Corría la segunda quincena del mes de noviembre del año 2013 y la EPV se felicitaba por el acuerdo con el último de los sindicatos de la Caleta Sudamericana, cuyos casi 500 pescadores artesanales serían indemnizados y relocalizados ante la pronta puesta en marcha del nuevo concesionario del Terminal Dos.

Así, con la firma del gerente general Harald Jaeger y del presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes del Muelle de la Sudamericana (Sitimus), Marco Antonio Salinas, se daba por cerrado el conflicto con los trabajadores, agrupados en la mencionada asociación, además de Apeval, Sipelanch, Sipsa y De Ribera.

La solución contemplaba compensaciones, planes de apoyo y relocalización (compromisos todos cumplidos por la estatal portuaria) y, prometido por el Gobierno, un sitio de atraque propio, la famosa caleta, en un plazo de ocho años que ni Piñera ni Bachelet, ni nuevamente Piñera cumplirían.

Durante años fue un conflicto latente del cual nadie se hizo cargo. Ante la inminencia de la finalización del contrato de arriendo en El Manzano, Quintero, el pasado 2 de agosto, 273 pescadores se manifestaron en la EPV, asesorados por Enrique Kittsteiner, exjefe de gabinete del intendente Raúl Celis y condenado por fraude al Fisco, cuya pena fue prescrita tras darse a la fuga y permanecer en la clandestinidad durante cinco años.

Entonces comenzaron las demandas por nuevas indemnizaciones (desde los más de $30 mil millones a los $7 mil millones de ayer). De esta manera, y de forma más que anunciada, este miércoles navegaron hasta el Muelle Prat, en las cercanías del sitio que ocupaban hasta fines de aquel hoy lejano 2013, y procedieron a dar un ultimátum al Gobierno, el cual volvió a ser desoído por el delegado presidencial Jorge Martínez y la subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo.

Como no era difícil de prever, los manifestantes levantaron barricadas en la avenida Errázuriz y provocaron incidentes dentro del sitio 1 de TPS, intentaron largar las espías de un carguero, agredieron a los marinos y los atacaron con bencina, pintura y acelerantes, lo que derivó en un duro enfrentamiento con la policía marítima, que utilizó balines de goma para evitar daños mayores en el sitio de atraque. Es decir, se expuso gratuitamente a la Armada a un conflicto con pescadores que pudo traerle nefastas consecuencias a los uniformados, las cuales -como ya sabemos todos- de producirse, finalmente quedarán a la deriva sin abogados, apoyo político, ni perro que les ladre.

La violencia portuaria solo trae más descrédito a Valparaíso, su imagen ciudad, el comercio exterior y los ya cada vez más lejanos cruceros turísticos de antaño. Solo falta que se vayan los buques.

Como corolario, ante tamaña incapacidad política por parte de Martínez y Gallardo, asomó el gobernador regional Rodrigo Mundaca, quien llamó a parar la represión y facilitó una mesa de trabajo. Ayer los pescadores concurrieron a la Municipalidad de Valparaíso para reunirse con Jorge Sharp, uno que no dejó pasar la oportunidad. En resumidas cuentas, y como ocurrió con el violento y dilatado conflicto de los eventuales en diciembre de 2018 y la devastación del Puerto para el estallido social durante octubre y noviembre de 2019, el Gobierno optó por botar Valparaíso. Una vez más.

Nuestro país nos entrega una de las experiencias más interesantes en materia de inflación en Latinoamérica. Si revisamos las últimas seis décadas, Chile ha experimentado casi todos los fenómenos relacionados con la inflación: inflación persistente en la década de los 60 y principios de los 70, inflación extremadamente alta entre los años 1973 hasta 1975, e inflación baja y contenida desde inicios de los 90.

La estabilización inflacionaria se inicia con la autonomía del Banco Central y el uso de metas explícitas de inflación bajo el principio de gradualidad. Junto con una política fiscal conservadora y un fuerte crecimiento, permitieron una significativa apreciación real del peso. Como consecuencia, la inflación se redujo en diez años desde casi 26% en 1990 a cifras en torno al 3% para el año 2000, las que se han mantenido hasta el año 2019. En tanto, para el 2021 se proyecta en torno a 5,7%.

Se han estudiado los determinantes y los efectos nocivos de una inflación alta en la economía y uno de los costos más importantes de una inflación alta es la incertidumbre que afecta negativamente a los agentes económicos.

En estudios avanzados se ha recurrido a dos metodologías. Una de ellas ha buscado alguna medida directa y explícita de las expectativas inflacionarias. Para esto se realizan encuestas a los principales operadores o asesores económicos acerca de sus expectativas de evolución futura de los precios. Sin embargo, este tipo de estudios solamente se puede realizar en países donde existen encuestas como la de Lyvingston Survey, del Banco de la Reserva Federal del Estado de Philadelphia. Una segunda manera de aproximarse al tema de la incertidumbre inflacionaria es estimar una proxy de ella a partir de la varianza de los errores de pronóstico que genera algún modelo econométrico de la inflación. Estos errores son los cambios impredecibles que tiene la tasa de inflación y son la manifestación empírica de la incertidumbre inflacionaria. Una mayor varianza o dispersión de estos errores mostraría un mayor nivel de incertidumbre.

En efecto, la variabilidad y el nivel de la inflación están positivamente correlacionados. En este sentido, cuando existe una inflación que los agentes económicos no son capaces de predecir, se producen efectos adversos en el manejo de las economías, trayendo nefastas consecuencias.

Las economías que toman buenas decisiones en política monetaria y el manejo de la inflación son las que garantizan el equilibrio de sus sistemas financieros y productivos, así como también bienestar social.