que superan los 500 millones de pesos en total".

Agregó que "esta es una evidencia concreta de una acción deliberada, con objetivos muy distintos al fortalecimiento de los espacios públicos patrimoniales, y lo lamentable es que la responsable directa hoy se retiró de la dirección de Secpla para ser candidata a constituyente, dejando un vacío en la responsabilidad de estos graves hechos sobre los cuales vengo consultando por más de cinco meses".

Desde la Dirección de Comunicaciones de la municipalidad se indicó que "este tipo de programas son los que permiten al municipio cumplir una serie de tareas y funciones para entregar servicios a la comuna. En consecuencia, los/as profesionales adheridos a este programa cumplen funciones claves para el servicio que otorga la municipalidad, tal como ha sido corroborado en anteriores auditorías".

"Esta es una evidencia concreta de una acción deliberada, con objetivos muy distintos al fortalecimiento de los espacios públicos patrimoniales".

Daniel Morales, Concejal