Redacción

Después de que el Presidente Gabriel Boric expresara su molestia por ver en una actividad ecuménica el sábado al cardenal Ricardo Ezzati "y a gente que actuó como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes", vino la respuesta del arzobispo emérito de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, quien también asistió a la oratoria en la Catedral.

Errázuriz aseguró al diario La Segunda que "a la lista de los invitados tiene acceso el Gobierno. Por eso mismo, siempre han participado en esa oración numerosos cristianos; entre ellos, obispos en ejercicio y obispos eméritos; también responsables de otras agrupaciones religiosas".

"Es claro que nuestro Presidente, Gabriel Boric, no está enterado de lo que hizo el cardenal Ricardo Ezzati y de lo que hice yo mismo, luchando contra los abusos de poder y sexuales en Chile", agregó.

Francisco Javier Errázuriz fue enfático en señalar que "hasta los Presidentes de la República se pueden equivocar. Las palabras de nuestro Presidente, molesto por nuestra presencia en el acto, son posteriores al acto mismo y no me ofenden. Nacen de un desconocimiento de su parte de una larga tradición".

Bolivia y rey de españa

Ayer también hubo respuestas para el Jefe de Estado desde Bolivia. Primero fueron exfuncionarios y políticos de ese país los que señalaron que para retomar las relaciones diplomáticas con Chile, como ofreció Boric el lunes, es necesaria una "agenda bilateral" que incluya la demanda marítima; y más tarde el canciller altiplánico, Rogerio Mayta, remarcó que estas aspiraciones son irrenunciables.

"Nuestro relacionamiento bilateral debe basarse en los principios del diálogo y confianza mutua, y en ese marco, se tienen que separar las cosas", dijo Mayta e indicó que "un tema importante para nosotros como bolivianos y bolivianas es la reivindicación marítima, que está plasmada en la Constitución Política del Estado como una máxima aspiración, eso es irrenunciable".

De todas formas, valoró el acercamiento que propuso el Presidente Boric, pero que debe ser "sin condiciones, buscando soluciones creativas y constructivas en temas sensibles y de interés para ambos países".

En tanto, en el programa "Las Caras de la Moneda", el Presidente Boric dijo que "me pareció inaceptable que se atrasara la ceremonia de investidura porque el Rey de España llegara tarde". Fuentes oficiales españolas citadas por Emol señalaron que su delegación "siguió en todo momento las indicaciones del protocolo y seguridad chilena".

Esta semana ha habido dos incidentes que relacionan al Presidente Boric con la Iglesia Católica. Y ambos anidan la semilla de un problema mayor, uno de esos que el Presidente debiera esmerarse en corregir.

El primero consistió en la manera de justificar su molestia porque en la oración por Chile realizada en la Catedral se encontraran los cardenales Ezzati y Errázuriz. La razón que el Presidente dio es que esas personas, dijo, eran encubridores de abusos sexuales contra niños.

El problema en este caso no es la molestia (del todo legítima), sino la razón que dio para tenerla.

Por supuesto, hay miles de razones para quejarse del comportamiento de esos cardenales en su forma de conducir la Iglesia -una concepción más o menos aristocratizante difícil de conciliar con la idea del pueblo de Dios, por ejemplo-, pero no parece correcto señalarlos como encubridores, puesto que esta indica una participación en un delito que no ha sido probada y respecto de la cual ni siquiera existe formalización por parte del Ministerio Público. Cuando se hizo presente al Presidente Boric esta última circunstancia, su explicación fue aún peor. Sí, dijo, no han sido condenados, pero tampoco han sido sobreseídos. Es difícil imaginar una torsión mayor de los principios del Estado de derecho que esa consistente en argüir que como alguien ha sido querellado y no sobreseído, entonces puede tratársele como si fuera culpable. El principio es el inverso: ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme (artículo 4 del Código Procesal Penal).

Ese es un error severo del Presidente en el que no debe, de nuevo, incurrir. Es comprensible que las víctimas se refieran así, o de forma peor, a quienes ellos creen contribuyeron a acrecentar el daño que padecieron, también es habitual e inevitable que en las redes sociales se califique de esa forma o de cualquier otra a quienes, a juicio de quienes se entretienen en ellas, no parecieron estar a la altura de sus deberes; pero no es comprensible que el Presidente de la República sindique como partícipes de un delito a estos o a otros ciudadanos no mediando razón alguna que, bajo el derecho vigente, autorice a hacerlo.

Hay cosas que un Presidente no debe hacer. Y entre ellas se cuenta esa.

El segundo incidente fue el relativo al cura Berríos. Se le convidó a formar parte de un comité, e incluso a presidirlo, y más tarde se desconoció toda invitación arguyendo que se trataba de un grupo externo que ni siquiera había acabado de formarse ¿La razón de ese obvio maltrato? La participación que le habría cabido a Berríos en el manto de silencio o de supuesta connivencia que la Compañía de Jesús mantuvo frente a los delitos del cura Poblete. En este caso, a diferencia del anterior, no se ha imputado conducta delictual alguna, pero se ha cancelado a Berríos al parecer como consecuencia del revuelo que su nombramiento provocó en Twitter.

De nuevo es explicable, e inevitable, que los ciudadanos de a pie (especialmente si son apresurados, faltos de argumentos o se dejan inflamar por las ilusión del poder de los ciento cuarenta caracteres) cancelen a las personas cuyo comportamiento u opiniones no les satisfaga y decidan, entonces, condenarlos a esa forma de muerte civil que es el silencio y la invisibilidad virtual; pero lo que no es comprensible es que un Gobierno se comporte de esa manera maltratando a alguien como consecuencia de una avalancha de mensajes en las redes. Lo correcto es que explicite -si las hubiere- razones independientes de las redes para retirar la invitación indudable que cursaron a Berríos.

Y esas razones no se han hecho explícitas.

Aunque a las redes eso no parece importarles. El peligro es que al Gobierno, remunerado con aplausos por estas reacciones apresuradas, tampoco le importe.

Ya lo había anunciado el diputado independiente René Alinco junto a otros parlamentarios, pero ayer se hizo oficial la presentación de un proyecto de reforma constitucional para un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Pese a la negativa del Gobierno de Gabriel Boric a apoyarlo, pues plantea buscar otras alternativas para responder a las necesidades de las familias, de todas formas se hizo el anuncio con legisladores de distintas colaciones. Se trata de los diputados independientes de la bancada del PPD, Cristian Tapia y Marta González; los DC Miguel Ángel Calisto, Felipe Carreño y Héctor Barría; Jaime Araya (Ind.-PPD), Jorge Durán (RN) y Pamela Jiles (PH), quien fue la autora de varios proyectos presentados antes. La iniciativa apunta a modificar la Constitución para facultar a los afiliados de las AFP, los pensionados bajo modalidad de renta vitalicia, exonerados políticos y familiares de detenidos desaparecidos a retirar el 10% o la totalidad del dinero de sus cuentas de capitalización individual.