La elección de presidencias y vicepresidencias en las 19 comisiones que funcionan al interior del Consejo Regional (Core) se transformó en la primera medición de fuerzas entre las distintas coaliciones políticas presentes en el estamento y en una aproximación sobre el peso específico que tiene la voz del gobernador regional, Rodrigo Mundaca, en la conformación y trabajo del principal órgano de planificación y asignación de recursos para las 38 comunas de la zona.

El acuerdo que finalmente fue aprobado por el pleno y contó con la firma de los jefes de bancada Iván Reyes (RN), Roy Crichton (DC), Manuel Millones (UDI-Partido Republicano), Eduardo León (PPD), Tania Valenzuela (Apruebo Dignidad) y Elizabeth Arévalo (Evópoli), propuso en la distribución de comisiones un equilibrio de 5 presidencias para Apruebo Dignidad, conglomerado que es seguido en cuanto a número por RN (4), DC (3), PPD (2), Partido Republicano (2), UDI (2) y Evópoli 1. Al contrario de las pretensiones de Mundaca, que prefería verlas encabezadas por consejeros de su pacto, dos comisiones clave quedaron en manos de otros pactos: Inversiones, Presupuesto y Patrimonio Regional será encabezada por el consejero Percy Marín (RN), secundado por Roy Crichton (DC), y Medio Ambiente, Patrimonio Natural y Cambio Climático será liderada por el core Eduardo León (PPD), acompañado en la vicepresidencia por Marco Tricallotis (Partido Republicano).

Aunque el resultado provocó cierta desazón en el gobernador regional, porque significa que pierde un poco el control de la agenda de temas que disponen ambas comisiones -quizás las más cercanas a los temas que considera emblemáticos-, muestra que el juego de pesos y contrapesos del Consejo Regional tiene un balance propio, que se aleja de la dominación arrasadora que lograron los partidos del Frente Amplio y afines en la elección municipal del Gran Valparaíso o en los cupos de diputados recién asumidos.

Con todo, hay un par de interrogantes que se aprecian sobre el horizonte del Consejo Regional. Una tiene relación con el trabajo de la Convención Constitucional, que se ha empeñado en rediseñar las fórmulas de administración política al punto de proponer la eliminación del Core, en un movimiento que puede afectar las certezas y compromisos asumidos por los consejeros, cuya labor incluye escuchar las necesidades de sus territorios y negociar soluciones de corto, mediano y, con frecuencia, largo plazo. Lo segundo es que en la sesión del lunes el gobernador Mundaca no votó a favor de un informe técnico elaborado para un proyecto que se encuentra en tramitación ambiental, pese a que la iniciativa cumple con todos los requisitos, planteando la interrogante de cómo zanjará Mundaca las disyuntivas que enfrente una vez que asuma la presidencia de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental. No es buena señal ni para las comunidades ni para los inversionistas cuando el criterio político domina con tal arbitrariedad sobre los argumentos técnicos.

La presencia en Chile de la llamada Convención de Venecia y su informe acerca del trabajo de la Convención Constitucional y del futuro plebiscito de salida, ha reabierto -y con fuerza- el debate acerca de la conveniencia de introducir en dicho plebiscito una tercera pregunta, o bien abrir una "tercera opción" para el caso que la mayoría del electorado se incline por rechazar el texto que la Convención proponga y así, se ha dicho, evitar el statu quo que de ello se derivaría o ver frustradas las expectativas de quienes en su momento mayoritariamente se manifestaron por la opción de dictar una nueva Constitución.

Al respecto, estimo que ya es demasiado tarde para alcanzar un acuerdo que modifique los términos del plebiscito de salida, como también que ello produciría una enorme confusión entre los votantes y una torpe dispersión de los votos de quienes, ya crecientemente, por variadas y bien fundadas razones, están tomado la decisión de rechazar el texto que en partes fundamentales se encuentra ya aprobado en la Convención.

Es también necesario precisar que nuestra actual Constitución, resolviendo este tema, señala en el inciso final del artículo 142 que "si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la actual Constitución". Es este el punto que "incomoda" a varios partidos políticos y, probablemente, a muchos electores y les dificulta inclinarse por la opción "Rechazo", aun entendiendo que el texto constitucional que la Convención somete a su consideración les resulta inaceptable. Por tanto, vengo en proponer la siguiente modificación al citado artículo 142: "Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, se iniciará un nuevo proceso constituyente radicado en el actual Congreso Nacional. El texto aprobado en cada una de las Cámaras por los 3/5 de sus miembros en ejercicio y ratificado por el mismo quorum en sesión del Congreso Pleno se remitirá al Presidente de la República, quien lo someterá a referéndum ratificatorio".

Estimo que esta modificación es adecuada, puesto que no desnaturaliza el plebiscito de salida y ofrece a la ciudadanía la posibilidad de manifestarse clara y directamente acerca del texto que se proponga. No quedará lugar a dudas. Por otra parte, se abre una nueva instancia institucional radicada en el Congreso Nacional, órgano que legítimamente ejerce la potestad constitucional derivada y que estoy seguro sí podrá ofrecernos un texto que podamos considerar la "casa de todos".

Es aún momento oportuno para un amplio acuerdo político que permita tramitar en el Congreso la reforma constitucional del inciso final del artículo 142 en los términos propuestos. Algo me dice que abierta esta "tercera opción" quedarán satisfechos moros y cristianos, a excepción, claro está, de los sectores de la izquierda radicalizada que aspiran a demoler y refundar Chile.