Katherine Escalona M.

El 1 de junio de este año, la Municipalidad de Valparaíso cesó el contrato a 44 funcionarios a honorarios, entre ellos, dirigentes sindicales y al encargado de la Oficina Comunal de Migrantes, Djimy Delice, quien presentó una denuncia de tutela laboral contra el municipio porteño, acción que es tramitada en el Juzgado de Letras del Trabajo porteño, que fijó audiencia para esta semana.

La denuncia de "tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, daño moral, declaración de existencia de la relación laboral, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales e indemnizaciones legales" fue presentada el 12 de agosto y el juzgado determinó audiencia el 12 de octubre; sin embargo, se reagendó para el 15 del mismo mes.

Delice es representado en la causa por dos abogados y básicamente el documento, al que pudo acceder este Diario, da a conocer que hubo vulneración de derechos por parte de la Municipalidad de Valparaíso, que lo contrató el 1 de junio de 2017 y "jamás pagó las cotizaciones previsionales".

Además -de acuerdo a lo que dice la demanda-, Delice "desarrolló sus funciones en condiciones laborales indignas, recibiendo un trato diferente del resto de los trabajadores"; no habría recibido sueldo por un tiempo porque el contrato se efectuó en junio de 2018; hubo menoscabado y sufrió "discriminación política" por haber apoyado a la candidata independiente a la alcaldía por Valparaíso, Marcela Cortes, entre otros motivos.

Tras esto, Delice pide una indemnización por daño moral por $12 millones. Mientras, el cobro por el no pago de cotizaciones asciende a $13.367.563; la indemnización legal por años de servicios a más de $ 4 millones y otros cobros, lo que hace un total de indemnización de más de $ 30 millones.

"Discriminación"

Para saber más de la situación, este Diario se contactó con Delice, quien afirmó que "está muy claro cuál es el contenido de la demanda que radica en la discriminación laboral dentro del municipio, sobre todo a la decisión de desvincularme. Yo ya venía pasando por distintas situaciones de discriminación y también apoyé públicamente a la candidata a la alcaldía Marcela Cortés. Desvincularon a dos personas de la Oficina Comunal de Migrantes y solo quedó alguien cercano a la administración".

Explicó que "la excusa del tema del presupuesto no procede, porque la pertinencia de mi trabajo era demasiado obvia e incluso después tuvieron que contratar a una persona de la comunidad haitiana para responder; entonces, no era un tema de presupuesto. Y si yo hubiese apoyado al alcalde, no habría existido la decisión de desvincularme".

Delice confirmó que ingresó al municipio en junio de 2017 y "estuve casi un año sin recibir salario, eso no lo reconoce el municipio en la respuesta a la demanda. ¿Cómo después de eso se habla de presupuesto?". Reconoció que soportó la condición de no pago "por carencia económica y mi condición. Me siento utilizado y discriminado". Atento al viernes, el demandante espera que el tribunal tome todos los antecedentes vertidos en la denuncia. "Solo espero que se haga justicia. No acepté volver porque era a lo mismo", dijo.

MUNICIPALIDAD responde

Sobre la situación, desde Comunicaciones del municipio porteño informaron que "el tema se está discutiendo en tribunales y nos remitimos a la contestación de la demanda".

En la respuesta a la demanda, la municipalidad argumentó que Delice fue contratado en el 1 de abril de 2018 y declararon "incompetencia" por parte del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso para ver la materia, por haber sido un contrato a honorarios. Sin embargo, al no ser esto considerado respondieron a lo que acusa Delice y descartaron cada uno de los argumentos, negando situaciones de discriminación, acoso laboral u otros. Rechazan el pago de indemnizaciones porque toda la plata habría sido entregada a Delice.

"La Municipalidad de Valparaíso entregó al profesional toda la remuneración a que estaba obligada, incluyendo el monto correspondiente a las cotizaciones previsionales", aseveran en la contestación.

"La excusa del tema del presupuesto no procede porque (...) después tuvieron que contratar a una persona".

Djimy Delice, Denunciante

Más de una hora duraron ayer los alegatos en el Segundo Tribunal Ambiental sobre las dunas de Concón, en relación a los trabajos de revegetación que estaba efectuando Reconsa en las 20 hectáreas que son área verde y que fueron paralizados por el mismo tribunal, a petición del Movimiento Duna Viva, que alegó daño ambiental.

La acción se realizó a petición de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y Reconsa, dado que en el lugar se efectúa un plan de cumplimiento por las irregularidades del privado en la calle Cornisa, donde hubo observaciones por parte de la SMA. Sin embargo, Duna Viva asegura que el plan de cumplimiento debe considerar otra medida.

Al respecto, el fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra Soto, precisó que "la SMA mostró su oposición a la medida de paralización, (...) considerando que aquella acción nunca fue reclamada en el juicio" y "es -además- necesaria para evitar que los efectos negativos de la intervención se profundicen y para que no se generen nuevas situaciones de deslizamiento".

Afirmó que la acción "no se ejecuta dentro del Santuario y no genera ningún riesgo, sino solo beneficios". Negó que la "Superintendencia estaría confabulada con la empresa, ya que ha sido gracias a nuestro actuar que Reconsa ha paralizado el proyecto, obligándose a contar con una evaluación ambiental".

El abogado del Movimiento Duna Viva, Gabriel Muñoz, recalcó que la situación entre las partes "es insólita, paradojal e increíble, porque la SMA no solamente se ha puesto en el lugar defendiendo los intereses de Reconsa, sino que ni siquiera ha hecho sus propios informes para poder litigar en el proceso ante el Tribunal Ambiental ni tampoco ante la Corte".

Agregó que "es insólito que la SMA no solamente haya abandonado su rol fiscalizador en esas dos causas, sino que se haya puesto de parte de Reconsa. La medida cautelar debe ser mantenida porque la intervención del campo dunar a menos de un metro no es más que un pretexto para la destrucción del campo dunar donde pretende Reconsa construir más de 20 torres".

"(La acción) no se ejecuta dentro del Santuario y no genera ningún riesgo, sino solo beneficios".

Emanuel Ibarra, Fiscal de la SMA

En el sector de la subida El Litre se desarrolló una ceremonia donde el neurorradiólogo Rodrigo Riveros dejó de ser el subdirector de gestión asistencial del Hospital Carlos van Buren, para traspasar su cargo al médico Simón Rojas.

Una vez finalizada la instancia administrativa, funcionarios de todos los estamentos del hospital se hicieron presentes para agradecer la gestión de Riveros, quien continuará con sus funciones en el centro asistencial y, posteriormente, iniciará un proceso de formación clínica fuera del país.

Tras entregar el cargo, el ahora exsubdirector médico del recinto se mostró agradecido por el cariño recibido, pero se enfocó más bien en recalcar que "el desafío es que cuando haya que asumir estas tareas no falten personas disponibles, sino que cada uno de nuestros colegas que estén en este hospital sepan que es tan médico quien atiende a un paciente como quien tiene que asumir labores de responsabilidad, pues lo que está detrás de esto no es nada más que la salud de la gente de Valparaíso".

Su reemplazo será Simón Rojas, quien fue encargado de la jefatura técnica de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Van Buren durante la primera parte de la pandemia y que, a comienzos de 2021, asumió como encargado del Comité de Crisis Covid del centro médico.

"Ahora el desafío principal, en un modo pospandemia, es reactivar la producción del hospital en el contexto de poder tener más cirugías, más atención abierta, más procedimientos, y eso es lo que vamos a trabajar durante los próximos meses", aseguró el nuevo subdirector.