la distribución de la red pública, en los modos de atención para poder centrarlos en las necesidades de los pacientes; hay muchas medidas que se tendrán que adoptar si deseamos que este sistema de salud universal, público e integrado funcione de buena forma".

Integración de los prestadores

Entre las propuestas rechazadas y que están en reformulación para llegar nuevamente al pleno figura que los seguros privados en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado y que los prestadores privados integrados al sistema nacional de salud no podrán perseguir fines de lucro.

Sobre este punto la exministra Helia Molina sostiene que "los prestadores privados que entreguen servicios al Estado pueden cobrar, pero no como negocio, aunque sí en sus acciones netamente privadas pueden tener fines de lucro" y agrega que "los países con mejores indicadores de salud y con más satisfacción de los usuarios tienen sistemas únicos y solidarios; allí se acaba el tener que vender tu casa para tratarte un cáncer con el sistema de isapres".

Ignacio de la Torre expone que una de las bases del modelo propuesto "es la integración de los prestadores de salud -quienes entregan las atenciones-, y Chile tiene una red de prestadores privados y de Fuerzas Armadas que desarrollan una labor muy importante para la resolución de muchas patologías de cientos de miles de pacientes. Por lo mismo, sigue siendo una necesidad que esta integración continúe existiendo, obedeciendo reglas públicas, pero a través de prestadores privados y también de aquellos centros de salud vinculados a las FF.AA.".

El dirigente profesional piensa que en el corto plazo no es factible ni viable prescindir de los prestadores privados que hoy día realizan cirugías, diagnósticos, exámenes complementarios o tratamientos que el sistema público no tiene dotación ni recursos para entregar. Pero si el sistema universal planteado, "al contar con mayores recursos y con una buena gestión de los mismos, modernizando sus procesos, es capaz de reducir las brechas de infraestructura, recurso humano, equipamiento e insumos, vale decir, es capaz de ampliar su oferta de atención oportuna y de calidad a los pacientes, cada vez serán menos quienes requieran acceder a un sistema de salud complementario".

Roles público y privado

"Pensar que un sistema de salud universal va a ser capaz de entregar todas y cada una de las prestaciones podría ser un objetivo, pero muy difícil de alcanzar. Por supuesto que siempre va a haber un espacio, sobre todo en aquellas prestaciones de mayor costo o menos prioritarias, para un seguro complementario o suplementario", acota el diputado Tomás Lagomarsino.

"Pero, por ejemplo, uno entendería que todo lo que son patologías cancerígenas, como el cáncer de páncreas, que no está el día de hoy cubierto por GES, sean previamente aseguradas mediante un sistema universal", añade el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara.

El diputado Celis aborda este aspecto desde la perspectiva de la asociación público-privada y plantea que muchos países desarrollados reconocen derechos sociales a sus ciudadanos y hacen importantes esfuerzos por garantizarlos, "pero que el ente que los brinda sea público o privado no resulta tan fundamental. Basta ver lo acontecido con la pandemia en nuestro país, en donde los prestadores públicos y privados se asociaron para su contención".

"En muchos casos los organismos privados juegan un rol similar a los públicos y en no pocos lo hacen mejor. En nuestro país, por ejemplo, un gran número de mujeres tienen sus partos en prestadores privados en salud a través del bono especial que para eso otorga Fonasa, con un sistema de gestión que administra las prestaciones e insumos y termina finalmente otorgando una buena atención a la mujer y su hijo a cambio de costos contenidos y previamente conocidos. Un beneficio para todos por donde se mire. Prohibir roles entre privados y el Estado es hoy una discusión sin sentido, que espero no se reponga en la Convención", expresa.

El tema de los plazos

Si junto con una nueva Constitución se aprueba el sistema de salud propuesto por la Convención, al igual que los incisos en reformulación en la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿en qué plazo habría que implementarlo, de modo que, entre otras cosas, no se sobrecargue a la red pública?

Ignacio de la Torre: "Va a depender mucho de la gradualidad de las leyes que se empiecen a promulgar. El marco constitucional va a determinar la necesidad de modificar normas que regulan hoy día el funcionamiento del sistema de salud chileno, pero al mismo tiempo va a ser crucial modernizar la gestión de los servicios de salud, de los hospitales y otros centros de salud de manera que puedan avanzar en una estructura acorde al nuevo escenario".

