Con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual quedaron ayer Vania Castillo Acosta y Nelson Morales Sepúlveda, tras ser formalizados en el Tribunal de Garantía de San Felipe por los delitos de sustracción de menores y desacato, luego que en 2014 decidieran huir con una niña de tan solo 2 años, a quien acogieron en su hogar en su calidad de familia guardadora del Sename.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público en la audiencia, la menor R.C.A.A. ingresó al Programa Familia de Acogida Especializada (FAE) Aconcagua y en enero de 2013 fue declarada susceptible de adopción, por lo que se asignó su cuidado provisional a la familia conformada por los imputados.

Poco después, la pareja presentó ante el Juzgado de Familia de San Felipe una solicitud de cuidado personal provisorio de la menor, por lo que se encargó un informe psicológico, el que concluyó que el matrimonio no era apto o idóneo para la adopción.

El 7 de julio de 2014 se resolvió el cese de la medida de protección que permitía que la niña estuviese bajo el cuidado de los guardadores, decretándose un plazo de 48 horas para entregar a la menor a profesionales del Programa FAE Aconcagua, el que no fue acatado.

Plazo de 48 horas

Posteriormente, el 10 de julio de ese año, el Tribunal de Familia de San Felipe decretó el arraigo de la menor y dio orden a la directora del programa FAE de recogerla, incluso con el auxilio de la fuerza pública. Pese a la resolución, Vania Castillo y Nelson Morales, que en ese momento residían en la población La Colonia de Ocuquer, en la comuna de Llay-Llay, se dieron a la fuga con la niña.

Bajo esa circunstancia, el 17 noviembre de 2014 la pareja efectuó una nueva presentación ante el Tribunal de Familia de San Felipe para mantener a la menor, pero esta también fue rechazada el 26 del mismo mes, determinándose por segunda vez un plazo de 48 horas para entregar a la niña, medida que no fue cumplida, perdiéndose definitivamente el rastro del matrimonio y la menor.

Por orden de la Fiscalía, la tarea de dar con el paradero del matrimonio quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI). No obstante, pasaron siete años para tener nuevamente novedades sobre el paradero de la menor, la que finalmente pudo ser ubicada la semana pasada en la comuna de San Esteban, Provincia de Los Andes, luego de un trabajo encabezado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Felipe, luego de revisar casos pendientes por presunta desgracia.

"Se logró obtener antecedentes que nos daban a conocer que su cuidadora o madre sustituta aparecía públicamente en locales comerciales en la ciudad de Los Andes, por lo que se dispuso que el equipo policial se trasladara hasta esa comuna y realizara consultas e indagatorias que nos pudieran dar algunas luces sobre su paradero o domicilio, lo que se prolongó durante varios días y en distintos horarios", comentó la semana pasada al diario El Trabajo el jefe de la unidad policial, subprefecto Marco León, tras concluir con éxito la ubicación del matrimonio y la menor, hoy de 9 años.

Investigación

En la audiencia de formalización de ayer, el magistrado Leopoldo Soto Gutiérrez acogió la petición de cautelares solicitadas por el Ministerio Público, por considerarlas proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento. Además, fijó un plazo de investigación de 60 días.