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Más de 4 mil reclamos contra organismos públicos de la región de Valparaíso ha recibido el Consejo para la Transparencia (CPLT) a contar de 2009. El año pasado ingresaron 635 y en 2021, hasta fines de mayo, ya superaban la barrera de los 300. Desde hace un tiempo la región se mantiene como la segunda a nivel país con mayor número de solicitudes de información. Sin embargo, y al mismo tiempo, sus instituciones ocupan también el segundo lugar con más cantidad de casos abiertos por denegación de acceso a la información o infracciones a las normas de Transparencia Activa.

Entre los establecimientos con más reclamos en su contra destacan las municipalidades. De hecho, más de la mitad de los casos a nivel regional apuntan contra municipios (2.304), seguidos por los casos contra órganos centrales (1.706). Pese a ello, en términos históricos, son el Servicio Nacional de Aduanas, la Municipalidad de Valparaíso, la Seremi de Salud, la Municipalidad de Viña del Mar y el Sernapesca lo que encabezan el ranking de las instituciones con más reclamos.

EFECTOs de la pandemia

La presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, explica que las quejas alcanzan "una cifra importante en la Región de Valparaíso, si bien obedece en buena parte a que es una de las regiones más grandes de este país". "Independiente de eso, uno ve que existe un efecto asociado a la pandemia, cuyos elementos coyunturales o contextuales generan una necesidad mayor de información, que se traduce en más solicitudes. Por lo mismo, también han aumentado los reclamos", sostiene.

"Particularmente, desde que se inició la pandemia, las solicitudes de acceso a la información se han concentrado en los municipios. No debiera causarnos extrañeza, ya que en la práctica son la puerta de entrada de las personas ante el Estado. Esas solicitudes, además, tienen un componente bien importante, y es que en en su mayoría no son asociadas a la rendición de cuentas de autoridades: se relacionan más bien con el derecho llave, es decir, con el ejercicio de otros derechos", agrega

El XII Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales lo confirma, revelando que en el contexto de la crisis social y sanitaria, las personas que realizaron solicitudes de acceso a la información aumentaron en 8 puntos en el último año. A nivel país, el alza está impulsada por la necesidad de respuestas sobre subsidios y beneficios (32%), y la mayoría consulta respecto a temas de vivienda, trabajo, cesantía y pensiones.

Por último, respecto a los órganos no municipales con cuantiosas solicitudes, la titular estima que "en el caso de Valparaíso, tiene que ver con las particularidades de la región. Por ejemplo, allí se localizan dos de los puertos más importantes del país. Entonces, no es raro que las instituciones más solicitadas sean éstas, además de los municipios, con quienes estamos trabajando justamente para apoyar su labor en la búsqueda de buenas prácticas y mecanismos de acceso a la información pública".

Inicio de sumarios

Pese a que los nombres de las instituciones permanecen en reserva, el CPLT dio a conocer recientemente el inicio de 17 investigaciones por eventuales incumplimientos a la Ley de Transparencia. Entre ellas, una busca esclarecer e identificar responsabilidades a causa de irregularidades -solicitudes sin respuesta, atrasos que exceden el límite de tempo legal o la no presentación de descargos tras interponerse amparos, por ejemplo- que habría cometido un organismo público local.

"En los próximos días vamos a oficiar a una institución de la región, que por supuesto no puedo revelar todavía, sin que antes sea notificada. Pero sí, hemos decidido iniciar acciones sumarias por el incumplimiento a la Ley de Transparencia, que además, en estos casos, muchas veces, ocurre de forma reiterada", confirma Gloria de la Fuente, explicando que el Consejo está facultado para "aplicar las sanciones que correspondan a las instituciones que están incumpliendo este derecho fundamental de las personas a acceder a la información pública".

En específico, precisa, el juicio podría resultar en multas contra "la autoridad, jefatura o jefe superior del servicio requerido en el que se haya comprobado que no se respondió o que se denegó sin fundamento el acceso a la información".

"Estas sanciones, según lo establecido en la Ley de Transparencia, pueden oscilar entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual de dicho funcionario o funcionaria", adelanta.

"Nosotros hacemos un levantamiento de antecedentes que nos permite hacer un diagnóstico sobre la situación y las razones por las que ha ocurrido esto, y sobre esa base se determina si corresponden las sanciones o no", explica la presidenta del CPLT, que indica que "como órgano garante de derechos, tenemos que estar a la altura de nuestra tarea de defender el derecho de las personas a estar informadas".

"Identificamos que hay un desafío entre las instituciones, que es responder a tiempo. Iniciamos procesos sancionatorios porque identificamos ciertas brechas que tenemos que analizar. Y si en algún caso se requiere establecer sanciones ejemplificadoras cuando lo que se vulnera son derechos fundamentales, es lo que nos toca hacer", afirma.

"En los próximos días, vamos a oficiar a una institución de la región (...) por el incumplimiento a la Ley de Transparencia".

Gloria de la Fuente, Presidenta CPLT

El consejero regional y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional (Core), Manuel Millones, efectuó un enérgico llamado a todas las autoridades de la zona y al municipio de Viña del Mar a encontrar una solución urgente a la toma "Maricheweu", de Miraflores, que hasta hace pocos días tenía una orden de desalojo del terreno ubicado en la avenida Padre Hurtado N° 2125.

El core indicó que se deben hacer todos los esfuerzos para no afectar la construcción del Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR ) que allí se proyecta, anhelada e importante obra de salud que va a beneficiar más de 40 mil personas y parea lo cual ya existen recursos aprobados, pero al mismo tiempo realizar las gestiones necesarias para dar una respuesta a las familias que requieren una solución habitacional.

"Hay que decir que el director regional del Serviu, Tomás Ochoa, tiene la total disposición para resolver este conflicto, ya sea a través de subsidios flexibles y también la posibilidad de encontrar otro terreno fiscal para trasladar a las familias que están en la superficie del SAR, mientras se les encuentra una solución definitiva", puntualizó Millones.

De todas formas, también hizo un llamado a las familias a que comiencen a cumplir con los requisitos básicos para postular a subsidios o beneficios habitacionales, tal como lo hacen todas las familias que buscan soluciones definitivas vía operaciones del Serviu.

"Lo importante es que tanto la autoridad saliente como la entrante en la alcaldía de Viña del Mar expresen su disposición total de llegar acuerdos para evitar que se afecte tanto a la población de Miraflores que requiere el centro de salud y a las familias del asentamiento irregular, a quienes no se les puede desalojar en medio de una pandemia", sostuvo el consejero regional.

Millones recordó que el terreno donde se levantará el SAR de Miraflores es de propiedad municipal, por ende, "el municipio debe ser un actor activo para encontrar una solución".