Trabajadores públicos a honorarios deberán ser pasados a contrata
DICTAMEN. Contraloría ordena que quienes lleven más de dos años emitiendo boletas se acojan al nuevo régimen.
La Contraloría General de la República emitió un dictamen que obliga a los órganos de administración estatal a terminar con el régimen de trabajadores a honorarios tal como ha funcionado desde hace años, obligando a pasarlos a contrata si llevan dos o más años emitiendo boletas, medida que en la región, según cálculos estimativos de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), beneficiaría a más de 20 mil funcionarios, considerando solo a aquellos que prestan servicios a entes gubernamentales, a los que habría que sumar los trabajadores municipales y aquellos de la educación superior estatal.
El dictamen, firmado por el contralor nacional, Jorge Bermúdez, señala que "dichas contrataciones constituyen una figura precaria, puesto que, a pesar de ser esencialmente transitorias, en la mayoría de los casos terminan por extenderse en el tiempo de manera tal que la persona contratada a honorarios se torna en un servidor permanente, pero sujeto a un régimen jurídico normalmente más desventajoso que el resto de quienes se desempeñan en el pertinente organismo, cumpliendo habitualmente idénticas funciones".
Agrega que "mientras respecto del sector privado se ha entendido que el Código del Trabajo soluciona los casos de quienes nominalmente son contratados a honorarios, pero en el hecho reúnen las condiciones de trabajadores, haciendo prevalecer la realidad de la relación laboral, no ha existido en la Administración del Estado una protección similar".
Gasto en indemnizaciones
Por otra parte, el dictamen hace notar que "al término de la vinculación contractual, los servidores a honorarios han encontrado una significativa protección en los tribunales de justicia, los que regularmente reconocen en esa prestación de servicios las características propias de una relación de trabajo, disponiendo el pago de indemnizaciones, cotizaciones y demás recargos legales, por lo que, ese aparente menor gasto inicial en su contratación, se traduce en el pago de elevados montos en sede judicial, afectando de esta forma, el patrimonio público".
Frente a ello, agrega el contralor, "se ha estimado indispensable observar el principio de primacía de la realidad que ha sido recogido por el Poder Judicial", y ordena que se aplique a todas las contrataciones nuevas, mientras que a quienes se les renovó el contrato a honorarios para 2022, se mantendrán así solo por este año, dado el cálculo presupuestario ya efectuado, pero a partir del 1 de enero de 2023 deberán pasar a contrata todos quienes tengan dos años o más bajo el régimen de honorarios.
El dictamen finaliza señalando que "si la autoridad estima que las labores de esos servidores a honorarios no son necesarias para la Administración, deberá dictar un acto administrativo exento explicando los motivos de la no designación a contrata, con el mismo estándar exigido para la fundamentación de la no renovación de los funcionarios a contrata que poseen confianza legítima".
Anef y cut lo valoran
Al respecto, la secretaria general de la ANEF Región de Valparaíso, Mabel Zúñiga, planteó que "me parece tremendamente importante que se termine con esa condición precaria e injusta con la que se ha mantenido por años a los trabajadores a honorarios, estando comprobada la subordinación y la dependencia. Me parece que es un avance y valoramos que se pueda terminar con esa precariedad, ya que hay quienes llevan décadas en condición de trabajadores a honorarios".
No obstante, advirtió que se debe mejorar la carrera funcionaria, puesto que "en realidad la condición de contrata no asegura estabilidad y derechos, ya que se les contrata cada 1 de enero y a fin de año se revisa si van a tener continuidad al año siguiente, entonces también es una condición que genera mucha angustia e inestabilidad, sobre todo en procesos de cambio de autoridades, lo que ha sido un tema que hemos discutido y exigido por décadas".
Por su parte, el vicepresidente provincial Valparaíso de la CUT, Renato Rivera, destacó que "era lo que hemos peleado desde hace años en el sector público. No es todo lo que necesitamos, pero sin duda, no debiera haber honorarios en la función pública, sobre todo en funciones críticas, menos en salud, ya que es el personal mínimo que se requiere para el funcionamiento normal de los recintos asistenciales. Y los municipios son como una industria de los honorarios".
2 años como máximo se permite el régimen de boletas de honorarios. Luego deben ser contratados.
20.000 serían, al menos, los trabajadores de la administración central que en la región pasarían a contrata.