Pamela Boltei

La Contraloría Regional de Valparaíso evaluó las reconsideraciones de los Servicios de Salud Viña del Mar-Quillota y de Valparaíso-San Antonio respecto a cuatro residencias sanitarias de la zona que tenían problemas e inconsistencias en pagos y descartó la mayoría de los puntos, insistiendo en la realización de sumarios administrativos.

En concreto, el órgano contralor se refirió a la solicitud de reconsideración de las observaciones que hizo a contratos de las residencias Hotel Queen Royal, en Viña del Mar; Hotel Puerto Mayor, en San Antonio; Hotel Riu Tai, en El Quisco; y Hotel Enjoy, en San Antonio, en los informes números 644, 609 y 570.

El SSVQ pidió reevaluar la primera conclusión del informe 644, que habla de la emisión de facturas, en el caso del Hotel Queen Royal A por unos $174 millones que fueron pagadas dos veces, por lo que la información fue remitida a la Fiscalía Regional y se inició un proceso sumarial destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

En este caso, pide que se deje sin efecto la instrucción de un procedimiento sumarial "toda vez que no resulta posible contrastar el cumplimiento de los deberes funcionarios asociados a la gestión de un contrato cuando se atraviesa por una circunstancia de excepcionalidad como es la pandemia generada por el covid-19, la cual ha sometido a los equipos de trabajo a una sobreexigencia nunca antes vivida, la que podría aumentar al verse obligados a defenderse en un sumario".

Añaden que el servicio les planteó que "las residencias sanitarias se encuentran inmersas en una política de salud pública, actuando los servicios de salud fuera de su giro ordinario asistencial, motivo por el cual los principios de eficiencia y eficacia que deben regir a la administración en circunstancias normales, no pueden servir de criterio para medir las acciones extraordinarias desplegadas para la implementación de cada una de las distintas estrategias destinadas a dar cumplimiento cabal al principio de servicialidad y articulación en red".

Sumarios se mantienen

Sin embargo, la Contraloría estimó que el servicio debe continuar con la tramitación de las acciones judiciales y "adoptar toda otra acción administrativa tendiente a resarcir el perjuicio patrimonial", mencionando que lo mismo deberá hacerse respecto a la contratación, habilitación y utilización del Hotel Queen Royal A como residencia sanitaria en relación a $30 millones y fracción por concepto de habitaciones destinadas a staff, áreas limpias y sucias de enfermería sin que estuvieran incluidos en el contrato, además de más de $3 millones por diferencia entre pacientes que pernoctaron y los datos proporcionados por el servicio.

Por lo anterior, insistió en la ejecución del procedimiento sumarial "para determinar la participación y responsabilidad consiguiente de los funcionarios involucrados".

En el caso del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) son tres las residencias con observaciones de la Contraloría, e incluso en algunos casos se derivaron antecedentes también a la Fiscalía para su investigación.

En el Hotel Puerto Mayor el ente solicitó iniciar un sumario administrativo, pues detectó que no hubo contrato para habilitar el hotel como residencia sanitaria. También se comprobó que no existió contrato por adquisición de servicios a la empresa "Inversiones Turismo Transportes El Tabo Inmobiliaria y Constructora Ltda." ni para el retiro de residuos a "Procesos Sanitarios SPA", siendo ambos tratos por montos superiores a mil UTC. Adicionalmente, se observó que el convenio incluyó el pago de más de $6 millones por habitaciones que no fueron utilizadas.

Y pese a que se hizo público el parentesco con el entonces subsecretario de Obras Públicas Cristóbal Leturia con los dueños de la propiedad de la residencia sanitaria de San Antonio, la investigación de la Contraloría no confirmó relaciones familiares de interés entre los miembros de la empresa y el personal del servicio de salud o la intervención de éste en la contratación.

En tanto, en el caso del hotel Riu Tai, de El Quisco, la Contraloría dijo que el servicio pagó en exceso $4.4 millones y que el mismo año canceló un monto menor al que correspondía por la suma de $682 mil en base a facturas emitidas por la empresa Turismo EIRL, toda vez que el número de hospedados que ese servicio informó a la Contraloría Regional difiere de lo que ese ente de salud pagó en ambos documentos tributarios, por lo que el servicio deberá tramitar "a la brevedad el proceso sumarial que ordenó iniciar". También se advirtió que tres tratos directos, a través de los cuales se adquirió los servicios de RS y retiro de REs a las empresas Turismo EIRL y Procesos Sanitarios SPA, ambos equivalentes a montos mayores a mil UTC, carecen de un contrato y del acto administrativo que los apruebe.

"potestad de contralor"

Sobre estas tres residencias, el servicio presentó reconsideración también respecto a la instrucción de sumarios administrativos, lo que fue desestimado por la Contraloría. "Es potestad del Contralor General o de cualquier otro funcionario de este organismo especialmente facultado por aquel, el ordenar si estima necesario la instrucción de sumarios administrativos, aun cuando la autoridad respectiva haya dispuesto la realización de uno y se encuentre en curso" y pide que los resultados de los sumarios realizados por el servicio sean remitidos al fiscal de la Contraloría Regional en un plazo de 10 días desde la recepción del oficio.

Se consultó a ambos servicios por estos informes y el SSVQ no respondió, mientras que el SSVSA solo dijo que "El SSVSA no comenta dictámenes y/o resoluciones de Contraloría. Como institución acatamos y cumplimos lo instruido por el organismo contralor".

"(El Servicio debe) adoptar toda otra acción administrativa tendiente a resarcir el perjuicio patrimonial".

Informe de Contraloría que responde reconsideración

"El SSVSA no comenta dictámenes y/o resoluciones de Contraloría. Como institución acatamos y cumplimos lo instruido".

Respuesta de Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio

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Por un monto de $59 millones, menor al disponible presupuestado ($70 millones), la empresa que ganó el concurso público y que será propuesta por la Municipalidad de Viña del Mar para hacer la primera auditoría forense a las finanzas de la casa consistorial y la Cormuviña en el Concejo Municipal de hoy para su aprobación será "Centro de Profesionales para el Desarrollo de la gestión e innovación SPA".

En la comisión del martes los ediles revisaron la propuesta y se manifestaron de acuerdo. Alejandro Aguilera, concejal CS y presidente de la Comisión de Finanzas, afirmó que "las bases administrativas recogieron las consultas y observaciones que el Concejo ha dado a lo largo de todo el tiempo que llevamos como concejales, para darles mayor flexibilidad para permitir que mayores grupos de interés postulen. Se va a llevar a cabo en 210 días. Van a haber avances trimestrales. Las dudas sobre imparcialidad de estas decisiones van a ser informadas mañana (hoy) en Concejo".

Jorge Martínez (UDI) comentó que "me parece que cumple con todos los estándares de una muy buena licitación pública. Se presentaron 4 empresas de las cuales 3 cumplían con los requisitos", aunque cuestionó que la contraparte de la auditoría sea la administración municipal. "Nos parecería que mejor fuese el Departamento de Control".