Katherine Escalona M.

A cuatro días de la fuga de seis internos desde la cárcel de Valparaíso -hecho que no se suscitaba desde el año 1999-, ayer Gendarmería informó que se hará una "intervención integral" en el complejo penitenciario por la vulneración de seguridad al recinto, siendo una de las primeras medidas aceptar la renuncia de tres altos mandos en la región.

A través de un comunicado, Gendarmería de Chile corroboró que, tras el hecho, "se ha implementado una intervención integral de la región, la cual estará a cargo del subdirector operativo, Pablo Toro Fernández. Ésta contará con un diagnóstico general de las operaciones, recursos y situación de los establecimientos".

Detallaron que, tras la reunión con el director nacional de Gendarmería, el pasado lunes, y luego del análisis de los antecedentes, se aceptó la renuncia del "director regional subrogante, coronel Luciano Chávez; la alcaide y jefa operativa del establecimiento penitenciario, teniente coronel Romina Campos; y la directora regional de la V Región, coronel Sandra Toledo".

Chávez, en su calidad de director regional (s), el día de la fuga dio cuenta del hecho e informó sobre la realización de un sumario que, según precisó Gendarmería, "se designó a cargo de la misma al coronel Gonzalo Hermosilla, disponiéndose su dedicación exclusiva para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades administrativas del personal de servicio".

Deficiencias

Las medidas tomadas por Gendarmería fueron aceptadas por el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) a nivel regional, Roberto Escobar, quien detalló que el coronel Chávez y la alcaide Campos estaban en conocimiento hace semanas de las deficiencias que como funcionarios habían denunciado dentro del complejo penal, situaciones que afectaban la seguridad del recinto.

"Nosotros supimos que les pidieron la renuncia y están súper afectados los tres. Efectivamente, el director nacional les solicitó la baja voluntaria antes del 1 de agosto y a nosotros nos preocupa la situación, porque no sabemos qué se espera para los demás funcionarios, pero en este caso se está haciendo lo que se debe, aunque duela decirlo, porque nosotros venimos haciendo denuncias hace dos años de todas las irregularidades y nunca hicieron nada", aseveró Escobar.

El dirigente enfatizó que "no nos sorprende esta situación, porque la gestión que tuvo la directora regional por el paso en la región fue pésima; el jefe de complejo, el coronel Chávez, lo mismo. No tuvieron un buen pasar en la región, fue pésima la gestión de ellos".

Ello avalado "por las diferentes denuncias de falta de personal y corrupción que los diferentes gremios fueron a realizar a Santiago sobre la cárcel de Valparaíso, que venían pasando hace rato. Incluso, hace dos semanas entregamos una carta al director nacional denunciando lo mismo y sale mencionado como punto clave el portón por donde se fugaron los internos. Teníamos claro lo que iba a pasar y nunca se hizo nada por parte del directora regional o el jefe del complejo".

Es más, Escobar reconoció que el lunes pasado al complejo llegaron "como 10 funcionarios de Santiago, todos jefes, viendo el funcionamiento de la cárcel, pidiendo pautas de servicio, formas de trabajar, todo, pero aún no hay personal nuevo de refuerzo. Creemos que pretenden intervenir, pero se debe hacer sin que se pase a llevar a los funcionarios".

Denunciaron anomalías

El pasado 13 de julio, trabajadores de la Anfup enviaron una carta al director nacional de Gendarmería, en la que manifestaron que existía "déficit y falta de personal urgente en el complejo", dado que hay 47 funcionarios menos a la fecha. Dan cuenta de "inseguridad y poco control" y la "falta de protocolo para puestos claves", donde se menciona el portón del patio de maniobras e incluso informan una eventual fuga.

Además, reconocen que los funcionarios no cuentan con los medios adecuados para realizar su función; que existe una falta de protocolo y desigualdad; falta de profesionalismo en sumarios en curso; denuncias por acoso laboral que no han sido bien tramitadas e incluso falta de ambulancia.

