Correo
Rol de los padres
Leí con la mayor atención la carta enviada a El Mercurio de Valparaíso por la abogada de la Corporación Opción, señora Camila de la Maza, relativa a la autonomía progresiva de los niños y la titularidad de sus derechos que de ella se desprende. Al respecto, quiero entregar el siguiente aporte.
En efecto, los niños van adquiriendo progresivamente autonomía; el punto es que esa progresión nadie puede medirla mejor que los padres, quienes, guiados por su experiencia y su cariño, los van orientando y encausando en su desarrollo e integración a la vida. En esta obligación y derecho de los padres nadie puede pretender sustituirlos y el Estado no puede ni debe intervenir, excepto cuando se trata de niños en situación de vulnerabilidad.
Francisco Bartolucci J. Abogado y profesor
Royalty
En Chile ya existe un impuesto específico a la actividad minera. Este impuesto permite al Estado una mayor recaudación cuando el precio del cobre sube y mejoran los márgenes de la industria. Pero, además, corresponde a un tributo adicional por concepto de utilidades que no pagan el resto de las empresas del país.
Aumentar el impuesto puede traer grandes efectos en la competitividad. De hecho, la industria se ha visto fuertemente afectada en los últimos años por una menor estabilidad política, la pérdida del potencial mineral y el régimen tributario.
Esto ha llevado a aumentar los costos de producción, lo que ha ocasionado una caída de la participación de Chile en la producción mundial de cobre, pasando de 36% en 2000 a 28% en 2019.
Introducir nuevos tributos puede afectar el empleo en zonas mineras, afectando a todas las empresas que contribuyen en los procesos productivos de las mineras.
Tomás Bardavid Orellana
Impuesto a los superricos
¿Quién se hará responsable de los efectos de un mal proyecto de ley sobre impuesto a los superricos, cuando no se recaude lo que el papel indica? Supuestamente se recaudarán muchos millones de dólares de ingresos para el Fisco. Lo mismo se esperaba de la reforma tributaria del 2014, que quería financiar, con plata que nunca se recaudó, una mala política pública, educación universitaria gratuita y universal. Nunca fue.
¿Quién sufrirá los efectos cuando los capitales "salgan corriendo" a una jurisdicción que no contemple este impuesto al patrimonio (que son la mayoría de los países del mundo)? ¿Quién se hace cargo del desincentivo a la inversión y el ahorro que implica este proyecto si es aprobado? ¿Quién se hace responsable de la vulneración a las normas constitucionales en el procedimiento de formación de esta ley?
Y, por último, ¿quién se hará responsable de la violación a principios constitucionales como el de no afectación de los tributos? Decídalo usted, pero, claramente, no serán los superlesos que están promoviendo el impuesto a los superricos.
Rocío Cantuarias Rubio
Hotel Cerro Castillo
Con profundo sentimiento y nostalgia les puedo comentar a todos los viñamarinos y porteños que el Hotel Cerro Castillo fue vendido y que don Germán Jara Thomas, después de más de 30 años dedicado al rubro hotelero, cierra una etapa en su vida.
Quiero hacer un reconocimiento a este caballero y gran señor por considerarme su amigo, ya que en estos últimos años me ha demostrado su confianza y amistad. Le deseo lo mejor en lo que viene a futuro y que disfrute plenamente de los logros conseguidos de su sacrificio y trabajo durante estos años, en un rubro que ha sido tan golpeado en este tiempo de pandemia.
Por eso, envío esta carta como reconocimiento a su trayectoria hotelera en la ciudad de Viña del Mar, por más de 30 años.
Leopoldo Cabeza R.
Orden público
El Congreso aprueba proyectos de ley que violan normas constitucionales; el Gobierno no cumple su obligación esencial, que es la conservación del orden público; guerrilleros, terroristas y vándalos actúan impunemente; el Estado no tiene el control sobre vastas regiones de su territorio y es incapaz de garantizar en ellas el Estado de derecho; diversos actores políticos promueven la violencia y la insurrección revolucionarla; la ciudadanía vive con miedo, inseguridad y desesperanza.
Esta situación de anarquía -ausencia de poder público, desconcierto, confusión, caos o descontrol debido a la falta o debilidad de una autoridad- que estamos viviendo se debe principalmente a la lenidad del Gobierno, que no aplica la violencia física legítima del Estado a la que está obligado por deber de justicia y de autoridad para reprimir a quienes subvierten el orden social e institucional de la República y lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común.
Adolfo Paúl Latorre Abogado