En medio de tensiones y discusiones muchas veces inconducentes que tienen como escenario el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto de ley mediante el cual se da un financiamiento permanente al Bote Salvavidas.

El acuerdo, resultado de una iniciativa presentada por varios diputados, establece que un porcentaje de la recaudación de la Polla Chilena de Beneficencia irá a la Junta de Botes Salvavidas, que agrupa a siete instituciones del país que atienden en forma voluntaria las emergencias en el mar.

La más importante de estas instituciones es el Bote Salvavidas de Valparaíso, que tiene sus orígenes en arriesgadas labores de salvataje en la bahía acometidas el siglo antepasado.

Esta institución, con el paso de los años, ha incorporado diversos elementos para su operación en condiciones extremas en el mar, lo cual implica altos costos de mantención, más allá de los aportes que hacen sus voluntarios. En el caso del Bote de Valparaíso, la situación se ha hecho especialmente delicada, pues los aportes que tradicionalmente se lograban mediante la concesión del restaurante, situado en la parte superior del cuartel, han desaparecido por efecto del cierre del local en la actual emergencia sanitaria.

El proyecto ya aprobado por los diputados debe ahora pasar al Senado, donde se espera celeridad, ya que cuenta con apoyo transversal y no compromete recursos que puedan ser materia de objeciones. El tributo al juego, en este caso Polla Chilena de Beneficencia, es un aporte que no duele ni toca intereses.

Hay que hacer presente, sin embargo, que el rendimiento esperado es reducido, pues alcanza a solo 18 millones de pesos anuales. Con todo, tiene el mérito de ser una entrada permanente consagrada por ley, que podría ser un paso en una ruta futura de mayores ingresos en esa misma condición.

Destacando el valor de esta iniciativa, el capitán del Bote Salvavidas de Valparaíso, Hugo Montenegro, quien a la vez es comandante de la mencionada Junta, declaró a este Diario que "este es un aporte que viene a paliar una situación que ha afectado a nuestras instituciones, y la verdad es que nunca los botes salvavidas de Chile habían tenido un aporte en el presupuesto general de la nación en forma estable, permanente, y por lo tanto, siempre han debido subsistir con sus propios medios, con el aporte que hacen sus propios voluntarios y con eventuales proyectos que a veces ganan".

Puede que en lo económico el aporte que se entregará no sea muy elevado, pero su importancia reside en el necesario reconocimiento por ley a una institución de voluntarios que incluso arriesgan sus vidas para proteger a los demás. Ejemplo muy concreto, lejos del discurso, en tiempos en que la solidaridad es un recurso escaso que para muchos llega con un mezquino gotario.

Los efectos multidimensionales de la pandemia han ido acentuando manifestaciones de una crisis política, social e institucional que se visibilizó a partir del 18 de octubre del 2019. En primer lugar, como sucede en todas las crisis, las urgencias dejan relegados los temas importantes que inciden en el mediano o en el largo plazo y, en consecuencia, se va generando una dicotomía o brecha sobre la calidad de las políticas públicas.

En más de alguna ocasión he utilizado una metodología de trabajo de Dani Rodrik, profesor de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard, para el diagnóstico del crecimiento. En este sentido, una estrategia para decidir sobre las prioridades de la política tiene sinópticamente tres pasos: diagnosticar el crecimiento, diseñar política e institucionalizar las reformas. Lo relevante de esta metodología es que nos recuerda que las políticas públicas que elige cada país son, a la larga, el factor determinante del crecimiento económico.

En los últimos meses hemos conocido una serie de datos que nos producen una doble sensación de paradojas. Por ejemplo, la Dirección de Presupuestos (Dipres) nos entrega una información de que Chile sería líder entre los países emergentes en el apoyo del Estado durante la pandemia, destacando que el impulso fiscal habría sido equivalente al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del orden de los 30.000 millones de dólares. Por otro lado, el Banco Mundial publicó un estudio que estimaba en 2,3 millones de personas de clase media que habían retrocedido a la vulnerabilidad. En otros estudios, Techo-Chile y Fundación Vivienda registraban que durante el 2020 hubo más de 80.000 familias viviendo en casi mil campamentos, lo que implicó un alza del 74% y 21% en familias y asentamientos, respectivamente, en relación al 2019. El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó durante el 2020 estimaciones donde la población en situación de pobreza de ingresos había aumentado desde un 8,6% el 2017 a un 12,2% al 2020.

En otras palabras, tenemos una brecha de percepciones sobre los datos duros y uno de sus principales e inmediatos desafíos es la necesidad de construir un diagnóstico compartido y, en consecuencia, poder consensuar políticas públicas que enfrenten eficazmente las urgencias y puedan abordar con consistencia técnica y legitimidad social y política los enormes retos que tenemos como país en el mediano y largo plazo.

Finalmente, para darle un aterrizaje regional al diagnóstico de algunos de los desafíos que tenemos como territorio, solo enuncio dos: el primero relativo al mundo del trabajo, comparando las cifras del último trimestre móvil disponible del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con el último trimestre antes del 18 de octubre, donde la población crece a una tasa del 2,0%, pero la fuerza de trabajo ha disminuido en 69 mil personas, un 7,2%; y en el último trimestre móvil hay 94 mil menos empleos que hace 18 meses y los desocupados se han incrementado en casi 25 mil personas en el mismo período, es decir, hay más población, menos fuerza de trabajo, menos empleos y más desempleados que hace un año y medio. El segundo dato duro es que el PIB de la región al 2020 había retrocedido al año 2014 y el PIB per cápita al 2020 estaría a niveles equivalentes al 2010.