Cristián Rojas M.

El abogado Claudio Gómez, miembro de la Convención Constitucional en representación del Distrito 6 de esta región, hizo una dura crítica al sistema de nombramiento de los jueces de Policía Local, cuestionando al Poder Judicial, y en particular a los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por la conformación de las ternas, en las que, en su opinión, se estaría favoreciendo a determinados postulantes.

Según expuso el constituyente, quien previamente se desempeñó como secretario abogado de un Juzgado de Policía Local, "el tema de que los jueces nombren a los amigos en las ternas no es nuevo, pero curiosamente, esto ha sido reiterativo por parte de los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y me llama la atención que pasa el tiempo y nadie les dice nada, porque el gobierno del Poder Judicial lo tienen los mismos ministros, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones; entonces, no tienen a nadie arriba que los fiscalice, que vea si hacen los nombramientos de manera transparente y de acuerdo a las capacidades de los postulantes".

En ese sentido, considera que "tenemos una legislación que está mal hecha, que no obliga a los ministros a elegir de acuerdo a las capacidades, sino que deja abierta esta posibilidad a otros factores, como el amiguismo, los compadrazgos. El problema es que esto se ha dado especialmente fuerte a propósito de los nombramientos de cargos de jueces de Policía Local, la Corte elabora una terna, y de ella elige el alcalde".

Por novena vez en terna

Gómez remarcó que "lo que más llama la atención es que en nueve ternas ha ido quedando el mismo personaje, que es el presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, Alejandro Gómez, y han quedado fuera secretarios abogados de los juzgados, ha quedado fuera gente con mucha más experticia en la materia, y se nota que hay una relación cercana ahí, porque ¿de qué otra manera uno se explica que nueve veces ha quedado en terna y nunca ha sido seleccionado por un alcalde?"

En ese contexto, destacó que "yo conozco al gremio de los secretarios abogados de los juzgados de Policía Local, hay funcionarios que llevan diez años, que tienen muchas capacitaciones, que subrogan a los jueces y no los dejan en las ternas. Incluso en Quintero, la secretaria abogada que llevaba diez años en ese juzgado, postuló a la terna de Quintero y no quedó, pero quedaron estos amigos, como Alejandro Gómez y Carlos Bannen, a quien le andaba operando el seremi de Justicia (José Tomás Bartolucci) en la Corte. No hay ilegalidad acá, sino que es un tema ético, moral, de falta de transparencia".

Desde la Municipalidad de Quintero, en tanto, indicaron que sus obligaciones en relación con este tema "se reducen a informar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso de la renuncia de nuestro juez de Policía Local titular, a raíz de lo cual el tribunal de alzada procede a emitir un edicto que nos obliga a llamar a concurso público para el cargo en cuestión, lo que se ha producido de acuerdo a la normativa y ordenamiento jurídico vigente".

Agregaron que "una vez que la municipalidad publica el llamado a este concurso público, es exclusivamente responsabilidad de la Corte su ejecución, incluso en la confección de ternas, que en este caso en particular aún no se nos ha notificado". En el caso de Quintero, está conformada por los citados Gómez y Bannen, además de la fiscal Lorena Ulloa.

Este Diario consultó al Poder Judicial por su versión, pero optaron por no referirse al tema. Asimismo, se contactó a Carlos Bannen, quien no contestó, y a Alejandro Gomez, quien tampoco emitió comentarios.

"Lo que más llama la atención es que en nueve ternas ha ido quedando el mismo personaje".

Claudio Gómez, Constituyente Distrito 7

Después de una semana de audiencias por la preparación del juicio oral en el caso del asesinato por encargo del empresario Alejandro Correa (60), quien falleció tras ser baleado en la entrada de su casa, en Bosques de Montemar, en Concón, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar cerró ayer el proceso y enviará los datos al Tribunal Oral en lo Penal (TOP), que fijará el día y hora del juicio oral.

La magistrada Yesica Hidalgo manifestó que "el considerando establece que se abra juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar", para conocer la acusación del Ministerio Público contra Renato López, autor intelectual del crimen; Víctor Gutiérrez, sicario que mató a Correa; Claudio Riveros, que llevó al sicario a la casa de Correa dos veces y entregó el arma; y Melissa Palma, expareja de Gutiérrez.