"Teníamos claro lo que iba a pasar y nunca se hizo nada por parte de la directora regional o el jefe del complejo".

Roberto Escobar, Presidente regional de Anfup

Para el próximo 2 de noviembre se fijó el inicio del juicio oral en contra de los dos imputados por el crimen del geólogo y ciudadano canadiense Peter Alan Winterburn, quien fue asaltado y asesinado el 21 de junio de 2019 en el cerro Alegre, cuando recorría el patrimonial sector de Valparaíso junto a su esposa Michelle y su hija Kathy.

El crimen fue cometido por Alejandro Enrique Prado Saavedra (41) y Patricio Daniel Bobadilla Moraga, quienes, a eso de las 11.45 horas, atracaron al profesional en la calle Templeman, a la altura del N° 833, con el fin sustraer su mochila, ante lo cual la víctima opuso tenaz resistencia.

En ese contexto, y de acuerdo a la investigación, ambos sujetos, con el fin de concretar el ilícito, procedieron a golpearlo contra un poste del alumbrado público y en el suelo, momento en el cual Bobadilla extrajo un cuchillo y lo apuñaló en la zona dorsal, lo que le produjo una hemorragia que terminó con su vida en el lugar.

Por este hecho, la fiscal Lorena Ulloa pidió presidio perpetuo calificado para ambos en la acusación.

El homicidio causó impacto a nivel local y nacional y el reclamo de los vecinos del cerro Alegre, que insistentemente pedían mayor seguridad por la seguidilla de hechos delictuales que afectaban al sector, compleja realidad que nuevamente salió a la luz a raíz del asesinato de un joven de 18 años el pasado 23 de julio, en el Paseo Dimalow.

Alejandro Prado y Patricio Bobadilla se encuentran en prisión preventiva en los penales de Valparaíso y Rancagua, respectivamente, y según consta en un oficio enviado a estos centros penitenciarios para la comparecencia de los imputados, la audiencia se realizará a las 9 de la mañana del 2 de noviembre y se efectuará "utilizando la aplicación de videoconferencia Zoom, que es la forma de trabajo actual en la fase en la cual nos encontramos, considerando que se ha decretado estado de excepción al menos hasta el día 30 de septiembre del presente año".

El 18 de mayo del año pasado el empresario Alejandro Correa (60) fue ultimado en la puerta de su casa en Bosques de Montemar, en Concón, y desde ese entonces ha existido una larga investigación penal para llevar a juicio oral a los cuatro implicados en el crimen por encargo.

Hoy se realizará en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar la audiencia de preparación de juicio oral, que comenzará a las 9.00 horas. La familia pide justicia y fecha de juicio oral para Víctor Gutiérrez, quien recibió un pago para matar a Correa; Renato López, autor intelectual; Claudio Riveros, quien llevó en auto a Gutiérrez hasta Concón y guardó el arma, y Melisa Palma, pareja de Gutiérrez.

Valentina Correa, hija del empresario, precisó que "esperamos que ésta (audiencia) se dé y que nos entreguen una fecha para juicio oral que sea para este año, porque de esa manera nuestra familia tendría ya una ruta y una certeza".

Subrayó que "nuestra familia merece justicia en torno a la recuperación del terreno que motivó, lamentablemente, la muerte de mi papá. Nos parece inconcebible que a 14 meses de la muerte de mi papá el terreno siga estando tomado por las mismas personas que lo tomaron y con otras nuevas que se han ido sumando", lo que se informó a autoridades.

Sobre esto, la delegada presidencial provincial de Marga Marga, Carolina Corti, afirmó que siempre han tenido contacto con la familia y "nos hemos puesto a disposición de la nueva autoridad comunal con quien realizamos una reunión en conjunto para abordar este tema". Confirmó que "se hizo un catastro de las personas que ocupan el terreno" y concluyó que han trabajado en mayor seguridad y se presentó una querella por infracción del artículo 138 de la Ley de Urbanismo y Construcción.