Dudas y críticas de todos los sectores generó el anuncio del Gobierno de dar urgencia a indulto
POLÍTICA. El senador Francisco Chahuán (RN) precisó que la polémica iniciativa atenta contra el Estado de derecho.
Ni en la centroizquierda ni en la derecha cayó muy bien que el Gobierno otorgara suma urgencia al proyecto de ley que pretende amnistiar a algunos de los presos del estallido social, a petición de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD) y Fabiola Campillai (Ind.). Aun así, como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, defendió la urgencia, dando a entender que, a raíz de algunas modificaciones producidas en el informe de enero de la Comisión de Constitución, la propuesta hoy día es mucho "más acotada, más transversal, e incluso podría generar un mayor consenso".
Como uno de los caudillos de la iniciativa, el senador Latorre se sumó a las palabras del ministro Jackson, asegurando que las modificaciones que sufrió la propuesta inicial, intentaron hacerse cargo de algunas de las críticas que recibió el proyecto durante su tramitación en general.
Básicamente, dijo el senador, los cambios que se aprobaron en la instancia de enero tienen que ver con "acotar el catálogo de delitos, excluyéndose los más graves y, también, los que atentan contra las personas". "Estamos hablando, más bien, de delitos relacionados a desordenes públicos", agregó.
El otro cambio sustancial del proyecto fue que pasó de un indulto a una amnistía y eso, según Latorre, "fue parte del consenso al que llegó la comisión, por medio de una idea presentada por el senador Francisco Huenchumilla". Una amnistía, explicó, significa que, de ser aprobado, el proyecto beneficiará no solo a aquellas personas que se encuentren condenadas, sino también a las procesadas o que estén bajo medidas cautelares como la prisión preventiva.
Contó, además, que con el nuevo informe, "muchos senadores de centro y centroizquierda que votaron a favor de la idea de legislar, pero que en particular tenían algunos reparos, vieron que la nueva votación ajustaba el proyecto".
En enero y luego del trabajo de la comisión, Latorre estaba convencido de que el proyecto pasaría de forma inmediata a votarse en sala antes del receso legislativo; sin embargo, "no dio el tiempo ni tampoco hubo la voluntad política necesaria". Ahora que el Gobierno fijó sus primeras urgencias y bajo su petición y la de la senadora Campillai, Latorre estima que "se generaron las condiciones para que el proyecto se ponga en tabla y se discuta en el Senado".
Críticas del ps
Criticando la actitud del Gobierno, la bancada de senadores socialistas publicó un comunicado planteando que "así no se hacen las cosas, no basta con ponerle urgencia a un proyecto, más aún si esa decisión no es conversada con las distintas bancadas".
Bajo el argumento de que las bancadas de la derecha rechazaron esta moción en todas las comisiones donde se discutió, los senadores socialistas reclamaron que el Gobierno, antes de ponerle urgencia a la propuesta, pudo haberla complementado con alguna fórmula. En ese sentido, deslizaron la idea de una reparación a las pymes afectadas por actos de violencia, ocurridos durante las manifestaciones del estallido social.
"Aquí hay responsabilidades compartidas y el Ejecutivo no puede eludirlas. Todos debemos contribuir a la paz social, tanto Gobierno como oposición", expusieron desde la bancada.
Si bien fue una de las primeras impulsoras de la iniciativa, la senadora del Partido Socialista por la Región de Valparaíso, Isabel Allende, se sumó a las críticas de su bancada y le sugirió al Gobierno "impulsar proyectos con convicción, pero también habiendo hecho el trabajo prelegislativo que, ojalá, asegure su aprobación". Agregó que "es prerrogativa del Gobierno fijar las urgencias, pero consensuadas con las bancadas oficialistas, para así evitar el bloqueo por parte de la actual oposición". De ahí que la senadora advirtiera que si se rechaza el proyecto, "no podrá reingresar en el plazo de un año".
Sobre la posibilidad de que la propuesta vuelva a discutirse, para incluir algún tipo de mención a los comercios afectados por las manifestaciones, el senador Juan Ignacio Latorre respondió "que son cosas distintas. No corresponde, bajo su mirada, que el proyecto contemple, al mismo tiempo, una reparación a las pymes". "Eso va por carriles separados", insistió.
Además, recordó que el ministro de Economía, Nicolás Grau, "está preparando una batería de medidas administrativas de apoyo, considerando un catastro de pymes afectadas en distintos centros urbanos, entre ellos Valparaíso".
Alcance del proyecto
En entrevista con Radio Duna, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) aseguró que se sabía "que este tema se pondría en tabla en algún minuto, así que ahora lo importante es ver el contenido". "Quiero ver qué indicaciones va a presentar el Ejecutivo para tener claridad sobre el alcance del proyecto", añadió.
"Se dice que no se va a amnistiar los delitos graves", sostuvo el legislador, aun cuando cree necesario "saber quiénes van a ser los beneficiados, qué va a pasar con aquellos que habían sido sancionados por delitos previamente, así como acelerar los juicios en casos que se han extendido en demasía".
Rn en contra del indulto
Por su parte, desde la oposición, Francisco Chahuán indicó que están "completamente en contra de la urgencia que se le otorgó al proyecto de indulto, porque atenta contra el Estado de derecho". A su juicio, "aquellas personas que incurrieron en ilícitos, que destruyeron la propiedad pública y privada, deben someterse a la justicia".
Por su parte, su compañero de bancada, el senador Kenneth Pugh, manifestó que "la medida anunciada deja anclado al actual Gobierno en categoría de administrador ejecutivo, lejos de identificarse con las virtudes de los verdaderos estadistas".
A Pugh no le parece correcto que la "primera prioridad del Gobierno sea liberar a quienes quemaron y saquearon, cuadrándose con delincuentes y dejando a las víctimas de lado".
Un argumento similar planteó el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, a quien le llama la atención que para el Presidente Boric sea prioridad dejar libres a personas investigadas por la comisión de delitos gravísimos, sin darle ninguna explicación al país".
"No corresponde que el proyecto contemple, al mismo tiempo, una reparación a las pymes, (…) eso va por carriles separados".
Juan Ignacio Latorre, Senador RD
"Es prerrogativa del Gobierno fijar las urgencias, pero consensuadas con las bancadas oficialistas".
Isabel Allende, Senadora PS
"Las personas que destruyeron la propiedad pública y privada, deben someterse a la justicia".
Francisco Chahuán, Senador RN
"Para el Presidente es prioridad dejar libres a personas investigadas por delitos gravísimos, sin darle explicación al país".
Luis Fernando Sánchez, Diputado del P. Republicano
7 de octubre de 2019 al 9 de diciembre de 2020 es el periodo que contempla el beneficio de la amnistía.