Constanza Peña Moya

Con el fin de recuperar las 50 hectáreas que en sus inicios conformaban el Santuario de la Naturaleza del Campo Dunar de Concón, la máxima autoridad comunal, en compañía de integrantes del movimiento Duna Viva, dio a conocer ayer cuáles serán sus siguientes pasos para avanzar en la protección de este sector ante la expansión inmobiliaria.

Tan solo la semana pasada, el empresario y exministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma -uno de los grandes accionistas de la inmobiliaria Reconsa S.A- generaba controversia al insistir en el loteo de los terrenos, lo que pese a la existencia de un proceso sancionatorio vigente desde la Superintendencia del Medio Ambiente, según indicó el alcalde Freddy Ramírez, en teoría podría realizarse.

Antes de que eso ocurra, adelanta que "queremos iniciar un trabajo para proteger las 25 hectáreas que hoy no están consideradas como Santuario de la Naturaleza", motivo por el que explicó que ya se está "armando un equipo técnico, tanto jurídico como ambiental, para comenzar el proceso que corresponde a la solicitud de protegerlas, (...) trabajando con la comunidad y organizaciones ambientales".

Aspectos legales

Las 25 hectáreas de área verde a las que alude el jefe comunal colindan directamente con las 30 hectáreas que abarca hoy el Santuario de la Naturaleza, y en ellas la empresa Reconsa dio luz verde a un plan de revegetación aprobado por la SMA a modo de reparación tras el proceso administrativo en su contra. Sin embargo, tras una reclamación presentada por Duna Viva, el Segundo Tribunal Ambiental resolvió paralizarlo como medida cautelar, con el objetivo de "evitar un eventual efecto negativo, en tanto no sean revisados todos los antecedentes".

Desde el municipio, por su parte, valoraron la decisión y manifestaron confiar en que sus próximas acciones tendrán éxito. "Estamos acostumbrados en Chile a destruir la naturaleza para luego compensar en otro lugar, y qué peor, en este caso, que hacerlo en cercanías de un Santuario de la Naturaleza", expresó la edil Ilén Sáez, quien preside la Comisión de Medio Ambiente y considera que su detención facilitará el camino para ampliar el santuario.

Gabriel Muñoz, abogado de Duna Viva -conformado por la Fundación Yarur Bascuñán y la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar- puntualizó que, efectivamente, "tanto la Corte Suprema como el Tribunal Ambiental y la Corte de Apelaciones, de una manera tácita y expresa, han creído y creen que esto se trata de un campo dunar como un todo, más allá de las 30 hectáreas declaradas como Santuario por el Consejo de Monumentos Nacionales, sino que también las otras 20 hectáreas de área verde".

"La duna como tal, única en biodiversidad y desde el punto de vista geológico, es un todo: no se puede dividir de manera arbitraria. Por lo tanto, creemos que Reconsa, con la complicidad de la SMA -que no actuó como fiscalizador- han generado un pasivo ambiental, lucrando y depredando el campo dunar", sostuvo.

Con dos votos contra uno, el Tribunal Ambiental acogió la medida cautelar de detener el plan de revegetación que ejecutaba Reconsa. Según se advirtió, tras un análisis de los antecedentes, "se trata de una medida que será ejecutada en un lugar diverso del afectado con ocasión de la infracción señalada en la formulación de cargos", que al no ser un área ya intervenida, podría resultar "de interés biológico, arqueológico, geológico y social". La medida cautelar tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia en la reclamación presentada por Duna Viva, motivo por el cual podría no ser definitiva.

Ayer, en la Plaza Sotomayor se concretó el paro de advertencia anunciado por el Sindicato de Asistentes de la Educación Pública de Valparaíso (Sitecova), producto de una serie de reclamos que sus funcionarios vienen realizando en contra del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), en los 54 establecimientos educacionales que éste controla en la Ciudad Puerto.

Esta paralización de advertencia, cuyo objetivo fue sentar un precedente de cara a las negociaciones que se realizarán esta semana, contó con el respaldo de un 80% del total de establecimientos que forman parte de SLEP, junto con convocar a la movilización en las calles a más de 600 funcionarios, de los cerca de mil que están inscritos en Sitecova.

