Caso Correa, más allá del juicio al crimen
El Poder Judicial postergó para fines de febrero el proceso contra los cuatro responsables del asesinato del empresario Alejandro Correa. "A dos años del crimen persisten en toda la zona los problemas base del horrendo caso: la proliferación de loteos irregulares y de asociaciones ilícitas vinculadas a la especulación por la falta de vivienda de miles de familias".
Aunque entendible por las restricciones que impone la cuarentena en que se encuentran dos de los cuatro acusados, la nueva postergación del juicio contra los responsables del homicidio del empresario conconino Alejandro Correa se siente como un sabor amargo, quizás porque las expectativas puestas en la definición de justicia para un caso que conmocionó a la comunidad local y entregó luces de cuán cercano se encontraban fenómenos delictuales como el sicariato, reúnen preocupaciones de larga data.
La espera ha sido demasiado extensa, casi dos años. La mañana del lunes 18 de mayo de 2020, el ingeniero Alejandro Correa recibió tres disparos cuando salía de su casa, ubicada en calle Los Pellines, de Concón. Murió pocas horas después, en el Hospital Naval. Aunque desde el inicio hubo sospechas de que el ataque tenía vinculación con la disputa por un terreno de Correa en Quilpué, sólo una larga investigación liderada por el Ministerio Público pudo revelar las relaciones del crimen con el negocio de los loteos brujos, las venta de terrenos irregulares y las asociaciones ilícitas que giran en torno a la falta de vivienda, un drama que sufren miles de familias. Todos esos factores hacen del homicidio del ingeniero un caso que traspasa los límites de la crónica policial y los procedimientos criminales. Revela, aunque algunas autoridades parecen no darse por enteradas, cómo los problemas no resueltos asociados a las tomas, la especulación en torno a terrenos eriazos y la falta de control sobre los predios que el Estado ha dejado para su abandono, gatillan efectos que no respetan límites geográficos ni escrúpulos morales. El juicio partía ayer, pero fue reagendado para el 28 de febrero, porque hasta el 27 estarán en cuarentena Víctor Gutiérrez Londoño, acusado por el homicidio y para quien el Ministerio Público pidió 38 años de presidio, y su pareja, Melissa Palma, imputada como cómplice, delito por el cual podría enfrentar una sanción de 15 años de cárcel. Los otros dos acusados son Renato López - habría mandado a matar a Alejandro Correa- y Claudio Riveros, el conductor que llevó a Gutiérrez hasta la casa de la víctima.
De ahí que llama la atención la entereza mostrada por Valentina Correa, hija del empresario, durante estos años de tramitación y refriega legal. En entrevista con este Diario, Correa expone una idea que tiene profundas implicancias, porque le entrega al Poder Judicial la responsabilidad por frenar el crimen organizado que se percibe tras el crimen del empresario conconino, pero también en casos como las continuas balaceras en distintas comunas y el abastecimiento sin fin que alimenta al comercio ambulante. "Acá el Poder Judicial tiene una oportunidad tremenda para decir que no hay oportunidad para el crimen organizado y que nuestras policías están preparadas para este tipo de investigaciones", dijo Valentina Correa. Porque, si no son ellos, entonces ¿quién?