Luego de un fracaso completo del primer informe de la Comisión de Sistema Político y ante la urgencia de generar uno de reemplazo en dos semanas, distintos colectivos de la Convención lograron un acuerdo en torno al modelo político que adoptará nuestro país si la nueva Constitución es aprobada. Hay sectores de la derecha que, comparándolo con el primero, ven este informe mucho "más coherente y menos malo", proyectando que en el pleno aprobarán más de algún artículo.

Fueron representantes del conjunto de la izquierda, desde el Partido Socialista al Partido Comunista, quienes dieron vida al que podría llegar ser el nuevo sistema parlamentario, construido en base a un bicameralismo asimétrico compuesto por un Congreso de Diputadas y Diputados junto a una Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado. Además, quedó atrás el triunvirato, con las figuras de vicepresidente y ministro de gobierno, como control del poder Ejecutivo.

Si bien algunos convencionales ligados a la centroderecha, como Cristián Monckeberg y Hernán Larraín, participaron de algunas instancias del proceso de diálogo, Raúl Celis (RN), representante del Distrito 7, insistió en que este fue un acuerdo de las izquierdas en el que se generó una "propuesta que no es satisfactoria". A su juicio, se olvida "de generar los contrapesos necesarios que deben existir en un sistema democrático, en especial por la escasa relevancia que tendrá la Cámara de las regiones, como reemplazo del Senado".

Futuro modelo político

Si participaron de las reuniones, pero no del acuerdo, fue porque, para Celis, "tiene mucho más sentido intentar incorporar algunas ideas, que quejarse sistemáticamente sin haber participado del diálogo". El convencional de RN cree que en política "hay que ser realistas y la verdad es que la derecha no tiene los votos suficientes como para influir demasiado en materia de sistema político".

Sobre el futuro modelo parlamentario, ve que "la Cámara de las regiones es mucho más simbólica que el actual Senado y con una preocupación más regional que nacional, lo que afecta a una mirada más de largo plazo". En cuanto a la duración de ambas cámaras, Celis insistió en su idea de que "no será más que un jugarse el cara y sello, cada cuatro años, la estabilidad política del país".

Sobre el modelo de Poder Ejecutivo, valoró que la nueva propuesta termine con el triunvirato presidencial, integrado por el presidente, vicepresidente y el ministro de Gobierno, lo que hará a este informe de reemplazo "más coherente y menos malo que el primero".

Aspectos complejos

Hay dos aspectos que al convencional de la DC y miembro de la Comisión de Sistema Político, Fuad Chahin, le parecen preocupantes del acuerdo. El primero de ellos es que la Cámara de las Regiones "será decorativa, dado que las materias de su competencia serán, "básicamente, político-administrativas, pero nada que sea verdaderamente importante para la gente de las regiones".

Chahin echará de menos una segunda cámara que influya, verdaderamente, "en temas como la salud, la educación, la vivienda, el transporte público o la seguridad social".

"La Cámara de las regiones será demasiado débil en comparación al Congreso", subrayó.

Además, al convencional DC le preocupa la eliminación como "Ley de concurrencia necesaria del Presidente de la República, a aquellas que crean servicios públicos". Es complejo, sostuvo, "que los diputados dispongan la creación de servicios públicos sin la firma del Presidente".

Clima de preocupación

Para el senador Kenneth Pugh (Ind.-RN), la propuesta de una Cámara de las Regiones "no responde a un bicameralismo reformado o mejorado, sino a un unicameralismo encubierto, con una representación regional simbólica y dependiente casi por completo de las Asambleas Regionales".

Al legislador le preocupa que gran parte de las funciones que la Constitución actual le entrega al Senado se traspasen a la Cámara Baja. Entre ellas, mencionó "la autorización para que el Presidente se ausente del país por más de 30 días, la rehabilitación de ciudadanía, conocer contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia, por ejemplo".

Por su parte, el presidente regional de la UDI, Osvaldo Urrutia, cree que será una "Cámara sin mayor poder de revisión de mejoras. "Se está consagrando- bajo su mirada- una reforma con un sistema político que será ultra ideologizado y que no tendrá contrapesos".

Convencional madriaga

Como integrante de Pueblo Constituyente, pero también de la Comisión de Sistema Político, la convencional Tania Madriaga defendió como un "gran logro el bicameralismo asimétrico". Valoró que la nueva Constitución consagre "el hecho de que no habrá dos cámaras con atribuciones similares ni la posibilidad de dilatar la tramitación de leyes como ocurre hoy".

