"Hagan sonar las alarmas todos los que escuchen este mensaje", decía una alerta que circuló el fin de semana entre varios vecinos de Villa Dulce Norte, en Viña del Mar. El mensaje impulsó un operativo que permitió la detención de seis personas, formalizadas luego por la usurpación de un terreno propiedad del municipio viñamarino que, premunidas de estacas y martillos, intentaban cercar.

El hecho aclara cómo operan las mafias que están detrás de algunos asentamientos irregulares. El grupo delictivo identifica un sector, lo estudia y promueve para luego vender lotes a las familias que previamente había identificado como necesitadas, muchas de ellas inmigrantes. El paso siguiente es cercar el lugar y defenderlo hasta que lleguen a instalarse los nuevos "propietarios". Transformadas en un poderoso incentivo, las ganancias obtenidas de este modo inflaman un negocio ilegal que prolifera en distintas partes de la Región, aprovechando muchas veces la desidia de privados y entes estatales, que no supervisan adecuadamente las grandes extensiones de tierra que poseen.

Aunque para algunos el incidente ocurrido en Viña ejemplifica cómo debe funcionar una red que permita detener las tomas de terreno, el mecanismo tiene dos elementos de preocupación que deben llamar la atención de las autoridades y los legisladores.

Uno es el rol que juegan los vecinos, muchas veces obligados a transformarse en la primera línea de defensa de terrenos que ni siquiera son propios; y aunque el sentido de la responsabilidad barrial que los motiva es encomiable, la acción directa de los dirigentes vecinales se transforma en un riesgo. De hecho, el frustrado intento de toma en Villa Dulce significó amenazas y amedrentamientos a los residentes. Otro punto es la coordinación adecuada de los instrumentos que encarnan la acción persecutora, ergo, los fiscales. La amarga queja que surgió tras el operativo del fin de semana es que el fiscal de turno que lideró el control de los detenidos decidió devolverles los implementos que iban a utilizar para cercar el terreno, aun cuando eran elementos de prueba para demostrar el delito.

Ante la insistencia del consejero Manuel Millones y las cartas enviadas por los vecinos, el delegado presidencial, Jorge Martínez, estaría analizando discutir el tema con la fiscal regional, Claudia Perivancich, para acordar una línea de trabajo más coordinada en estos casos. Todo ello debe hacerse con sentido de urgencia, porque con un dólar empinado sobre los 800 pesos, una inflación que empuja la UF sobre los $ 30 mil y un mercado inmobiliario que por precios se transforma en una meta imposible para miles de personas, todo indica que el negocio de las tomas será cada día más lucrativo.

El último informe del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU) nos ha planteado una situación de alerta roja muy preocupante para el mundo. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia del cambio climático que golpea también el sector financiero y el rol de los reguladores en esta materia. Existe un consenso que el cambio climático incidirá profundamente en la actividad humana y el sistema económico que la sustenta. Por ello, debemos aplicar de manera urgente importantes políticas públicas orientadas a reducir su impacto.

Se acerca la COP26 que se realizará en Glasgow en noviembre próximo, un evento planetario que abre expectativas sobre las decisiones que los países tomarán. Se espera que, a diferencia de lo que sucedió en la COP25 -con tímidos acuerdos-, se pueda llegar a un consenso en el artículo seis del Acuerdo de París, que regula el mercado del carbono, y que los países establezcan compromisos en línea con sus NDC (Contribuciones Nacionales Determinadas). Con la reincorporación de Estados Unidos en el Acuerdo de París, esperamos que se avance decididamente en la integración de las naciones emisoras en mayor escala, de tal manera que la temperatura del planeta no supere los 1,5°C al año 2050, como lo ha manifestado hasta el cansancio el mundo científico.

El sector financiero no es ajeno a estos efectos sobre la economía. Esto ya está siendo reconocido e incorporado en sus decisiones tanto por el sector público como el privado, así también por los reguladores. El cambio climático genera efectos directos sobre actividades que ponen en riesgo el valor de determinados activos, impactando tanto el patrimonio de los accionistas como de sus acreedores. Fenómenos relacionados con el clima son los efectos económicos de los incendios forestales en el planeta, los grandes aluviones en Europa y Asia, y los efectos en empresas de distribución eléctrica.

Hoy sabemos que el plan de descarbonización en Chile podría sufrir un retraso debido a la crisis hídrica, lo que reduce la posibilidad de generar energía que reemplace las fuentes de carbón. El cambio climático representa riesgos directos sobre actividades agrícolas, forestales, portuarias y, por supuesto, para la generación hidroeléctrica, donde los proyectos ya sufren escasez hídrica. La minería está realizando cuantiosas inversiones por la escasez de agua, como la construcción de desaladoras con energías renovables. Pero tenemos que gestionar la transición justa, en la cual el Gobierno ha estado trabajando, y los riesgos al impacto en el valor de activos de medidas de mitigación del cambio climático.

Chile se encuentra en el proceso de incorporar estas variables en el diseño de políticas públicas, como la Mesa de Finanzas verdes impulsada por el Ministerio de Hacienda, con la motivación de que el Estado y las instituciones financieras consideren la dimensión climática en la toma de decisiones, cumpliendo así su función en la sociedad de asignar capital de manera eficiente y facilitar la transición hacia una economía sostenible.

Las condiciones ambientales están cambiando rápido y los tiempos para actuar se están terminando. La actividad financiera tendrá que adaptarse con urgencia, liderando el camino a un mundo más sostenible después de la grave crisis que estamos viviendo y la que aún no ve la luz con certidumbre.