Una señal de alerta dieron varios consejeros regionales debido a la baja ejecución presupuestaria que exhibe el Gobierno Regional, encabezado por el gobernador Rodrigo Mundaca. De acuerdo a las cifras entregadas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), al 30 de abril solo se había ocupado el 10% de los $ 88 mil millones dispuestos por el Gobierno en el FNDR. Estos recursos permiten el financiamiento de los cientos de proyectos presentados por los municipios, sustentan convenios de largo alcance que el Gore firma con carteras sectoriales (Salud y Minvu, principalmente) y complementan el pago de iniciativas mayores en sus etapas iniciales, como los estudios de prefactibilidad hechos en temas de interés regional.

Según advierten los cores, este atraso tiene un efecto inmediato, porque ralentiza el ritmo de aprobación de iniciativas largamente esperadas por las 38 comunas; pero también puede tener consecuencias de mediano plazo, ya que la Dirección de Presupuestos fiscaliza permanentemente la eficiencia de los gobiernos regionales en la ejecución de los recursos que se les han entregado desde el nivel central. De no cumplir con las expectativas puestas a inicios de año, la Dipres puede decidir una rebaja en los montos para inversión a partir de octubre y tomar en consideración el problema cuando deba hacer la propuesta de recursos para el año 2023.

Existe un fenómeno de la contingencia económica nacional que agrava el escenario general en el cual se produce este atraso. La alta inflación afecta las evaluaciones financieras que hacen los oferentes al momento de postular a la ejecución de ciertos proyectos, especialmente aquellos de gran envergadura, donde los costos de material son considerables y un cambio en los precios tiene un efecto multiplicador. El core Manuel Millones hizo una dura descripción del impacto que todo esto provoca: "Cuando tenemos carteras aprobadas, estas aún no se licitan y lo más probable es que por los efectos de la inflación, que repercute en los precios, no tengamos mayores oferentes o una vez adjudicadas las obras vengan los aumentos de obra o abandono de las faenas".

A un año de ser electo y a diez meses de asumir el cargo, tanto el gobernador Mundaca como su equipo deben conocer la forma de acelerar la aprobación de carteras de inversión y revertir el lento ritmo de gasto de recursos que están disponibles para enfrentar los problemas más agudos de la Región. Sin embargo, los cores también apuntan a otro aspecto relevante del manejo del Gobierno Regional y acusan al gobernador de no contemplarlos en las visitas que realizaron a la zona los ministros de Obras Públicas, Juan Carlos García, y Vivienda, Carlos Montes. Más allá del protocolo que exige una participación equitativa en las actividades públicas, preocupa el gesto político que hace el gobernador al excluir de forma tan evidente a las mismas autoridades elegidas con las cuales debe acordar las fórmulas para hacer más eficiente al Gobierno Regional. Las urgencias que vive la zona exigen de todos -personeros oficialistas y de oposición- tener altura de miras y la predisposición de colaborar más allá de sus legítimas diferencias políticas.

Las asimetrías presupuestarias para las universidades públicas agrupadas en la Red G9 respecto del Consorcio de Universidades Estatales (CUECh) tienen su origen en partidas exclusivas en la Ley de Presupuesto de la Nación para estas últimas. Es importante aclarar su origen y magnitud para comprender el momento crítico que vive una buena parte de las instituciones de educación superior que realizan un aporte sustantivo en el desarrollo de investigación, formación y docencia a lo largo del país.

Actualmente, los aportes institucionales para las universidades G9 provienen de solo tres ítems presupuestarios: Aporte fiscal directo, Educación superior regional, Basal por desempeño Universidades y Fondo de desarrollo institucional. En contraposición, el CUECh considerada diez ítems, entre los cuales destacan el Aporte para el desarrollo de actividades de interés nacional y el Plan de fortalecimiento Universidades Estatales.

Es incomprensible que las universidades G9 con vocación y servicio público no figuren entre las destinatarias de financiamiento para el desarrollo de actividades de interés nacional. Tal como se expuso en el 2021 ante la Subsecretaría de Educación Superior y el Parlamento, el fundamento que da origen a la asignación también era realizado por dichas universidades: acciones de vinculación con el medio, como actividades culturales, patrimoniales, de intervención comunitaria, centros científicos de relevancia nacional, entre otros, iniciativas que están en el corazón de estas instituciones.

Ya en 2018, la Red G9 manifestó ante el Ministerio de Educación y las comisiones de Educación y Hacienda los efectos desastrosos que se generarían al no considerar el fortalecimiento a todas las instituciones del Consejo de Rectores, si el objetivo era mejorar la educación pública de calidad, situación que se ve aún en mayor riesgo con el cambio en el formato de la asignación del 2021, que ha implicado una caída importante en los recursos disponibles para el desarrollo de proyectos institucionales y estudiantiles.

Desde 2017, los montos contenidos en las partidas presupuestarias del CUECh -como Aporte Institucional- crecen a una mayor tasa que los fondos considerados para las universidades G9, experimentando esta una caída en términos reales para el período, lo que nos lleva hoy a una brecha de recursos de casi un 25%, sumado este contexto presupuestario a los efectos de la crisis social y sanitaria que afectó a nuestro país desde 2019.

En nuestro diálogo constante con la institucionalidad del país, hemos entregado propuestas a corto, mediano y largo plazo que, lamentablemente, no han sido consideradas. Es nuestro interés continuar aportando al diálogo y mirada amplia al sistema de educación superior, colaborando con el entendimiento de la opinión pública del quehacer y aportes de las universidades G9 al desarrollo de los territorios y el país.