Por eso plantea necesaria una estabilidad de los cambios "para permitir que los servicios públicos de salud, al mismo tiempo que las empresas privadas como las isapres y prestadores privados como clínicas, puedan modificar sus estrategias para alinearse con su misión y visión de acuerdo al nuevo marco legal que las regule, pero va a ser crucial contar con leyes que permitan realizar esto de buena forma".

Andrés Celis: "Salud y pensiones, entre otros temas, son necesidades esenciales de las personas y cualquier paso en falso que se dé en esas materias puede significar una merma en su calidad de vida. Aquí hay que ser realistas y proyectar una reforma al sistema de salud a largo plazo, en un período no menor a 10 años para hacer las primeras evaluaciones".

Agrega que "es importante monitorear permanentemente, cómo los recursos adicionales que llegarían al Estado se utilizan bien para cubrir las deudas hospitalarias y mejorar el sistema, cómo se comportan los cotizantes y van entrando o saliendo del sistema público y en qué realidad quedan los seguros privados y sus instalaciones ya levantadas. Decirle a la población que en menos de ese plazo habrá cambios profundos y evidentes es derechamente mentirle y generar falsas expectativas".

Tomás Lagomarsino: "Si en el articulado transitorio en esta materia se obliga a implementarlo en muy poco tiempo, yo creo que puede ser bastante complejo, pero si es un plazo razonable podemos llegar a mejorar significativamente nuestro sistema de salud. Por eso di el ejemplo de Corea del Sur, que avanzó al sistema de seguro único de salud en 15 años. Yo creo que aquí tenemos que apuntar a lo mismo para ver la viabilidad de implementación de un sistema de estas características".

En coincidencia con el diputado Celis, piensa que "plantear un mínimo de 10 años es razonable, ya que aquí lo que propone la Convención Constitucional abarca también a los prestadores, de manera que yo creo que hay que ser bastante criteriosos en cuanto a los plazos, pero el espíritu de la propuesta yo la comparto". 2

Se acaba el tener que vender tu casa para tratarte un cáncer con el sistema de isapres".

Se necesitará una modernización en la red de salud, en la distribución de la red pública, en los modos de atención".

Reformar y mejorar un sistema de salud es como reparar el motor de un avión cuando está en pleno vuelo"

Hay que observar muy bien cómo será su proceso de implementación, el que debe ser gradual y responsable".

Andrés Celis Miembro Comisión Salud Cámara de Diputados

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Si la cotización del 7% para salud será captada por el sistema público y no por empresas, ¿desaparecerán las isapres?

"Tal cual las conocemos hoy, sí, pero por supuesto tienen que adaptarse a lo que establezca, de aprobarse, la nueva Constitución. También hay que ir al trasfondo, ya que muchas personas cotizan toda su vida en ellas y las isapres progresivamente les van subiendo el costo de la prima hasta que finalmente no pueden sostenerlo y tienen que cambiarse a Fonasa, porque ellas discriminan a las mujeres por tener útero, a los adultos mayores por padecer enfermedades, y a quienes no tienen recursos", plantea Tomás Lagomarsino.

Pero subraya que la implementación del nuevo modelo tendría que ser gradual, "porque plantear que de la noche a la mañana, una vez aprobada la nueva Constitución, se termine todo esto, es imposible: el sistema público no daría abasto ni tampoco Fonasa".

Andrés Celis recuerda que las isapres "atienden a cerca de un 17% de la población, entre cotizantes y cargas, y uno no podría suponer que todos ellos son personas adineradas que podrán siempre y en todo caso, además de cotizar en un sistema único, contratar un seguro privado para mantener ciertos beneficios que tenían antes".

Agrega que "lo que plantea la Convención es capturar la cotización del 7% solo por el Estado y si eso no asegura una atención al menos similar a las personas que están en un seguro privado se generará descontento en una parte importante de la población. Peor aún, si esto significa que esos pacientes requieran atención en la red pública, el problema será mayor y por lo mismo la legislación y los detalles que adecuen esta propuesta constitucional serán cruciales".

Ignacio de la Torre observa que el modelo propuesto por la Convención "en ningún caso impide, y no debiera impedirse, que quien desee tener sistemas de salud complementarios, llamados 'seguros de segundo piso', que ofrecen coberturas adicionales y protección frente a ciertas situaciones que los seguros universales pueden no contener. Esto abre nuevas oportunidades para ese tipo de aseguradoras de salud que tendrán que ofrecer productos acordes con esas necesidades en un entorno que esperamos sea más competitivo, que ofrezca mejores servicios a sus asegurados y lo haga con menores costos para ellos". 2