¿Existe un ataque coordinado contra la Convención Constitucional como se concluye en un trabajo realizado por integrantes de un proyecto interdisciplinario dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso?

Interrogante tras la conclusión a que llega el grupo de Demoscopía Electrónica del Espacio Público de esa casa de estudios superiores. Establecen esos analistas que desde agosto del año pasado la Convención estaría bajo ataque centrado en la entonces presidenta del organismo Elisa Loncon.

Pedro Santander, director del proyecto, afirma que "la Convención está bajo un ataque digital permanente, sostenido e intenso". Sostiene que 11.030 usuarios de redes sociales participan en una campaña de violencia digital contra la Convención y acusa que "son todos de ultraderecha". Está de acuerdo con esas afirmaciones Jaime Bassa, quien fuera vicepresidente secundando a Elisa Loncon. Sostuvo que la Convención no estaba suficientemente preparada para "enfrentar el asedio comunicacional".

Felipe Harboe, por su parte, comparte la idea de grupos orquestados que falsean la información, pero, con mirada política reconoce que hubo "al interior del proceso constituyente errores políticos graves, como maximalismos, irresponsabilidades y revanchismos infantiles que generan una sensación de incertidumbre incluso de descrédito".

Agustín Squella, convencional del Colectivo Apruebo recuerda que "son muy pocas las personas que toleran bien las críticas y eso pasa también entre los convencionales" y agrega que lo peor "es poner oídos sordos a la crítica".

Por su parte Raúl Celis, convencional de RN no cree en un ataque "concertado de la extrema derecha que, en el estudio, tampoco queda claro quiénes la componen". Tiene razón, ¿cómo se establece que esos supuestos 11.030 usuarios son de extrema derecha?

Terminante sobre el tema es el RN Ruggero Cozzi al afirmar que "la Convención se ha desprestigiado solita".

La verdad es que el tema no es comunicacional, que se informe sobre tal o cual propuesta descabellada o se den por aprobadas materias que solo están en etapa de comisión. La cuestión es política y la Convención es un órgano esencialmente político, y en esa condición está expuesta a la crítica, como lo está el Parlamento y el Poder Ejecutivo a partir del propio Presidente de la República. Y si en redes sociales y en los medios abiertos en general hay crítica, justa o injusta, lo peor es la sordera y la incapacidad de separar la paja del trigo.

En este proceso, con sus luces y sombras, hay un escrutinio público, inevitable y necesario como ha sido siempre en todo proceso político. Eso lo entienden algunos, como Harboe y Squella, pero no la generalidad, que no debe victimizarse ni olvidar aquello que "la política es sin llorar", especialmente ahora que el debate arreciará.

El 11 de enero del presente año, el Registro Civil anunciaba que ya se encontraban disponibles, en su página web, los formularios para realizar la inscripción de primogénitos con el orden de los apellidos consensuado entre progenitores, así como las horas para realizar el cambio en el orden de los apellidos, para mayores de 18 años.

Dos días después, el ministro de Justicia y Derechos Humanos informaba la apertura de 14 mil nuevas horas para mayores de edad, durante los meses de febrero y marzo, tras coparse, en menos de 24 horas, las 7 mil reservas dispuestas para enero.

Nuestra legislación está cambiando, haciendo grandes avances en materia de equidad e igualdad entre hombres y mujeres, impulsando iniciativas que son respuestas acertadas frente a un cambio cultural manifiesto que evidencia la transformación y evolución de nuestra sociedad.

La Ley N°21.334, sobre la determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres, da la posibilidad, a padre y madre, de definir en conjunto el primer apellido del primer hijo o hija -que establecerá el orden de los posteriores-, ya sea basados en creencias, convicciones o tradiciones, motivados por la intención de homenajear o de hacer prevalecer una generación, para establecer nuevas costumbres, o atendiendo a cualquier razón que los progenitores consideren como válida, reconociendo que tanto el legado paterno como materno son significativos, y que la autodeterminación identitaria de cada familia es un derecho al que nuestra sociedad ya tiene acceso.

Además, esta nueva ley contempla que, cumplida la mayoría de edad, hijos e hijas pueden optar -por una vez en sus vidas- de forma ágil y gratuita, a invertir el orden de sus apellidos, ya sea por respeto a sus madres o abuelos maternos, y a la dedicación y el cuidado que, en ausencia de la figura paterna, recibieron durante su infancia y adolescencia, o, simplemente, porque el legado obtenido por línea materna ha dejado una huella más profunda en sus vidas.

Motivos para alterar el orden acostumbrado de los apellidos podremos encontrar muchos, pero lo cierto es que la formulación de esta ley por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recoge, una vez más y de forma muy certera, el sentir de la ciudadanía, democratizando un trámite al que, anteriormente, sólo podían acceder quienes tenían recursos económicos para cubrir los costos de la judicialización del proceso.

Ciertamente, estamos cerrando un periodo innegablemente fértil en materia legislativa, en el que, además de la citada ley, empujamos otras muy sentidas, como el cambio de sexo registral, el registro de deudores de pensiones de alimentos, o la tobillera electrónica en casos de VIF, demostrando nuestro compromiso institucional con la justicia y los derechos, así como con la igualdad y la equidad