Katherine Escalona M.

En una etapa clave se encuentra la causa por notable abandono de deberes contra el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, acción que presentó casi la mayoría del Concejo Municipal anterior, a excepción de la concejala reelecta Zuliana Araya. El requerimiento busca la destitución del cargo del jefe comunal porteño por una presunta falta administrativa.

En la causa, que está vigente en el Tribunal Electoral Regional (TER) y donde se establecen 34 puntos de pruebas con diferentes acusaciones por parte de los concejales recurrentes, se da a conocer que terminó el proceso de la prueba testimonial (concluido el 1 de abril). El 5 de abril, el abogado representante de los ediles, Rodrigo Flores, presentó un total de 40 documentos que validarían los puntos de la acusación.

Respecto a la etapa en que se encuentra la causa, el exconcejal Marcelo Barraza (DC) -quien fue parte de los seis primeros ediles que presentaron la denuncia- precisó que "se ha terminado la etapa de los testimonios personales y documentales y nos acercamos al final del juicio por notable abandono. La parte de Sharp hizo pronunciarse a una serie de jefaturas que él mismo nominó a los cargos para justificar lo injustificable".

Asimismo, este Diario consultó a los recurridos y se informó que no habrá declaración por parte de la defensa del alcalde Jorge Sharp, a quien se le inquirió sobre el término de la etapa de pruebas testimoniales y la presentación de la documentación por parte de Flores. Además, se consultó si el abogado del alcalde presentará o no nuevos antecedentes.

Pruebas de la causa

El 15 de marzo comenzó la prueba testimonial en la causa, según consta en la carpeta del TER, y en la primera acta de audiencia testimonial quedó establecido que 13 personas fueron citadas, de las cuales solo seis fueron testigos de los concejales.

Entre los testigos de los ediles estuvieron la arquitecta y miembro del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de Valparaíso, Paz Undurraga; el exmiembro del directorio de la Cormuval, Gianni Rivera Foo; el dirigente vecinal Boris Kúleba Valdés; y el exdirector de la Escuela República de Uruguay de Valparaíso, Juan Cerda Silva, entre otros, quienes respondieron y dieron sus antecedentes respecto a las pruebas de la acusación por notable abandono de deberes.

Lo mismo hicieron 44 personas que fueron los testigos que presentó la defensa del alcalde en la causa. En su mayoría funcionarios municipales y directores de diversos departamentos. En la última acta testimonial del 1 de abril se informó que fueron testigos del alcalde la exadministradora municipal y actual encargada de Administración y Finanzas, Cecilia Ugalde; el director de Asesoría Jurídica, Nicolás Guzmán Mora.

Ugalde se refirió a tres punto donde dio a conocer que no era efectivo lo señalado y desmintió el punto N°22 referente a la efectividad de que se han realizado contrataciones de personal por sobre topes máximos legales del Estatuto Administrativo.

De la misma forma, Guzmán respondió a 12 puntos de los 34 presentes en la acusación. Reconoció efectividad en el punto 25 que se refiere a la contratación de la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial bajo trato directo por 9 meses, dado la pandemia, y también confirmó que sí hubo irregularidades en el proceso de destitución del administrador municipal.

Referente a ese punto, aseveró que: "Sí, es efectivo, el Concejo Municipal de la época cometió múltiples y diversas irregularidades en el proceso de remoción del señor administrador Claudio Opazo".

"Se ha terminado la etapa de los testimonios personales y documentales y nos acercamos al final del juicio".

Marcelo Barraza

Exconcejal (DC) y denunciante

Larga ha sido la lucha que ha dado la familia para recuperar el terreno del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado por encargo el 18 de mayo de 2020, en Concón, a manos de un sicario, causa que está a la espera de la sentencia para el próximo lunes 18 de abril. Ahora podría tener un giro en torno al terreno en disputa, puesto que la seremi Minvu ratificó que para paralizar las obras de construcción de casas en el loteo irregular del predio, la familia debe tener una resolución judicial que ordene el desalojo de más de 300 familias.

La información de la tramitación fue confirmada tras conocerse un documento en donde la Seremi Minvu responde al director de Obras Municipales de Quilpué, quien requirió la resolución exenta que ordena la paralización de obras en dicho lugar. En respuesta a la DOM, la Seremi Minvu informó que "dicha resolución no ha sido notificada, por decisión de autoridad, atendido que, para su ejecución, deben concurrir una serie de requisitos que hagan factible la materialización de la medida".

Y aclararon que "el acto administrativo requerido será notificado oportunamente", sin dar alguna fecha exacta a la situación que ha estado en espera por años. Sin embargo, consultada por el caso, la seremi Minvu aclaró que: "La Resolución Urbanística no ha sido notificada a la espera de que los propietarios del inmueble obtengan la resolución judicial que ordene la desocupación del terreno por las familias que lo habitan".

En tanto, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, reconoció que desde el municipio existe toda la disponibilidad para entregar información y resolución al caso, y precisó que "la anterior seremi Minvu mandató al Serviu a realizar la demolición de las edificaciones" y mandató "la paralización de toda obra en el lugar".

Pero tras las consultas del municipio, la respuesta fue que "seremos requeridos si fuese necesario" y recordó que, en el lugar, el único desalojo que hay decretado fue el de Luis Alarcón, imputado por usurpación. Pese a esto, dijo Melipillán, "hemos estado en contacto con la recién nombrada seremi para abordar este tema que es de alta prioridad, ya que entendemos que se trata de un caso excepcional que no se puede trabajar bajo la misma perspectiva con la que se abordan otras tomas ilegales".

"Hemos estado en contacto con la recién nombrada seremi para abordar este tema que es de alta prioridad".

Valeria Melipillán, Alcaldesa de Quilpué

Un rápido operativo policial se desplegó ayer a las afueras del instituto Duoc UC de Valparaíso, luego que el establecimiento de educación técnico-profesional denunciara a Carabineros el posible porte de un arma de fuego por parte de un alumno al interior del recinto, ubicado en la intersección de la Av. Brasil con Rodríguez.

La compleja situación se registró cerca de las 11.00 horas, momento en el cual la dirección del instituto recibió información de este hecho, por lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad correspondiente.

"En el día de hoy (ayer), a raíz de una denuncia de posible porte de armas al interior de la sede, se activaron los protocolos de seguridad de nuestra institución, dando aviso de inmediato a las autoridades de Carabineros, quienes procedieron a (realizar) un operativo especial con el fin de resguardar la seguridad de nuestra comunidad", se informó desde la dirección del Duoc UC de Valparaíso.

El estudiante, identificado con las iniciales E.F.I.P.,de 20 años, fue seguido y fiscalizado a las afueras del instituto, constándose que portaba al interior de su mochila una pistola a balines de plástico. Además, presenta detenciones por microtráfico y robo de vehículo motorizado.

Hasta el cierre de esta edición se desconocían los motivos por el cual el estudiante mantenía esta arma de fantasía al interior del instituto. "Ante los hechos de violencia y seguridad ciudadana que han afectado en las últimas semanas a diversas instituciones de educación, como Duoc UC condenamos todos los hechos que atenten contra la seguridad y tranquilidad de todos los miembros de nuestra comunidad, razón por la cual estudiaremos todas las medidas legales y disciplinarias que impliquen este tipo de situaciones", informó la dirección del instituto.