Desde el sindicato, su presidente, Alonso Carvajal, aseguró que los funcionarios están pagando el costo político y financiero "de la administración nula de parte del Departamento de Gestión de personas del SLEP, lo que afecta directamente la estabilidad laboral de los trabajadores asistentes de la educación, quienes constantemente reciben amenazas por despidos y otras situaciones ingratas".

En el petitorio de ocho demandas que llevaron adelante, en vista de las negociaciones que tendrán en estos días, los funcionarios plantearon principalmente reclamos ligados a sus derechos como trabajadores. Diferencias en pagos y bonificaciones, amedrentamientos de parte de los directivos de los establecimientos, sobrecarga laboral producto de negligencias en la gestión de las licencias médicas o falta de insumos de trabajo, se cuentan entre los inconvenientes que desde Sitecova pretenden terminar de manera definitiva.

"crisis histórica"

El presidente del sindicato, sin embargo, dejó claro que este listado de ocho demandas tiene su origen en la "crisis histórica de la educación pública de Valparaíso, que viene desde la época de la Cormuval y que se agudizó desde enero de este año, cuando el SLEP comenzó a controlar totalmente estos 54 establecimientos". Desde entonces, aseguraron desde Sitecova, la reducción de la matrícula se agudizó, lo que va en directo perjuicio de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación.

A juicio de Carvajal, "desde el 1 de enero, cuando el Servicio Local se hizo cargo de la educación pública, el proceso de instalación del SLEP viene siendo difícil. El problema que tenemos tiene que ver con el trato hacia los trabajadores. Sin embargo, hemos hecho todo lo posible por trabajar en mejorar la educación pública, entendiendo que lo principal es recuperar los niveles de matrícula, ya que ahí está el sustento de los trabajadores, tanto docentes como asistentes".

"Cómo nos recuperamos de la baja de matrículas o cómo es que podemos solucionar el problema de la infraestructura de los establecimientos, son temas que tenemos que conversar y ver una solución que salga del debate entre todos", recalcó Carvajal, agregando que el "Servicio Local tiene que entender que la mejor instancia es conversando con los trabajadores".

Luego de este paro de advertencia y si las reuniones con los directivos del SLEP no prosperan, desde Sitecova anunciaron medidas de presión más drásticas, con el objetivo de lograr sus pretensiones.

"Lo principal es recuperar la matrícula, ya que ahí está el sustento de los trabajadores, tanto docentes como asistentes".

Alonso Carvajal, Presidente de Sitecova

Los socios del Hotel Queen Royal de Viña del Mar, que funcionó como residencia sanitaria desde 2020, fueron formalizados por cobros fraudulentos al Fisco y quedaron con arraigo nacional y la cautelar de retención de fondos, oficiando a la Tesorería Provincial de Viña del Mar para evitar que se retire uno de los cheques girados en pago de una factura ya cancelada.

La suma de dinero defraudada asciende a más de $ 82 millones, monto que habrían retenido, negándose a restituirlo.

El fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción, Claudio Rebeco, expuso que formalizaron a Claudio Benavides Paredes y Mauricio Rojas Orellana, miembros de la Sociedad Gran Pacífico Spa y que los hechos se dieron en el contexto de la pandemia por covid-19 que afectaba al país y la región.

Con fecha 4 de junio del año 2020, el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota suscribió con la Sociedad Hotelera Gran Pacífico Spa un contrato, donde la sociedad se obligó a prestar servicios como Residencia Sanitaria en las dependencias del Hotel Queen Royal A, Viña del Mar, a cambio de una tarifa previamente pactada con el Estado, hasta donde fueron derivados por la autoridad sanitaria pacientes que requerían hacer aislamiento preventivo de contagio.

El 27 de junio, el Ministerio de Salud estableció que la gestión de las residencias estará a cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, lo que obliga a ejecutar nuevos contratos, por ello se puso término al suscrito en primera instancia. "A pesar de estar extinguida la obligación de pago que el SSVQ tenía con la sociedad por los servicios prestados durante el mes de junio del 2020 -mediante cheque manual- los imputados previamente concertados, aparentando un crédito con dicho Servicio, retiraron y cobraron el cheque girado por la Tesorería General de la República, en pago de la factura 1, que había sido anulada por ellos mismos", dijo Rebeco.

Por todo, el tribunal también fijó además un plazo de investigación de 120 días para esta causa.