Quizás tiene menos glamur que la elección de Presidente y diputados, pero la definición del nuevo Consejo Regional (Core) fue uno de los momentos vitales de la extensa jornada electoral vivida el domingo.

Los nuevos equilibrios políticos del órgano que se encarga de definir el destino de proyectos de alta envergadura, delinear el marco regulatorio urbano y establecer alianzas estratégicas de alcance regional con otras instituciones del Estado, muestra un avance sustancial de consejeros alineados con el pacto Apruebo Dignidad -Frente Amplio más el Partido Comunista- y revela la irrupción del Partido Republicano, así como el retroceso de fuerzas más tradicionales, como la UDI, en línea con lo que vivió ese partido a nivel más general. Los nuevos rostros que llegarán al edificio de Melgarejo en marzo del próximo año son Laura Acosta (UDI), Carlos Vegas (independiente RD) y John Byrne (Republicanos), por la zona Valparaíso Norte; José Manuel Lanas (CS) e Iván Soto (Republicanos), por Valparaíso Sur; Eduardo León (PPD) por San Felipe, Paola Zamorano (RN) por San Antonio, Severina De Sánchez (PC) por Petorca; Sebastián Farfán (CS), Sebastián Balbontín (RD) y Marcos Tricallotis (Republicanos) por Marga Marga, y Pedro Fati (independiente Evópoli) por Rapa Nui.

Con el pasar de los meses y ya una vez instalados en sus cargos, se irán delineando los liderazgos en el seno del Core, aunque el peso electoral de los 18.832 votos que obtuvo Nataly Campusano (CS), los 21.179 ganados por Cristián Mella (PDC) y los 21.996 recibidos por Manuel Millones esbozan un conjunto inicial de eventuales articuladores de acuerdos. Por lo pronto, ya hay ciertos movimientos en curso, como la incorporación formal de los cores del Partido Republicano a la bancada del oficialismo, a propuesta del consejero Percy Marín. Los recién llegados de distintos sectores ya plantearon en este Diario algunas de sus ideas: transparencia, desarrollo sustentable, preocupación por la seguridad pública y la crisis hídrica asoman como temas prioritarios en una región que presenta serios problemas y deficiencias en todos ellos. El equilibrio de fuerzas obligará a la negociación y los consensos. El gobernador regional, Rodrigo Mundaca (independiente, pero con respaldo de RD), ve con buenos ojos la incorporación de nuevos rostros, capaces de añadir lógicas frescas a la discusión presupuestaria regional y sabe que no cuenta con una mayoría decisiva que le permita llevar adelante la aprobación de grandes proyectos o acuerdos sin discusión previa con otras fuerzas. Por tanto, el nuevo Consejo Regional que se instale en marzo pondrá a prueba la capacidad del gobernador para esquivar las trincheras políticas y abrir un diálogo amplio, alejado de retóricas polarizantes, un desafío mayor para los polarizados tiempos que corren.

El problema del cambio climático, y en particular la escasez hídrica, ha copado la agenda de varios medios, foros y seminarios, incluso ha sido tema de debates entre las próximas autoridades. La sequía pasó de ser una emergencia puntual a una condición estructural, planteando grandes desafíos no solo para la agricultura, sino también para las distintas actividades que se desarrollan en las ciudades y en el mundo rural.

Este nuevo escenario exige un cambio de mirada de todo el sector público, las empresas, las familias y las personas; cambios que requerirán de más adaptación, capacidad de innovar y mayor conciencia sobre el uso de este bien tan escaso como es el agua, y tan vital no solo para beber, sino también para alimentar, porque sí, el agua es alimento. Sin ella en nuestros campos no tendremos alimentos en nuestras mesas y por eso uno de los mayores retos que tenemos por delante es equilibrar sus usos, asegurando su disponibilidad para los hogares, las labores productivas y los ecosistemas.

Por esto, desde el Ministerio de Agricultura, y en el marco del Plan Sequía del Gobierno, hemos declarado emergencia agrícola en 226 comunas de 9 regiones (más de dos tercios del total de comunas del país y gran parte del territorio nacional) e impulsado un plan de emergencia por más de $ 30 mil millones para 2021, mientras que en 2022 dispondremos de cerca de $ 155 mil millones solo para riego. Lo anterior se suma a una serie de iniciativas interministeriales y de colaboración entre actores del mundo público, privado, de la sociedad civil y la academia para enfrentar este futuro que está cada vez más en el presente, con acciones de largo plazo en torno a una nueva institucionalidad, gestión de cuencas, protección de humedales y glaciares, infraestructura hídrica, fortalecimiento de organizaciones de usuarios, desalación y fomento a la investigación, entre otras.

Este 24 de noviembre se votarán en el Congreso Nacional las indicaciones de la nueva Ley de Riego que hemos propuesto para asegurar la alimentación de los chilenos y chilenas en los próximos años, un proyecto que escuchando a los territorios se ha adaptado para los nuevos tiempos, posibilitando el acceso de pequeños y medianos agricultores a riego tecnificado, construcción y mejoramiento de obras; excluyendo del subsidio a grandes empresas; incorporando objetivos ambientales y estableciendo la posibilidad de hacer concursos especiales ante emergencias. Hago un llamado a los parlamentarios de las distintas regiones a apoyar esta ley y seguir siendo parte de la solución por el bien de la ruralidad y la seguridad alimentaria del país.