Madriaga destacó la importancia de instalar la Cámara de las Regiones, pues "asegurará el trabajo en favor de la descentralización". En concreto, lo plantea como un "órgano de representación regional, que tendrá el mismo número de representantes por cada región y que posee menos atribuciones que el Senado actual, en cuanto a los temas que aborda".

De la posibilidad de éxito de las propuestas acordadas, está segura que "existen amplias probabilidades de que se aprueben en el pleno". "Esta es una propuesta a la que concurrieron la mayoría de los colectivos a partir del ejercicio de las conversación y redacción de normas para proponer a la comisión y al pleno", recalcó.

"Hay que ser realistas: la derecha no tiene los votos suficientes como para influir demasiado en materia de sistema político".

Raúl Celis, Convencional RN

"No habrá dos cámaras con atribuciones similares ni la posibilidad de dilatar la tramitación de leyes como ocurre hoy".

Tania Madriaga, Pueblo Constituyente

"Me preocupa que gran parte de las funciones del Senado se traspasen a la Cámara Baja".

Kenneth Pugh, Senador Ind.-RN

Por 13 votos a favor y 6 rechazos, la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención aprobó la eliminación de la figura del fiscal nacional, cuyo reemplazo le corresponderá a un órgano de tipo colegiado y plural. Si bien hubo varias voces favorables a esa medida, principalmente, por transparentar y democratizar las decisiones, para el académico de la PUCV y doctor en derecho, Raúl Núñez, se trata de un paso equivocado, que no apunta al problema central de la justicia en nuestro país.

- Se plantea que muchos de los problemas de la justicia chilena se solucionarán con esta propuesta. ¿Lo comparte?

- El sistema procesal penal chileno atraviesa una crisis que va mucho más allá de la figura del fiscal nacional y que lo lleva a ser un sistema poco eficiente económicamente y poco eficaz en la persecución. Hay, primero, una necesidad de reformar las policías para que sean más eficaces en sus investigaciones; en segundo lugar, el Código Procesal Penal se quedó en el pasado en cuanto a las nuevas técnicas de investigación; luego, recién, aparecen los problemas del Ministerio Público, con su opacidad en los nombramientos y su poca eficiencia en la persecución, que son temas que hay que cambiar.

- ¿Pero al menos es parte de la solución?

- Está lejos de ser una solución, ya que no apunta al problema fundamental, que tiene que ver con el control público de labor del fiscal nacional, más que, incluso, las críticas políticas que se le pueden dirigir al actuar del Ministerio Público. Todo esto tiene que ver con las críticas de parte de la ciudadanía y los medios hacia las decisiones que se han tomado.

- Precisamente, los defensores de esta propuesta hablan de un mayor y mejor control democrático.

- Un órgano colegiado disminuirá la posibilidad de control político. Si la Convención quiere que la sociedad tenga más control sobre los actos del Ministerio Público, la solución no es reemplazar al fiscal nacional por un órgano colegiado. Algo así eliminará todo tipo de control político que pueda hacerse sobre el fiscal nacional, ya que sus acciones se diluirán en un consejo. Y cuando eso pase, ¿a quién vas a acusar?

- ¿Qué opciones permiten controlar al fiscal nacional sin pasar por su eliminación?

- Varias. Entre ellas está, por ejemplo, que el fiscal nacional se escoja a través de elecciones populares. También aparece la idea de incrementar e intensificar los controles políticos hacia su figura, haciendo más fácil una acusación en su contra. Esa es la base del problema que tiene el Ministerio Público, su control, que no pasa por la creación de un órgano colegiado. Esa no es la solución a la crisis del sistema procesal penal.

- Pero un consejo podría darle mayor legitimidad a las medidas que tome el Ministerio Público.

- La principal función del fiscal nacional tiene que ver con la gestión, que debe ser rápida, eficiente y eficaz. Está claro que un Consejo Superior se va a burocratizar. Puede que sus soluciones sean más plausibles y razonables, pero, a la vez, serán lentas, por lo que se perdería velocidad en temas donde lo primordial es la gestión. Pero también porque el fiscal nacional es finalmente el articulador de la política criminal del Estado y su conducción por un órgano colegiado podría complejizar la adopción de una política criminal coherente del Estado.

"Un órgano colegiado entregará soluciones más plausibles y razonables, pero a la vez serán lentas, perdiéndose velocidad en temas donde lo primordial es la gestión".