En el juicio oral, precisó Hidalgo, se van a establecer los hechos, las responsabilidades de los imputados y las agravantes del caso. "Se señalan responsabilidades de Gutiérrez y López , y requerimiento de penas", dijo la magistrada. Y respecto a estos dos imputados, se establece la consideración de los querellantes que solicitan la pena de presidio perpetuo calificado, mismas penas que se tendrían que aplicar a Riveros y Palma.

Sin embargo, el Ministerio Púbico, en la acusación presentada al cierre de la investigación, pide para Renato López 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de homicidio calificado contra Correa; para Gutiérrez, 38 años de cárcel por dos homicidios, además de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, y receptación; para Riveros, 15 años de cárcel por el homicidio de Correa en calidad de cómplice, receptación y porte de arma ilegal; y para Palma, 15 años de cárcel, en calidad de cómplice, por el asesinato de Correa.

Además, la magistrada estableció que las defensas de Riveros, López y Palma adelantaron sus teorías de cómo ocurrieron los hechos, lo que no generó la defensa de Víctor Gutiérrez, que habría recibido un pago para asesinar a Correa.

Solicitud de cautelares

Lo que será expuesto en el juicio oral no fue lo único tratado en la audiencia de ayer, puesto que Ernesto Ardiles, defensor de Riveros, solicitó el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva de su representado a arresto domiciliario total.

Ardiles se amparó en legítima defensa de Riveros cuando éste declaró y afirmó que existió en todo momento colaboración, lo que sirvió en la investigación para dar con los demás imputados. Dijo que Riveros hizo una colaboración "más allá de la colaboración sustancial", porque "mi representado entrega el arma material, de la cual se hacen todas las pericias".

Esto fue refutado por el fiscal Stefan Kramar, quien aclaró que en el proceso se han dado todos los antecedentes para estimar que Riveros es un peligro para la sociedad porque fue acusado de dos crímenes, cuyas "penas son de cumplimiento efectivo", y también mantiene condenas efectivas por microtráfico, entre otros delitos, de 2003.

Ante los argumentos, la magistrada Hidalgo tomó la determinación de no acoger la modificación de la medida cautelar ad portas del juicio.

"El considerando establece que se abra juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar".

Yesica Hidalgo, Magistrada

Ochenta y nueve trabajadores, de un total de 102, pertenecientes a la empresa estatal Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua (Sasipa), responsable de proveer energía eléctrica y agua potable a Isla de Pascua, además de efectuar labores de descarga de mercancías que llegan por mar, se encuentran en huelga legal desde el 21 de agosto pasado, tras no llegar a un acuerdo con la firma en el marco del proceso de negociación colectiva.

El presidente del sindicato, Héctor Cifuentes, precisó que "hemos estado solicitando un incremento real de las remuneraciones, porque el año 2014 fue el último en que se negoció colectivamente", apuntando sobre todo esta demanda en razón del alto costo de vida en la isla.

"el dinero no alcanza"

"Los precios han subido enormemente y lo hemos dicho en distintas formas. Hoy día nosotros no tenemos covid-19, pero tenemos esta otra pandemia, que son los precios. Ahora los alimentos perecibles llegan por avión, los vuelos están siendo contratados por particulares y los costos han subido en un 100%, por lo que el dinero no alcanza con los sueldos que nosotros tenemos".

Explicó que al inicio de la negociación solicitaron un aumento del 28% del sueldo base, pero Sasipa solo ofreció un 3,5%. "Luego que se votó el rechazo se ofreció incrementar en 10 mil pesos el sueldo base, que son aproximadamente 21 mil pesos líquidos. Esa oferta fue rechazada y desde ahí se inició la huelga", detalló el dirigente.

Y si bien Cifuentes descarta por el momento alguna interrupción de los servicios de luz y agua, admite que "estamos tratando de frenar una situación que se nos puede transformar en caótica, debido a que hay gente mucho más radical".

Ante este complejo escenario, informó que Sasipa, que pertenece al Sistema de Empresas Públicas (SEP), les propuso ayer un nuevo acercamiento "para presentar una oferta en que hay ciertas mejoras", la cual se haría efectiva este lunes.