La zona de Aconcagua, cuya matriz productiva está marcada por la agricultura y la minería, vive la crisis hídrica de forma dramática, un cariz totalmente desconocido para el llamado Gran Valparaíso, cuyos habitantes se alarman solamente cuando existe la amenaza real de corte para el consumo humano. Esta profunda diferencia tiene efectos concretos en la forma que usan las autoridades para definir los mejores caminos de solución, pero además impacta en el ambiente político, porque muchas medidas drásticas son beneficiosas para algunos, pero perjudican a otros grupos de la población regional.

La decisión de la Dirección General de Aguas (DGA), que ordenó a las juntas de vigilancia que regulan el caudal del río Aconcagua abrir sus compuertas de forma permanente, para asegurar el suministro del vital elemento en la zona metropolitana -Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué, Villa Alemana, entre otras comunas-, recibió duras críticas del gobernador regional, Rodrigo Mundaca, precisamente porque el beneficio de unos fue puesto sobre las necesidades de otros.

Con una trayectoria marcada por la defensa del agua como un bien esencial que no puede beneficiar a grandes productores agrícolas sobre el consumo humano o productores más pequeños -lucha que cristalizó en la creación de Modatima-, Mundaca cuestionó los efectos negativos de la decisión adoptada por la DGA. "Una iniciativa de esta naturaleza significa secar 25 canales, favorecer la infiltración de las aguas en la primera y la segunda sección, beneficiando a los mismos de siempre, particularmente a los grandes productores del Valle de Aconcagua que destruyeron toda la flora y la fauna nativa de los cerros", advirtió el gobernador, cuyo principal problema es que carece de atribuciones. ¿Por qué la máxima autoridad regional no puede participar en las mesas donde se toman decisiones tan relevantes?

Los alcaldes de Calle Larga, San Esteban y Los Andes también mostraron su repudio e indignación, así como los regantes de esa zona, que calculan perjuicios equivalentes a 45 mil puestos de trabajo. La diputada Carolina Marzán, quien va a la reelección por el Distrito 6, también pidió la revocación del decreto firmado por la Dirección de Aguas para evitar más daños en la zona donde están sus votos. La pregunta de fondo es cómo administramos un bien fundamental, pero escaso, como el agua. Y la respuesta, aunque le pese a los organismos encargados del proceso, no es solamente técnica, sino que profundamente política, es decir, requiere de procesos de diálogo entre las distintas autoridades -elegidas o no-, así como con las comunidades que se verán directamente afectadas por esas decisiones. Existe un consenso fundamental respecto de darle prioridad al consumo humano, pero ese acuerdo se llena de matices cuando la priorización beneficia a quien vive lejos.

La aprobación del reglamento de la Convención Constitucional generó que la mayoría de la instancia (Lista del Pueblo, PC, FA y PS) no escatimara adjetivos para alabarse y felicitarse por el objetivo cumplido. Y es que el eventual logro no es menor: pocos creían que en menos de tres meses de funcionamiento se lograra consenso en torno al reglamento.

Ahora bien, existen múltiples motivos para morigerar el júbilo y que deben preocupar a quienes conciben la Constitución como un instrumento que desconcentra el poder y protege los derechos fundamentales de las personas.

La primera señal negativa es el "traje a la medida" hecho para cubrir la vacancia del constituyente Rojas Vade, permitiendo que sea alguien de su lista el que lo reemplace. Esto perpetúa el fraude electoral cometido por quien le mintió a Chile con un falso cáncer que fue el centro de su campaña, dado que la cifra repartidora que permitió ese escaño no se hubiera obtenido sin ese engaño.

Una segunda preocupación surge de la afirmación reglamentaria de que la Convención es un poder constituyente originario, desconociendo que su función deriva de una reforma constitucional y que, consecuentemente y como todos quienes ejercen funciones públicas, su labor se encuentra limitada y no es soberana. La concentración del poder sin límites es la antesala de las prácticas totalitarias.

Un tercer elemento cuestionable es la aprobación de la sanción al "negacionismo", que no es otra cosa que la aprobación de la censura y un severo atentado contra la libertad de expresión fuera de toda norma de referencia internacional en la materia. Constituye una "ley penal en blanco" que hoy afecta a los convencionales, pero que mañana podría aplicar para todos. ¿Opina usted que no existen presos políticos? Negacionista le dirá la mayoría de la Convención. Se ha instalado algo bien parecido a la neoinquisición.

Una cuarta señal nociva dice relación con la aprobación de los plebiscitos dirimentes en caso de que una propuesta normativa no alcance el quorum de dos tercios. Esto vacía completamente de contenido la principal regla indisponible para la Convención, pues desincentiva la articulación de amplios acuerdos. En otras palabras, puede resultar más atractivo para algunos obstruir la deliberación y apostar a un eventual respaldo ciudadano. A ello se suma que la Convención no cuenta con competencias para convocar plebiscitos, de modo tal que la invocación de esta norma la colocaría al margen del Estado de derecho.

Y un quinto punto que nos debe preocupar es el rechazo a que determinadas libertades formen parte del catálogo de derechos a discutir por la comisión de derechos fundamentales. Mientras ciertos "derechos de la naturaleza", "derecho al deporte" o de las "disidencias y diversidades sexuales" quedaron incorporados, se decidió excluir, por ejemplo, la "libertad de enseñanza", el "derecho preferente de los padres a educar a sus hijos", la "libertad de trabajo" o la "libertad de sindicalización".

¿Constituye un logro el hecho de haber aprobado el reglamento? Claro que sí, pero es un paso adelante acompañado, al menos, de cinco pasos para atrás. Si queremos una Constitución que sea la casa de todos y nos saque de la crisis, una parte importante de la Convención Constitucional debe rectificar en su espíritu de revancha, pues nos están llevando a una Constitución de algunos que atenta contra derechos fundamentales.