Comercio acusa al municipio de fiscalización arbitraria de locales
VIÑA DEL MAR. Dirigente y diputado critican mano dura con las terrazas en San Martín, pero blanda con los ambulantes. Exigen mayor diálogo y comprensión.
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El artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que una de las responsabilidades de un municipio es "la promoción del desarrollo comunitario", y los 70 locatarios comerciales organizados en la Asociación Gastronómica y Cultural del Barrio Poniente, uno de los focos gastronómicos y turísticos de Viña del Mar, así lo entienden. Comprenden que hacerse cargo de la situación en los cerros es urgente y merece ser atendida, pero no comprenden la actitud del municipio con ellos.
"Estamos decepcionados", dice Javier Álvarez, dueño del A Mano, Gin & Burger. Sobre todo, porque "lo que más creíamos de esta municipalidad es que iba a haber un diálogo constante entre los gremios y las personas con la municipalidad para poder solucionar los problemas de la ciudad. Pero hasta el día de hoy no hemos podido tener una reunión con (la alcaldesa Macarena) Ripamonti".
Álvarez, quien además preside la Asociación, fue testigo de la inversión de hasta 4 millones de pesos que hicieron algunos locatarios para adaptar las veredas rotas frente a sus comercios a terrazas donde poder atender clientes durante la pandemia. Vio como instalaron nuevas luminarias y barreras de seguridad para limitar la delincuencia.
Sin embargo, con la reapertura de la ciudad, Álvarez afirma haber visto a los mismos locales recibir hasta tres multas semanales de 5 UTM de forma arbitraria de parte de los fiscalizadores municipales. Desde diciembre del año pasado, 349 locales fueron fiscalizados, de los que 89 no cumplían con la normativa de estructuras e instalaciones de terrazas y resultaron multados. El colmo, apuntan los comerciantes, es que esto también ocurrió el sábado, en pleno fin de semana largo, cuando el esfuerzo estaba puesto en recuperar las pérdidas de la pandemia, y en avenida San Martín, el punto neurálgico del desarrollo turístico viñamarino.
Otros problemas
Pero no es el único problema que enfrentan. De lunes a viernes, los locatarios deben pagar a una sociedad anónima para que retiren la basura, siendo sus días de más trabajo los fines de semana.
La basura acumulada debe resguardarse al interior de los locales. Algunos poseen unidades refrigeradas donde pueden conservarla, con costos de hasta 5 millones de pesos, los demás arriesgan multas de la seremi de Salud.
"Tenemos que aceptar que Cosemar no nos retire la basura", comenta Javier Álvarez. "No hay un control sobre los cuidadores de autos, tenemos la ciudad rota. Es súper injusto para los locatarios que tuvieron que aguantar la pandemia, que hicieron un compromiso con sus trabajadores para no despedirlos. La mayoría aguantó sus equipos de trabajo", relata.
"Estamos endeudados hasta la médula para poder pagar esas cotizaciones que no pudimos pagar durante muchos meses, pagar impuestos atrasados, para que más encima, esté la municipalidad, que debería ayudarnos a salir adelante, hundiéndonos", manifiesta Álvarez con agotamiento.
En especial porque, desde su perspectiva, la municipalidad pone sus esfuerzos en la regularización del comercio ambulante, y en la desregularización local. "Nosotros encontramos que es incongruente, que no tiene sentido. Hay locatarios que están siendo empujados a trabajar en la informalidad. Te conviene vender los productos desde tu casa, sin pagar arriendo, sin resolución sanitaria", indica Álvarez.
Aspecto en el que concuerda el diputado Andrés Celis (RN), quien dice que el municipio "al ambulante sin permiso, al que se toma un terreno incluso en un área medioambiental protegida lo cataloga como víctima de este sistema, pero sin dar ninguna solución de avance para ninguno de los casos".
Apoyo pARLAMENTARIO
El diputado del Distrito 7 emplazó vía twitter a la jefa comunal el sábado en la noche por el tema de las fiscalizaciones. En conversación con este Diario, opina que la distancia entre la alcaldía y el gremio de comerciantes se debe a una "cuestión ideológica", una noción de que "todo aquello instalado en el 'plan de Viña del Mar' no requiere ayuda y menos apoyo, que son personas con recursos, y que incluso 'abusan' del sistema".
El diputado considera que un indicador de esta conducta reside en los recortes que ha sufrido el sector en los servicios de aseo; y agrega que el mutismo que ha caracterizado esta relación del municipio, limita su perspectiva de acción.
"No se dan cuenta o no perciben, porque no dialogan, que en su mayoría (los locatarios) son gente joven, emprendedora, que paga arriendo, imposiciones, luz, agua, sueldo, seguridad, gas, aseo, créditos, etc", comenta.
Celis no es el único que se la ha jugado porque los locatarios. Otro parlamentarios del distrito se han reunido con el gremio, han visto las terrazas y han escuchado sus problemas, entre ellos los diputados Hotuiti Teao (Indp. Evolución Política), Luis Sánchez (PR), Tomás Lagomarsino (Indp. PR), Tomás de Rementería (Inp. PS) y el senador Ricardo Lagos Weber (PPD). "Ese grupo está en completo conocimiento de los problemas que tenemos", alega Javier Álvarez.
"Te creo tuviéramos una postura política, pero finalmente nosotros somos un movimiento apolítico. Somos tan variados que no podemos. Las únicas cosas que se me ocurren son dos: que el municipio esté muy ocupado con los problemas de los cerros de Viña, que nosotros lo entendemos, lo comprendemos; y lo otro es que tengan una mala idea de que nosotros tengamos una idea política, pero no tendría sentido". "Si es la opción uno", agrega Álvarez, "nosotros solo pedimos no retroceder" y encontrar un punto de diálogo.
"Estamos decepcionados, lo que más creíamos de esta municipalidad es que iba a haber un diálogo constante".
Javier Álvarez, Pdte. de la Asociación Gastronómica y Cultural Barrio Poniente
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