Redacción

Durante la jornada de ayer varios dirigentes de oposición plantearon su apertura a levantar una instancia para que se redacte una nueva Constitución en caso de que la que presentará a votación la Convención Constitucional sea rechazada por los chilenos el 4 de septiembre. Sin embargo, desde La Moneda rechazaron estas iniciativas, pues no está incluido en lo que se estableció en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y supone un escenario que no se puede adelantar.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que "el camino que ha trazado soberanamente nuestro país es un plebiscito que abre un proceso constituyente y que se cierra este año en el plebiscito".

"Ese es el camino trazado. No hay más caminos, no hay más opciones. Quien trate de generar incertezas sobre otros procesos que no existen están faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre. No hay mayor certidumbre que saber que el proceso que ha abierto la ciudadanía culmina el 4 de septiembre con el Apruebo o el Rechazo", sentenció la vocera.

Vías alternativas

Desde los tres partidos más grandes de la oposición, ayer surgieron casi al unísono planteamientos de buscar una opción de reforma constitucional en caso de que la ciudadanía opte por no aceptar el texto que tras completarse hace poco más de una semana está en periodo de afinamiento.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, planteó buscar acuerdos para asegurar un cambio constitucional en caso de que no se acepte la propuesta de la Convención: "Entendemos que la vocación democrática que se manifestó en ese plebiscito de entrada hace que el cambio constitucional en Chile no pueda terminarse en caso que la opción Rechazo triunfe el 4 de septiembre. Es muy importante dar garantía de que el proceso constituyente sigue; no se agota el 4 de septiembre".

Según Macaya hay muchas opciones para ello, una es "la posibilidad de cambiar los quórum en una futura Carta Fundamental, otra opción puede tener que ver con convocar a los expertos o con cuál va a ser el rol del Congreso en una futura Carta Fundamental".

El diputado gremialista Juan Antonio Coloma reforzó la posición de su partido al afirmar que "el Ejecutivo no puede mirar al techo y hacer como si es imposible que gane el Rechazo".

En la misma línea, el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, apuntó que "nosotros queremos que sea el propio Ejecutivo el que encabece un acuerdo nacional en caso que gane el Rechazo. Consideramos que el Rechazo no termina el proceso constituyente; es un nuevo inicio para los efectos de buscar una fórmula que nos permita garantizar las causas y particularmente priorizar las urgencias sociales, porque de eso se trata el proceso constituyente, en constituir una Constitución que sea la casa para todos".

¿Por qué oponerse?

Tras conocer todas estas propuestas, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) afirmó que no le molestaría un acuerdo que facilite reformar la actual Constitución si gana el Rechazo.

"Esperamos que este proceso sea exitoso, pero si obviamente los sectores del Rechazo quieren presentar una reforma para bajar los quorums de la reforma de la actual Constitución, ¿por qué habríamos nosotros de oponernos?", manifestó Elizalde.

Polémica ha causado la propuesta emanada desde la Contraloría para que se habilite al Presidente de la República a que pueda adecuar normativas a la nueva Constitución mediante decretos con fuerza de ley, con miras a dictar algunas leyes que el Congreso no tramite en tiempos definidos. Ayer el ex vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, estimó que "en la medida que sea una delegación y una autorización desde la Constitución al Presidente que sea delimitada, excepcional, solo para algunas materias en las cuales ya hay legislación vigente y sólo para adecuar el contenido de esa legislación a lo que diga la nueva Constitución, me parece que puede ser una alternativa razonable ".

El Presidente Gabriel Boric promulgó ayer la ley para elevar el salario mínimo en 14,3%, que contempla además un aporte mensual compensatorio del alza de precios de la canasta básica de alimentos y un aumento del subsidio para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La ley sube el salario mínimo de los 350.000 pesos actuales a 380.000 pesos desde el 1 de mayo y 400.000 desde agosto.

Si la inflación acumulada en 12 meses a diciembre de 2022 supera el 7%, la ley determina que el ingreso mínimo subirá a 410.000 pesos mensuales desde enero de 2023.

La ley contempla nuevas cifras de la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares. A contar del 1 de mayo, tendrá los siguientes valores: 15.597 pesos por carga, para los beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de 398.443 pesos; 9.571 pesos por carga, si el ingreso mensual supera los 398.443 pesos y no excede de 581.968 pesos; 3.025 pesos por carga, para ingresos sobre los 581.968 pesos y no exceda de 907.672 pesos; y si los ingresos mensuales son superiores a 907.672 pesos, no se tendrá derecho a las asignaciones.

Además la norma considera el nuevo monto del subsidio familiar, que será de 15.597 pesos a contar del 1 de mayo. Ambos beneficios aumentarán sus valores a partir del 1 de agosto, en la misma proporción que el salario mínimo.

Para atenuar el impacto que puede tener el incremento del salario mínimo, el proyecto contempla un subsidio temporal mensual a las mipymes que será de cargo fiscal.

La ley establece que este bono será de 22.000 pesos entre mayo y julio de 2022, por cada trabajador dependiente contratado que perciba el salario mínimo. Luego, se elevará a 26.000 pesos a partir de agosto y a 32.000 pesos entre enero y abril de 2023, de producirse la tercera alza del salario.

También se establece un aporte mensual destinado a compensar el alza de precios de la canasta básica de alimentos y que regirá, de manera retroactiva, desde el pasado 1 de mayo hasta el 30 de abril de 2023.

El beneficio contempla a los causantes de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar, además de los beneficiarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, tanto a los originarios en ese sistema como a aquellos que provenían del Programa Chile Solidario.